DESAHUCIAR A 60.000 FAMILIAS VULNERABLES

DESAHUCIAR A 60.000 FAMILIAS VULNERABLES

Los argumentos de las derechas española y catalana suenan débiles porque ninguno de ellos es el verdadero motivo por el cual votaron en contra del Real Decreto-ley

DIARIO RED

Alejandro Martínez Vélez/Europa Press 

El pasado miércoles, Junts sumaba sus votos a los del PP y VOX para tumbar en el Congreso un Real Decreto-ley del Gobierno que contenía decenas de medidas sociales. Los efectos de la derrota legislativa gubernamental generaron una onda expansiva política y mediática que todavía continúa y que podría tener efectos estructurales sobre la naturaleza y la continuidad de la actual legislatura. No solamente por lo que supone en términos de debilidad del Gobierno el perder una votación tan importante, sino también por el contenido de las medidas que no fueron aprobadas. Una vez que la presidenta Armengol constató la existencia de una mayoría de noes, decayeron la revalorización de las pensiones y el ingreso mínimo vital, la extensión de las reglas contables que permitían a miles de empresas afectadas por la COVID-19 no entrar en quiebra, los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, ciertas ayudas a los afectados por la DANA, la prórroga de la prohibición de los cortes de suministros a los hogares en riesgo de pobreza, la prórroga de unos mayores descuentos en el bono social eléctrico o la prórroga de los descuentos y bonificaciones en el transporte público, entre otras muchas medidas.

No está todavía claro si el gobierno de Sánchez va a trabajar para recuperar inmediatamente todas estas protecciones sociales o va a utilizar los recortes sociales para intentar desgastar políticamente al PP y a Junts

En estos momentos, no está todavía claro si el gobierno de Sánchez va a trabajar para recuperar inmediatamente todas estas protecciones sociales mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley —que, de hecho, debería haber aprobado ese mismo miércoles por la tarde en un Consejo de Ministros extraordinario— o va a utilizar los recortes sociales infligidos por la votación fallida para intentar desgastar políticamente al PP y a Junts, aunque eso suponga el deterioro de las condiciones materiales de vida de decenas de millones de compatriotas. A lo largo de estos días, los portavoces políticos y mediáticos del PSOE han trasladado ambas opciones como posibles. Es un hecho, en todo caso, es que, en estas primeras horas después de la derogación del Real Decreto-ley, el Gobierno y sus opinadores afines han optado claramente por la segunda estrategia: repetir incesantemente en los medios de comunicación que son el PP y Junts los que tienen que explicar su voto en contra; como si eso eximiese al Gobierno de las obligaciones que le competen en exclusiva.

Ante ese escenario, obviamente, PP y Junts se han revuelto y han empezado a ensayar motivos/excusas para intentar sufrir el menor desgaste posible entre los millones de pensionistas y de usuarios del transporte público que los votan. Los argumentos han sido variopintos. Desde el palacete del PNV —que el PP ha utilizado incluso para sugerir que los jeltzales podrían ser sujeto de financiación ilegal— hasta el manido argumento de que el Real Decreto-ley llevaba un montón de cosas distintas —algo que ocurre con muchísimas leyes a lo largo del año y no digamos ya con todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado—, pasando por la existencia de otras medidas en el Real Decreto-ley que también serían negativas para la ciudadanía, como la subida del IVA a determinados alimentos o a la factura de la luz. En rigor, el Real Decreto-ley no se refiere en ningún momento al IVA. Es cierto que existían unas reducciones de este impuesto para los bienes y servicios mencionados, que esas reducciones caducaban el 31 de diciembre de 2024 y que, por tanto, si el Gobierno hubiese tenido voluntad de prorrogar las bajadas, este Real Decreto-ley habría sido el lugar idóneo para hacerlo, pero también es cierto que uno se mete en un terreno resbaladizo si se pone a juzgar una norma por aquello que le falta. En este caso, y tratándose de un Real Decreto-ley que toca una gran diversidad de temas, cualquiera podría argumentar que le faltan miles de medidas necesarias. Basta pensar en el ámbito de la vivienda para encontrar más de diez.

En realidad, todos estos argumentos de la derecha española y de la derecha catalana suenan débiles porque ninguno de ellos es el verdadero motivo por el cual votaron en contra del Real Decreto-ley. La realidad —y tanto ellos mismos como sus medios y opinadores afines lo han llegado a decir, aunque con una menor intensidad al tratarse de motivos bastante menos defendibles— es que los diputados del PP y de Junts votaron en contra, en primer lugar, para infligir una derrota política a Pedro Sánchez y, en segundo lugar, porque entre las medidas contenidas en el Real Decreto-ley se encontraba la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de las medidas de protección contra los desahucios de familias vulnerables que Podemos consiguió arrancar al PSOE al principio de la pandemia en 2020 y que tenían fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2024. Para dar su apoyo a la Ley de Eficiencia de la Justicia, los morados arrancaron en diciembre la inclusión en este Real Decreto-ley tanto de la prórroga de los descuentos al transporte público —a la que el PSOE, en principio, se negaba, incluso con declaraciones públicas en contra del ministro Puente— como de la prórroga de la protección contra los desahucios.

La normativa que caducaba el último día del año pasado y que finalmente ha caído junto con el Real Decreto-ley establecía la paralización de los procedimientos de desahucio cuando se cumplían determinadas condiciones. En primer lugar y la más importante de ellas: la vulnerabilidad económica de la familia y la ausencia de una alternativa habitacional. Es decir, estamos hablando de madres solteras, de familias con muy bajos ingresos, con niños a su cargo, muchas veces con personas con discapacidad o mayores dependientes formando parte de la unidad de convivencia, y sin ningún otro techo digno bajo el que vivir. Por otro lado, en el caso de familias vulnerables que se hubiesen visto abocadas a dejar de pagar el alquiler a pequeños tenedores, la norma establecía la primacía del criterio de vulnerabilidad del propietario frente al criterio de vulnerabilidad del inquilino; es decir, que el desalojo sí se produciría si el propietario se quedase en condición precaria. Por otro lado, la normativa garantizaba que el Estado paga mensualmente el alquiler al propietario en cualquier caso. Finalmente y, en el caso de grandes tenedores con más de 10 viviendas, incluyendo bancos y fondos buitre, se paralizaba también el desahucio cuando la familia vulnerable no tuviera título habilitante —por ejemplo, no hubiese firmado nunca un contrato de alquiler— y siempre que hubiese entrado en la vivienda sin violencia.

La inmensa mayoría de las familias que se encuentran en situación de poder ser desalojadas sin alternativa habitacional son simplemente gente vulnerable que intenta salir adelante como todos los demás

En los discursos de la extrema derecha —en los que coinciden muchas veces escuadristas neonazis como Desokupa con partidos supuestamente pertenecientes a la 'derecha moderada'—, se nos intenta presentar a todas estas familias vulnerables como delincuentes y se nos intenta hacer creer que siempre hay un pequeño propietario que tiene apenas dos pisos y que está a punto de caer en la indigencia como consecuencia del mal hacer de sus criminales inquilinos. Pero lo cierto es que ambas cosas son mentira. La inmensa mayoría de las familias que se encuentran en situación de poder ser desalojadas sin alternativa habitacional son simplemente gente vulnerable que intenta salir adelante como todos los demás. En cuanto a los propietarios, en el caso más habitual, que es el impago del alquiler, no hay pérdida patrimonial ya que lo paga el Estado. En el caso mucho menos habitual de usurpación de vivienda vacía sin título habilitante, solamente estamos hablando de la paralización de desahucio cuando el propietario es un especulador con un gran número de viviendas en su poder.

Uno de los elementos centrales detrás del voto en contra de PP y Junts qué hizo decaer el Real Decreto-ley el pasado miércoles es que ambas formaciones han decidido comprar —en mayor o menor medida— el discurso de criminalización de la pobreza de los 'okupas' y están dispuestos a echar a la calle a 60.000 familias vulnerables —que son las que calcula el observatori DESCA que se habrían beneficiado de la protección desde que ésta se puso en pie— simplemente para taponar sus pérdidas electorales por la (extrema) derecha; hacia VOX en el caso de los de Feijóo, hacia Aliança Catalana en el caso de los de Puigdemont. Aunque ambos hayan decidido mantener el diapasón bajo respecto de este asunto y hayan optado por diversas excusas de otra naturaleza, es inevitable que el verdadero motivo de su actuación aflore en los próximos días a medida que avance el debate sobre las diferentes opciones disponibles para volver a aprobar las medidas contenidas en el Real Decreto-ley llamado 'ómnibus'.