UN NUEVO 'SINDICATO DEL CRIMEN'

UN NUEVO 'SINDICATO DEL CRIMEN'

JAVIER PÉREZ ROYO,

La novedad más importante del nuevo sindicato del crimen frente al de la legislatura del 93 al 96 es la incorporación de jueces y fiscales a la operación de acoso y derribo del presidente del Gobierno, con la justificación en el fondo de la ley de amnistía

En las elecciones generales de 1993, el PP presidido por José María Aznar estaba persuadido de que las ganaría y conseguiría evitar la cuarta victoria consecutiva del PSOE, dirigido por Felipe González. Fue una campaña electoral vivida con una enorme ansiedad, especialmente por parte de la derecha, que se expresó gráficamente en una pancarta que apareció en los balcones de todos los barrios ricos de las capitales de provincia con el mensaje AHORA. Había que ganar y sacar a Felipe González de la Moncloa ya. 

En el fracaso de 1993 está el origen de lo que se denominó el “sindicato del crimen”, que no era, evidentemente un sindicato formalmente constituido, sino que fue la confluencia de un número significativo de periodistas de diferentes medios de comunicación –Antonio Herrero, Pedro J. Ramírez, Luis María Anson…– con personajes procedentes del mundo de las finanzas como Mario Conde o de los servicios de inteligencia, como Juan Alberto Perote, un premio Nobel –Camilo José Cela– y otros muchos, cuyo único objetivo era hacer imposible que el PSOE pudiera volver a ganar. Fuera como fuera. Aunque ello supusiera poner en riesgo la estabilidad del Estado, como Luis María Anson acabaría confesando unos años más tarde. 

Fue la clásica operación presidida por la máxima de que “el fin justifica los medios”. Había que crear un clima en el que resultara insoportable para la sociedad española la permanencia del PSOE en el Gobierno. Es lo que se conseguiría, aunque no con la rotundidad con que esperaban, en las elecciones de 1996.    

La agresión de la que fue objeto Felipe González es similar a la agresión de la que está siendo objeto Pedro Sánchez, especialmente desde que se conocieron los resultados electorales del 23J. La convicción de la derecha española de que ganarían las elecciones en 2023 era la misma que la que tenía en 1993. Y su forma de reaccionar ante la decepción de los resultados electorales también está siendo la misma. 

Se ha vuelto a constituir en la práctica un sindicato del crimen, en el que se sigue contando con los antiguos componentes del sindicato de 1993-1996, pero corregidos y aumentados, ya que entonces no existía la prensa digital y las redes sociales, que hoy juegan un papel extraordinario en el proceso de difundir bulos y pervertir, en consecuencia, la formación de la opinión pública. 

Y al que, además, en la resaca del procés y como consecuencia del ejercicio del derecho de gracia a través de la concesión de indultos, en primer lugar, y de la aprobación posterior de una ley de amnistía, se ha movilizado de manera muy directa un número considerable de jueces, magistrados y fiscales en una operación que parece de lawfare, aunque todo el mundo sabe que el lawfare no existe en España.

Se trata en 2025 de crear un clima irrespirable para que el Gobierno no pueda cumplir la primera tarea que le atribuye la Constitución, la de “dirección política” (art. 97.1), exactamente igual que se hizo entre 1993 y 1996. Para ello se ha puesto en marcha una operación de cacería judicial que, al no poderse dirigir directamente contra el presidente del Gobierno, se está instrumentando a través de la persecución de su esposa y de su hermano, con la finalidad de minar la resistencia de Pedro Sánchez, que tiene que asistir a que sean su mujer y su hermano los que tengan que soportar el coste de su permanencia en la Moncloa.

Se trata de una persecución judicial que carece de cualquier justificación en términos penales y que, en consecuencia, no debería haber sido admitida a trámite. Pero lo ha sido y con la colaboración inestimable que tienen los jueces de instrucción en las salas de apelación de las Audiencias, que corrigen aquellas resoluciones de los jueces que no pueden evitar corregir, pero que dejan hasta el último momento abierta la puerta para que se pueda continuar con la investigación, de modo que el PP y Vox puedan continuar acusando de corrupción al presidente del Gobierno desde el Pleno del Congreso de los Diputados. Y para que el Senado, poniéndose la Constitución y su propio Reglamento por montera, apruebe mociones que carecen de cualquier valor, pero contribuyen a aumentar el ruido.

Esta es la novedad más importante del nuevo sindicato del crimen frente al de la legislatura del 93 al 96. La incorporación de jueces y fiscales a la operación de acoso y derribo del presidente del Gobierno, con la justificación en el fondo de la ley de amnistía, no la habíamos visto nunca antes. 

De la misma manera que tampoco habíamos visto nunca antes una cacería como la que se está produciendo contra el fiscal general del Estado. El artículo de José Antonio Martín Pallín, 'El juez Hurtado, en busca del secreto perdido', lo explica de manera imposible de superar. Aquí no se puede decir que el juez Hurtado está prevaricando, porque, como todo el mundo sabe, un magistrado del Tribunal Supremo español no comete jamás ese delito. Pero que la persecución judicial de la que está siendo objeto el fiscal general no tiene precedente, no se le oculta a nadie.

No creemos que, a estas alturas del guion, nadie tenga la menor duda de cuál es el objetivo final. No sabemos que nuevas triquiñuelas estarán preparándose, pero seguro que todavía nos queda por ver algunos. De manera que, atentos.