MARLASKA FRENTE AL ESPEJO

MARLASKA FRENTE AL ESPEJO

POR SATO DÍAZ

 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 11 de febrero de 2025, en Madrid.Gabriel Luengas / Europa Pres 

Qué duda cabe, hacer política es cabalgar contradicciones, tal y como aseguraba Pablo Iglesias cuando, incluso, ni siquiera había arrancado Podemos. Pero hay contradicciones y contradicciones. Que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desatendiera las advertencias de abusos policiales contra el colectivo LGTBIQ+ en Madrid, tal y como refleja una exclusiva de Público de esta semana, podría no ser una contradicción en sí misma. Podría ser solo una cuestión de insolvencia, si no hubiera sido capaz de frenar estas actuaciones policiales siendo el responsable ministerial del tema, o de mala fe, si la inacción hubiera sido fruto de una decisión política, la de desoír a un colectivo vulnerable para no abrir un conflicto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Podría, pero en el caso concreto de Marlaska, es también una contradicción. 

El actual ministro ha sido una persona reconocida dentro del movimiento LGTBIQ+ desde hace décadas, y sabe mejor que nadie que en este colectivo, tal y como recuerda Paco Tomás en su opinión en este periódico, "la mayoría de las personas LGTBIQ+ hemos tenido una experiencia desagradable con la policía, sea nacional o municipal". Cabe recordar que el mismo origen del Orgullo LGTBIQ+ está en unos disturbios contra la policía neoyorkina un 28 de junio de 1969, cuando personas trans y racializadas se pusieron frente a una comunidad harta de sufrir redadas discriminatorias y detenciones por parte de los agentes en el Stonewall Inn y otros bares del Greenwich Village. "El hostigamiento sistemático que sufren las comunidades LGTBIQ+ por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es tan antiguo como la homofobia que reside en ellos, de manera estructural", añade Tomás. 

El propio Marlaska, allá por 2007, ejerciendo como juez en la Audiencia Nacional, fue protagonista, junto a los presentadores Boris Izaguirre y Jesús Vázquez, de una campaña del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para frenar el SIDA. El ministro es, por tanto, y tal y como ha explicitado en su participación en actos y manifestaciones por el Orgullo, no solo un hombre homosexual, sino que también muestra una voluntad de ser activista. Y, como tal, no puede esconderse tras la justificación de una "guerra contra las drogas" para perseguir a personas por pertenecer al colectivo LTGBIQ+ como si fueran narcotraficantes y materializar una nueva discriminación. Como también refleja Tomás en su artículo en Público: "Si una sociedad ha asumido que las adicciones son un problema de salud, ¿qué hace la policía deteniendo a personas que lo que necesitan es un acompañamiento terapéutico?".

Seguimos cabalgando contradicciones del juez-ministro socialista y, al volver la vista atrás, no podemos evitar recordar su papel tras la tragedia ocurrida en Melilla el 24 de junio de 2022, cuando centenares de personas intentaron saltar la valla que separa España de Marruecos. Más de una veintena murieron tras la actuación y una de ellas en suelo español, tal y como se pudo comprobar después. 

El ministro se encerró, en diferentes intervenciones en el Congreso y en los medios de comunicación, en explicaciones en defensa de la actuación de los agentes españoles en la frontera. Hasta tal punto, que investigaciones periodísticas demostraron las mentiras del ministro, que siempre ocultó violaciones de derechos humanos por parte de policías españoles. Las imágenes mostraban, sin embargo, la brutalidad policial en la valla y devoluciones en caliente. Este diario demostró cómo agentes marroquíes entraron para operar en suelo español y realizar detenciones.   

El Marlaska juez siempre se posicionó en defensa de los derechos humanos. Conocida es su sentencia, como magistrado de la Audiencia Nacional, sobre el Sáhara Occidental de julio de 2014 en el que reconocía que España sigue siendo de iure la potencia administradora de la excolonia. Por este motivo, y basándose en el principio de territorialidad, reconoce la jurisdicción española sobre el Sáhara, que le permite juzgar crímenes sobre la población saharaui cometidos por la ocupación marroquí. En su texto, implícitamente, expresa que el Sáhara no es Marruecos, pues este es simplemente la potencia ocupante. Cómo cambian las cosas, el ministro calló cuando, en marzo de 2022, el presidente del Gobierno del que formaba parte, Pedro Sánchez, a través de una misiva al rey alauí Mohamed VI, aceptaba la autonomía del Sáhara integrada en Marruecos.  

Desde entonces, el ministro siempre se ha regodeado en loas y agradecimientos a las fuerzas policiales marroquíes que son conocidas por las violaciones de los derechos humanos en sus actuaciones contra personas migrantes que cruzan Marruecos para llegar a Europa, contra saharauis, rifeñas o la propia población marroquí. Para no contravenir su idilio con las autoridades del país vecino, no dudó el pasado mes de septiembre en deportar a un grupo de saharauis solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, entregándolos de nuevo a sus opresores, una forma de no reconocer las atrocidades que el régimen alauí comete contra la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Marlaska cabalga muchas contradicciones, sí, pero parece que en ellas siempre acaban perdiendo las personas más débiles.