¿QUIÉN TIENE DERECHO A SABER QUÉ?

¿QUIÉN TIENE DERECHO A SABER QUÉ?

Países Bajos quiere hacer frente a su pasado colaboracionista, pero la ley pone trabas. En España, el problema sigue siendo el acceso a los archivos

SEBASTIAAN FABER

Ciudadanos neerlandeses sospechosos de colaboración con los nazis, presos en el campo penal de Vught, en el sur del país, en junio de 1945. / Sem Presser. Nationaal Archief. CC BY-SA 3.0 NL.

A un año de la invasión alemana de Países Bajos, el 10 de mayo de 1941, la reina Guillermina quiso enviar un mensaje contundente. En una futura Holanda liberada –aseguraba en un discurso radiofónico desde Londres, donde se encontraba exiliada con el resto del gobierno– “no habrá lugar para ese puñado de traidores” que colaboraban con los nazis. Todavía faltaban cuatro años para el final de la Segunda Guerra Mundial.

Hacia diciembre de 1943, el gobierno neerlandés en el exilio ya tenía preparada una ley que ponía los cimientos legales para una “jurisdicción extraordinaria” que procesara a todos los colaboradores en tribunales cuasi militares. Lo que movía la iniciativa legislativa era, en gran parte, el temor de que, una vez terminada la ocupación nazi, la sed de justicia desbordara en una venganza popular masiva, un “día de las hachas” (bijltjesdag). 

Que el proyecto iba en serio quedó claro a finales de 1944, cuando justo después de la liberación del sur del país se realizaron las primeras detenciones. Una vez rendida Alemania, en 1945, las investigaciones –muchas veces provocadas por denuncias de vecinos– se extendieron por el país entero, al mismo tiempo que se levantaron campos penales para los miles de detenidos. 

Al final, los sospechosos eran bastantes más que el “puñado” que había mencionado la reina desde Londres: en los cinco años siguientes, serían investigadas unas 425.000 personas –uno de cada veinte habitantes en un país de nueve millones–. Más de 70.000 acabarían llamadas ante un tribunal. Decenas de miles de ciudadanos neerlandeses más pasaron por los procesos de depuración en sus ramas y gremios profesionales. 

A 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, el ingente archivo central de esos casos de justicia extraordinaria –3,8 kilómetros de expedientes, 30 millones de páginas– está en vías de ser digitalizado como parte de un proyecto en que colaboran, entre otras instituciones, el Archivo Nacional y el Instituto de Documentación de Guerra (NIOD). El CABR (por sus siglas en holandés) iba a abrirse al acceso público, por internet, el 1 de enero. Ya que en muchas familias neerlandesas la colaboración ha sido siempre un tema tabú rodeado de secretismos, era un acontecimiento anticipado con esperanza y ansiedad. 

El acceso digital permitiría no solo que los descendientes de los investigados accedieran a información, sino también que las víctimas de los nazis supieran algo más

En cualquier caso, el acceso digital prometía abrir un nuevo capítulo en la relación del país con su pasado: permitiría no solo que las y los descendientes de los investigados accedieran a información que se les había ocultado, sino también que las familias de las víctimas de la persecución nazi –que no tienen expediente propio en el archivo, pero que salen mencionadas en muchos expedientes de sospechosos– por fin supieran algo más sobre la suerte de sus parientes.

Pero no pudo ser. En diciembre, un aviso de la Autoridad de Datos Personales, la agencia estatal que vigila el derecho a la intimidad, provocó que el ministro de Ciencia y Educación impidiera la apertura del archivo, alegando que puede contener datos sensibles que afectan a personas vivas. La intervención de la Autoridad se produjo por petición de una asociación de descendientes de los investigados.

Como solución de compromiso, el Archivo Nacional ha decidido solo dar acceso digital al índice onomástico de los más de 400.000 investigados. Así, todo el mundo puede averiguar con una simple búsqueda en línea quién tiene un expediente. Pero la única forma de saber algo más es personarse en la sede del Archivo en La Haya para consultar los expedientes en papel. (No se permite sacar fotos.) El interés popular ha sido masivo: las peticiones de citas se han disparado y la lista de espera es ya de varios meses. Mientras tanto, el Archivo ha comunicado que, a medida que avance el escaneo de los 30 millones de páginas, un proceso que aún tardará dos o tres años, se pondrán terminales a disposición de las y los visitantes a la sala de lectura para facilitar las búsquedas digitales in situ.

¿Pesan más los derechos individuales a la intimidad que los derechos colectivos a la documentación histórica?

Si la proyectada apertura digital del archivo generó una ola de tensiones y debates, su cancelación en el último momento –con cierto aire de chapuza burocrática– solo los ha intensificado. Las preguntas que se plantean no son menores. ¿Quién tiene el derecho a saber qué? ¿Pesan más los derechos individuales a la intimidad que los derechos colectivos a la documentación histórica? ¿Cuánta verdad contienen los documentos y cuánta mentira? ¿Quiénes son los damnificados por la apertura o por su cancelación: los parientes de los investigados, los de las víctimas, o la sociedad entera? ¿Cuánto trauma intergeneracional hay? ¿Cuánto sigue pesando la vergüenza familiar? A ocho décadas del final de la guerra, ¿es posible pasar página? ¿Es deseable? 

Una encuesta reciente del Centro Nacional del Trauma Psicológico revela que la nación aún no ha pasado página. Uno de cada cinco holandeses ve mal que un descendiente de una familia colaboradora ocupe un puesto público –de alcalde o diputado, por ejemplo– mientras que un 13% rechaza la idea de que un miembro de una familia “mala” (een foute familie) dirija un medio de comunicación. En otras palabras, el estigma generacional de la colaboración aún no ha desaparecido.

Verlaan hablaba del peso de la vergüenza familiar y de las dudas que le producía la idea de que esos datos embarazosos se hicieran públicos

“La persistencia de estos sentimientos sin duda explica la intensidad del debate en torno al archivo de los investigados por colaboración”, dice Jos Verlaan (1959), un periodista del diario NRC que descubrió en los años ochenta que su abuelo había pertenecido al partido nazi holandés (NSB) y que un tío suyo fue miembro de la SS. El tío murió en la guerra; el abuelo acabó condenado a 22 meses de cárcel por colaborador. En un reportaje personal del pasado septiembre, Verlaan hablaba del peso de la vergüenza familiar y de las dudas que le producía la idea de que esos datos embarazosos se hicieran públicos. “Mis colegas en la redacción me aseguran que no tengo por qué sentirme responsable de lo que hicieran mis antepasados. Pero también me llaman valiente por haber contado mi historia, lo que parece indicar que sí les parece algo potencialmente ignominioso”.

Hoy, Verlaan acepta la inevitabilidad de la apertura del archivo. “El expediente de mi abuelo tiene una dimensión histórica y una dimensión familiar. Los aspectos históricos los asumo; de la dimensión familiar es hora de que me desconecte, aunque siga siendo difícil. Casi hubiera sido mejor que el archivo se abriera al público mucho antes. Así, mucha gente habría podido aprovechar para abrir una conversación con sus parientes investigados. Hoy están casi todos muertos”. Al pronunciarse a favor de que el archivo sea accesible, Verlaan también piensa en las víctimas: “Como descendiente de una persona investigada, yo pude consultar el expediente de mi abuelo en persona, como en efecto hice en 2007. Pero solo cuando se abra a todo el mundo, podrán leerlo las familias judías afectadas por sus acciones”. 

“La transparencia es importante para las víctimas y sus descendientes, pero también puede curar heridas en los descendientes de colaboradores”

“La transparencia es importante para las víctimas y sus descendientes, pero también puede curar heridas en los descendientes de colaboradores”, escribió Judith Zilversmit (1976), una periodista del diario Het Parool cuyo abuelo judío fue traicionado por una vecina. Hace poco, una nieta de aquella mujer contactó con Zilversmit por las redes. Quedaron en verse pronto. “La apertura del archivo podrá romper los silencios familiares que han producido la vergüenza y la transmisión del trauma”, afirma la periodista. “Solo cuando dejemos de ocultar los hechos bajo la alfombra habrá espacio no solo para una historia más completa sino para el reconocimiento, la comprensión y la reconciliación”. 

La relación de Países Bajos con la Segunda Guerra Mundial ha sido complicada. Hubo protestas intensas en 1966, cuando la futura reina Beatriz se casó con un aristócrata alemán con una juventud nazi. En la década siguiente, emergieron una serie de escándalos en torno a los pasados nacionalsocialistas de otras figuras prominentes en la vida política y cultural. Por otra parte, el hecho de que Holanda fuera el país en Europa occidental con el mayor porcentaje de judíos deportados ha sido durante muchos años motivo de vergüenza nacional. Los más de 400.000 neerlandeses investigados por colaboración contrastan ciertamente con los 25.000 que fueron activos en la resistencia durante la mayor parte de la ocupación. “Dado que el número de exonerados es pequeño, podemos suponer que la gran mayoría de los investigados hizo algo”, calcula Verlaan. “¿Esto significa que eran nazis? No, porque el partido nacionalsocialista holandés, el NSB, nunca tuvo más de 75.000 miembros. En la mayoría de los casos, es probable que se trate de gente que hizo lo que hizo por motivos de supervivencia”. 

“En lugar de meter prisa en facilitar el acceso digital, me parece mejor primero poner las cosas en orden con el debido cuidado”

Si los proponentes de la apertura del CABR han lamentado la decisión ministerial de impedirla en el último momento, la decisión del Archivo Nacional de dar acceso al índice onomástico también ha recibido críticas. La historiadora Esther Boeles (1971), comisaria de las colecciones históricas de la Universidad de Ámsterdam, se presentó en el Archivo Nacional en la segunda semana de enero para consultar el expediente de un bisabuelo cuyo nombre aparecía en el índice como “investigado por colaboración”. “Cuando pude consultar el expediente en persona”, relata, “descubrí que era mentira: simplemente había sido testigo en la investigación de otra persona”. Esta imprecisión del archivo, para Boeles, es impropia y apunta a un problema mayor. “La prisa y el ansia por colgar los archivos en línea”, dice, hace sospechar que las organizaciones detrás del proyecto se muevan más por un afán de generar publicidad y “marcar un gol” institucional ante la agencia de datos, que por los intereses de los descendientes de los investigados y sus víctimas. Boeles también cree percibir cierto sensacionalismo en la terminología empleada por el Archivo. “En lugar de meter prisa en facilitar el acceso digital, me parece mejor primero poner las cosas en orden con el debido cuidado”, afirma. “De todas formas, lo importante es que el archivo ahora esté abierto al público, aunque no esté en línea”.

“La frustración del público es perfectamente comprensible”, dice Ewoud Kieft, un historiador vinculado al Instituto de Documentación de Guerra (NIOD). “Al fin y al cabo, se ha montado un proyecto ingente sin asegurar que el cuadro jurídico estuviera en orden. Se invirtió mucho trabajo en crear una web que ahora no se puede abrir al público, al mismo tiempo que sí se publica una lista de nombres de ‘investigados’ sin dar acceso digital a los expedientes. Es lógico que la gente se indigne”. En una comparecencia parlamentaria, el ministro de Educación echó la culpa al carácter caótico del episodio histórico. Es un argumento débil, zanja Kieft. “Es verdad que la forma en que Países Bajos investigó a los sospechosos de colaboración no siempre fue muy ordenada. Pero esto no tiene nada que ver con el caos actual en torno al archivo”. 

Kieft forma parte de un equipo del NIOD que ha estado preparando reportajes extensos sobre los aspectos más importantes de este episodio histórico, para que sus usuarios tengan una mejor comprensión de los muchos matices en juego. “Aunque el tratamiento de los sospechosos tuvo una dimensión de venganza –dice–, también fue motivado por el deseo de restaurar el Estado de derecho. La verdad es que los expedientes contienen de todo, incluidos testimonios falsos e investigaciones sin acabar. Esto quiere decir que habrá familias en busca de respuestas que al final se queden con cabos sueltos. El propio carácter del archivo exige que los expedientes se lean críticamente, algo que quizá no todos sus usuarios estén dispuestos a hacer. Pero es un riesgo inherente a la democratización del conocimiento histórico, muy preferible a la alternativa de limitar el acceso”.

Las discusiones holandesas presentan curiosos paralelos y contrastes con la situación española

Las discusiones holandesas presentan curiosos paralelos y contrastes con la situación española, afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Ya quisiera yo tener un debate así en España”, confiesa. “Sería un lujo”. En lo que respecta a la información acerca de los perpetradores del régimen franquista, señala, hay tres grandes problemas. Primero, muchos archivos fueron destruidos deliberadamente durante la Transición. “Lo cuenta el socialista Óscar Alzaga en sus memorias, que se publicaron hace un par de años”, afirma Silva. “Cínicamente, Rodolfo Martín Villa presentó esa destrucción como un favor que le estaba haciendo a los expresos políticos”. Segundo, incluso en los archivos que sí existen, el acceso muchas veces queda restringido, si no prohibido, por la Ley de Secretos Oficiales o, como en el caso holandés, la de protección de datos. “Te doy un ejemplo”, me dice Silva. “En la Comunidad de Madrid, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, están las fichas de las 32.000 personas que fueron aquí heridas por los bombardeos durante la guerra. Cuando pedí ver esos documentos, me lo negaron, alegando que son datos sanitarios. Pedí un dictamen a la Agencia de Protección de Datos, que le dio la razón a la Comunidad. En otras palabras, hoy no podemos investigar cuánta gente murió por los bombardeos fascistas”. Finalmente, Silva recuerda que, incluso si uno logra hacerse con datos puede ser difícil publicarlos –como ha documentado el historiador Francisco Espinosa– cuando las familias de los perpetradores recurren a los tribunales invocando el derecho al honor o, más innovadoramente, el derecho al olvido, codificado en la legislación europea más reciente. 

Henar Alonso, técnica superior de archivos en el Archivo General Militar de Ávila, concuerda con el diagnóstico de Silva, aunque pone algunos matices. “Es verdad que hubo destrucción de material archivístico en los años de la Transición, y durante la misma guerra. Pero un problema más serio es el acceso a los muchísimos materiales que sí se conservan”. Los centros de archivos, explica Alonso, lidian con una escasez de recursos humanos y materiales; sus sistemas informáticos muchas veces no se comunican bien entre sí; y en muchos rige una cultura institucional que tiende, casi por defecto, a minimizar el acceso al público. Es más –agrega–, “una de las excusas favoritas de los (ir)responsables de algunos archivos para denegar información que no controlan o que no quieren mostrar porque se creen aún su condición de cancerberos es que ‘el archivo se quemó en la guerra’”. 

El gobierno holandés ha prometido intentar buscar una forma de expandir el acceso al archivo colaboracionista sin violar la ley de protección de datos 

El gobierno holandés ha prometido intentar buscar cuanto antes una forma de expandir el acceso al archivo colaboracionista sin violar la ley de protección de datos de personas posiblemente vivas. “En realidad, hay un artículo del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europa, el Considerando 158, que permite a Estados miembros fijar criterios menos estrictos para los archivos relativos al Holocausto o crímenes de lesa Humanidad”, explica Jos Verlaan, el periodista. “El problema es que, por algún motivo, ese artículo aún no se ha incorporado en la Ley de Archivos neerlandesa”. El conjunto neerlandés de asociaciones judías ha urgido al Parlamento a que enmiende la ley para incorporarlo cuanto antes.

También en España es común que la ley nacional se convierta en una traba. “La legislación vigente está atenazada por una excesiva visión patrimonialista, a través de un amplio conjunto de normas poco o nada clarificadoras, cuando no contradictorias entre sí”, apuntaron Henar Alonso, Manuel Bueno y Sergio Gálvez en 2022. También señalaron que los técnicos a cargo no siempre cuentan con la formación necesaria para ponderar debidamente las peticiones de acceso. “Ahora bien”, zanjan, “¿cómo va a existir este tipo de formación si todavía, por ejemplo, la Administración General del Estado (AGE) no considera que las víctimas de los crímenes franquistas forman parte de una violación sistemática y grave de los Derechos Humanos?” 

“Muchas leyes en España que no se promulgaron con la intención de ampliar el acceso a la información pública se usan para impedirlo, espuriamente y con total impunidad, para que los responsables de la custodia de la documentación se quiten de encima a los solicitantes de acceso”, afirma Alonso. Además, tal y como ocurre en Holanda, las normas españolas están desactualizadas con respecto a las internacionales. “En términos generales”, dice Alonso, “España no es un país que incorpore la normativa del derecho internacional, más allá de su publicación en el BOE cuando la transpone, en su legislación del día a día. Por ejemplo, la aplicación legal y efectiva del derecho a la verdad, tal y como ha sido definido por el Derecho Internacional, apenas tiene presencia en nuestro derecho interno”. Eso sí –agrega–, la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha mejorado la situación en algunos aspectos. “Ahora –al menos en teoría, porque de la práctica no hay datos aún– las víctimas, en su amplísimo sentido, pueden acceder incluso a los datos personales de los victimarios, porque así se lo garantizan varias disposiciones de la ley de 2022. Pero esto no significa que se esté cumpliendo realmente”.