FEIJÓO EMBARRANCA
CON LAS PENSIONES
AITOR RIVEIRO
El líder del PP se ve obligado a modificar su posición sobre el
decreto ómnibus del Gobierno en menos de una semana para evitar el debate sobre
la contínua oposición de su partido desde hace lustros a las mejoras de las
prestaciones de los jubilados
El 'no' de Feijóo al primer decreto del
Gobierno retrasa el pago de miles de millones a las comunidades del PP
Para Feijóo, aquella entrevista fue
fundamental en su insuficiente victoria del 23J. El PP ganó, pero cuatro
diputados le separaron de que pudiera sumar con Vox para llegar a la Moncloa.
En Génova no perdonan la actuación de la periodista, a la que los portavoces
suelen dedicar comentarios más o menos directos y explícitos de tanto en
cuando.
Aquella entrevista llevó al primer plano
y en plena campaña una realidad muy incómoda para el PP, que siempre se ha
vendido a sí mismo como un partido que ofrece estabilidad y defiende a los
pensionistas, y para el propio Feijóo, quien presume de ser un partido con
“trazabilidad”.
Y esa realidad incómoda es que, al menos desde la crisis económica de hace ya tres lustros, el PP legisla y vota en contra de mejorar el sistema público de pensiones. Rajoy eliminó en 2013 la histórica referencia al IPC para las subidas de las pensiones, introdujo un mecanismo que, en la práctica, iba a perpetuar subidas mínimas del 0,25%, independientemente del alza de los precios. Antes de esa ley, el Ejecutivo del PP ya decretó sendas revalorizaciones por debajo del IPC. Tras aprobar la reforma, todos los años hasta la moción de censura de 2018 se resolvieron con subidas mínimas
.Junts negoció
El cálculo que hicieron en Génova ante
la primera votación del decreto fue que el Gobierno iba a ser incapaz de
retener a Junts como aliado parlamentario. Sin los votos de Carles Puigdemont,
Pedro Sánchez no tiene una mayoría suficiente para legislar. El expresidente de
la Generalitat, huido de la justicia en Bélgica, calcó el argumentario del PP y
reclamó “trocear” el decreto ómnibus en tantos decretos como fuera necesario
para aprobar cada medida de forma independiente.
En el PP lo vieron claro y afianzaron su
mensaje. Feijóo reclamó sendos decretos independientes para las pensiones, la
DANA y la subvención al transporte. Todo lo demás debía quedar fuera,
especialmente las medidas para evitar el desahucio de familias vulnerables, que
sus populares vinculaban directamente con el apoyo a la ocupación, o la
devolución de un palacete en París al PNV.
Así lo dejó escrito en su cuenta de
Twitter en un post que estuvo fijado durante días. El PP incluso abrió un plan
de firmas por internet (en la plataforma Change.org) y en las calles. Génova
movilizó a las organizaciones territoriales para que instalaran carpas y
tenderetes en las calles de pueblos y ciudades para recabar apoyos contra el
Gobierno y en favor de subir las pensiones.
La campaña web sigue activa. Este viernes, último día de
enero, algo más de 34.000 personas figuraban como firmantes de una petición que
dice, expresamente, que el decreto incluye asuntos “inaceptables, como la
subida del IVA a los alimentos básicos y a la luz, mayor protección a los
okupas o el regalo de un palacete al PNV”. “Evidentemente, el primer partido de
España no va a someterse jamás a este tipo de chantajes”, zanja el mensaje.
Pero Junts negoció. Los de Puigdemont
también enarbolaron la bandera contra los “inquiokupas” (expresión con la que
se quiere ocultar que el decreto protege a familias vulnerables que alquilan a
propietarios de 10 viviendas o más) o los impuestos, pero se contentaron con
sacar de documento otras cuestiones puramente económicas: asuntos fiscales y
casi 10.000 millones de euros de entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
El primer decreto, contra el que votó
Feijóo, las incluía. El segundo, que apoyará, no. En total, 8.036 millones congelados que deberían ir a
administraciones controladas por barones del PP y que de momento deberán
esperar.
El acuerdo del Gobierno con Junts cogió
al PP con el pie cambiado. En los primeros momentos atacaron al Ejecutivo y
defendieron que con su ‘no’ de la semana anterior habían conseguido mostrar la “debilidad” de Sánchez. Además, se anotaron como
victoria propia la PNL de Junts sobre la cuestión de confianza cuya
reformulación todavía no ha sido registrada en el Congreso.
“Hemos hecho lo que quería el electorado
y eso está testado”, dijeron los estrategas de Feijóo. Los mismos que defienden
ahora con ahínco que no apoyar el nuevo decreto sería castigado por esos mismos
votantes.
La realidad es que el temor en Génova
era palpable. 24 horas antes de que se anunciara el pacto Gobierno-Junts,
Feijóo se fue a Córdoba donde, con el presidente Juan Manuel Moreno de testigo,
dijo que los pensionistas son “sagrados” para el PP, mientras anunciaba en
nombre de sus barones un programa de vacunación para ancianos que sus propios gobiernos autonómicos habían rechazado. Todo en
las instalaciones de una residencia de mayores.
El giro se precipitó en las siguientes
48 horas. Sánchez anunció el acuerdo con Junts, Borja Sémper dio una rueda de
prensa en la que atacó el pacto y criticó el contenido del decreto. El
miércoles, el propio portavoz nacional dijo que su partido estaba “tranquilo”
porque finalmente saldría adelante la revalorización de las pensiones. Y poco
después se confirmó el ‘sí’ del PP al nuevo texto.
Trazabilidad contra las pensiones
“Yo me conformo con que se haga lo que
hay que hacer”, aseguraba a elDiario.es un dirigente del PP nada más conocerse
el giro de su jefe de filas. Otras fuentes de Génova pasaron de defender el
‘no’ con ahínco a sumarse al coro de los que aplauden el giro al ‘sí’.
Y donde el palacete del PNV era una
línea roja pasó a ser algo irrelevante, como dijo la secretaria general, Cuca
Gamarra, al asegurar que el edificio ya iba a ser propiedad del partido vasco,
con o sin convalidación del decreto.
El problema del PP es saber qué hacer en
el medio y largo plazo con un tema de gran calado económico y social y, por lo
tanto, electoral. Especialmente para los populares, que tienen su nicho de
votantes más fiel precisamente entre los mayores.
Feijóo ha vuelto a repetir estos días
que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Una
falsedad que ya le valió el reproche periodístico en campaña y las
consecuencias en las urnas en 2023. Pero es que aquél mismo año, el PP que ya
dirigía el gallego votó contra una importante reforma de pensiones pactada por
el Gobierno y la Comisión Europea. La abstención de Vox salvó aquella votación.
Lo recordó el propio Feijóo este jueves
en un acto sobre vivienda. “De quien apoyó la reforma de las pensiones de
Sánchez en 2023, de quien dio vía libre a Sánchez para mangonear con los fondos
europeos sin control alguno, de quien a menudo parece que tiene más interés en
sustituir al PP que en sustituir al PSOE, no podemos aceptar lecciones, ni
chantajes, ni presiones”, dijo, aludiendo a la extrema derecha que intenta
explotar ahora el sí de los populares al decreto ómnibus.
Se refiere a un real decreto ley
convalidado en 2023, con el anterior Gobierno de coalición. Era la segunda
reforma de las pensiones que venía a revertir los recortes de Rajoy y a mejorar
los ingresos del sistema vía cotizaciones para, así, subir las
prestaciones.
El PP votó en contra, junto a lo que
quedaba de Ciudadanos. Vox se abstuvo y el decreto fue aprobado.
Pero el hoy líder del PP ya puso en duda
en noviembre de 2022 las “posibilidades” de “España de subir las pensiones” un
8%, como anticipó entonces el Gobierno que iba a cerrar el año la inflación.
Feijóo insinuó, de hecho, que los pensionistas no querían ese incremento.
El incremento de las pensiones para 2023
se aprobó en un real decreto que, por naturaleza, no se vota en el Congreso (no
debe confundirse con el real decreto-ley, que sí precisa de convalidación). Lo
que sí se votó fue la partida presupuestaria para la Seguridad Social. Pero el
PP votó en contra de los Presupuestos Generales de 2023 y planteó una enmienda
de devolución.
Así, la única votación real sobre el
incremento concreto de las pensiones para 2023 recibió el voto en contra del PP
ya con Feijóo en la planta noble del número 13 de la calle de Génova de Madrid,
donde se sitúa la sede nacional de su partido.
Feijóo solo seguía la estrategia de su
predecesor, Pablo Casado, quien en 2021 votó en contra de la primera reforma de
las pensiones, la que volvió a introducir en la ley la obligatoriedad de ligar
IPC y pensiones.
El PP ya firmó a regañadientes en 2018 la renovación del Pacto de Toledo.
Junto al PDeCAT (hoy, Junts) y Ciudadanos se vieron forzados a aceptar un documento
que ERC, entonces en dura pugna con Unidas Podemos por el electorado catalán,
rechazó.
De las tres reformas del sistema de
pensiones acometidas desde 2020 por el Gobierno de coalición, el PP solo ha
apoyado la última. La votación se produjo el mismo miércoles que el mucho más
famoso decreto ómnibus. El apoyo de Feijóo fue adelantado en octubre por
elDiario.es y El Periódico. El PP intentó desmentir aquella información. Ahora,
los de Feijóo se apoyan en ese voto para explicar su posición sobre el sistema
de pensiones. Pero el ruido posterior a la votación y el posterior giro
estratégico ha ayudado a que nadie, o casi nadie, se haya enterado de su
convalidación.
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