EL JUEZ AGUIRRE SE JUBILA SIN
HONOR
Después de que la Audiencia Provincial le haya obligado a cerrar el 'caso
Voloh' y a la espera de un posible juicio por prevaricación, Aguirre será
recordado como uno de los mejores representantes del lawfare
DIARIO RED
El juez Joaquín Aguirre — YouTube
El
Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la jubilación del
magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de
Barcelona desde 1988. Aunque Aguirre era conocido en la profesión por sus
larguísimas instrucciones durante las cuales se dedicaba a abrir incontables
ramificaciones basadas en débiles indicios o incluso en elucubraciones —13 años
de instrucción en el caso Gran Tibidabo con una cosecha enormemente escasa en
condenas o 10 años de instrucción en el caso Macedonia con la absolución final
de los principales acusados—, su nombre ha saltado a la arena mediática en los
últimos años fundamentalmente por el caso Negreira y por el caso Voloh, también
conocido como el caso de 'la trama rusa del procés'.
En el primero de ellos, en el que se investiga un supuesto cohecho que implicaría al Barça y al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Aguirre cometió varios errores procesales y recibió apercibimientos por parte de sus superiores jerárquicos de la Audiencia Provincial de Barcelona. Después de la cuarta prórroga, la instrucción del caso sigue abierta y tendrá que ser continuada por el juez que lo suceda.
En el
caso de la supuesta ' trama rusa del procés', la cosa ha sido todavía peor. En
julio de 2024, publicábamos en exclusiva en Diario
Red unos audios grabados en sede judicial en los que
se escucha al juez Aguirre jactarse de haber provocado la caída de la Ley de
Amnistía en su primera votación en el Congreso el día 30 de enero de ese mismo
año. "Me dice que ayer lo de la ley de amnistía se tumbó por
mí", afirma el juez ante su interlocutor. Efectivamente, el día
anterior a la votación parlamentaria Aguirre había hecho público un auto con el
que prorrogaba durante seis meses la instrucción de la pieza separada de la
'trama rusa' —a pesar de los repetidos apercibimientos por parte de la
Audiencia Provincial conminándole a cerrar la instrucción por no existir
indicios nuevos desde hacía más de un año— y abría por primera vez la puerta a
la posibilidad de imputar por el delito de traición a Carles Puigdemont y otros
líderes independentistas. La clave de la votación fracasada en la carrera de
San Jerónimo había sido precisamente el rechazo por parte del PSOE de dos
enmiendas de Junts que pretendían incluir los delitos de terrorismo y de
traición bajo el paraguas de la amnistía. Al no aceptar los socialistas esta modificación,
Junts votó en contra del conjunto de la norma y la hizo caer. El segundo audio que publicamos se
grabó en abril de 2024, un par de meses antes de que el juez Aguirre publicara,
el 21 de junio de ese mismo año, un nuevo y polémico auto. En él, Aguirre
intenta esquivar la orden directa de la Audiencia de Barcelona de cerrar la
instrucción de la 'trama rusa' abriendo una nueva pieza separada de la causa
Voloh y —ahora sí— ya dando el paso y pidiendo al Tribunal Supremo que impute
por un presunto delito de traición a Carles Puigdemont y a otras personas
relevantes relacionadas con los acontecimientos en torno al punto álgido del
proceso independentista en 2017. Al no estar cubierto el delito de traición en
la versión ya definitiva y aprobada de la Ley de Amnistía, si el Supremo
decidía finalmente aceptar la petición de Aguirre, las personas imputadas —muy
singularmente Carles Puigdemont— no podrían acogerse a la misma y el apoyo de
los siete escaños de Junts al gobierno de Sánchez quedaría en el aire. A esto
se refiere con toda claridad el juez en el segundo audio publicado por Diario
Red: "Claro, es que será la tumba. Si lo será. Al Gobierno le
quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo. Entonces,
hay gente que se está situando ya. Ha tomado partido, y el partido soy
yo." Aunque, finalmente, la obstrucción para la aplicación de la
amnistía a Carles Puigdemont se ha originado como consecuencia de la
interpretación particular que ha hecho el Supremo —en contra del espíritu de la
ley— sobre los diferentes supuestos del delito de malversación, es un hecho
comprobado que Aguirre intentó previamente provocar el mismo resultado
utilizando el delito de traición.
Si los audios revelados por
Diario Red indican con toda claridad la voluntad política del juez de retorcer
el derecho todo lo que haga falta para cumplir con sus objetivos ideológicos,
el final del caso no fue menos estruendoso
Si el
desarrollo de la larga instrucción que hizo Aguirre del caso Voloh fue
especialmente bizarro, llegando a barajar la posibilidad de que los
independentistas hubiesen acordado con el gobierno de Putin la llegada de
10.000 soldados rusos para defender la independencia de Catalunya, si los
audios revelados indican con toda claridad la voluntad política del juez de
retorcer el derecho todo lo que haga falta para cumplir con sus objetivos
ideológicos, el final del caso no fue menos estruendoso. Después de
no haber encontrado absolutamente ninguna prueba que sustentase sus gravísimas
acusaciones, Aguirre fue obligado a cerrar la instrucción con un durísimo auto
de la Audiencia Provincial en la que el órgano superior expresa explícitamente
que el juez instructor habría incurrido en "fraude de ley" al
seguir investigando el caso cuando ya se lo habían prohibido, llevando a cabo
una "irregular maniobra procesal".
En estos
días, el PSOE no solamente ha planteado limitar las capacidades de la acusación
popular durante la instrucción —cuando es evidente que quien toma las
principales decisiones es mucho más el juez que Abogados Cristianos o Hazte
Oír— sino que, además, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de arrebatar
la fase de instrucción a los magistrados para entregársela a la fiscalía, como
ocurre en muchos países homologables al nuestro. Cuando ya hasta el PSOE tiene
que reconocer que los jueces de instrucción en España tienen un poder
prácticamente absoluto, no solo porque —a pesar de que no pueden dictar
sentencia— sí pueden pasarse décadas enteras obligando a la gente a contestar a
sus preguntas aunque no hayan cometido ningún delito u ordenar la incautación
de documentos privados y comunicaciones, sino que además lo hacen siendo
perfectamente conscientes de que todo ello tiene un impacto mediático
que arroja irreparables dudas sobre la reputación pública de las personas y los
partidos, cuando hasta el partido alfa del régimen del 78 tiene que reconocer
que esto es así e incluso proponer reformas legislativas para reducir la
capacidad de maniobra de los todopoderosos instructores, conviene repasar la
trayectoria de Aguirre y prestar especial atención a su triste final.
Después de tantísimos ejemplos
de jueces activistas que retuercen el derecho para hacer política, no podemos
evitar preguntarnos cuál es su motivación
Después
de tantísimos ejemplos de jueces activistas que retuercen el derecho para hacer
política, no podemos evitar preguntarnos cuál es su motivación. Por
supuesto, es posible que algunos de ellos, como por ejemplo Juan José
Escalonilla, esperen ser ascendidos después de los servicios prestados. En el
caso del instructor del infame 'caso Neurona', el ascenso se ha producido a la
Audiencia Provincial de Madrid. También cabe imaginar que algunos de ellos
estén esperando los beneficios económicos que se puedan derivar de su
colaboración con la agenda de determinados sectores políticos, bien en forma de
cursos y conferencias muy bien pagadas, bien en forma de destinos con altísima
remuneración como los que disfrutó durante años el juez García Castellón en
Roma y en París. Pero tampoco es del todo descartable que algunas de estas
personas actúen así por un motivo mucho más prosaico: para alimentar su
ego, para dejar a la posteridad un relato de su operativa que los dibuje como
luchadores implacables, como héroes sin capa, ante un determinado sector de la
población. Si uno atiende a los panegíricos que la derecha mediática muchas
veces dedica a elogiarlos y uno comprende mínimamente cómo funciona la vanidad
humana, esta motivación entra desde luego dentro de lo posible. En el caso del
juez Aguirre, además, sabemos que proporcionó una entrevista a Jordi Évole en
la que enseñó varias cajas de uno de los casos que estaba instruyendo, o que
dio varias entrevistas a la televisión alemana precisamente para hablar del
caso Voloh.
Tras su
jubilación, todavía pesa sobre él la amenaza de ser juzgado por prevaricación
precisamente por su operativa en esta última instrucción. Somos perfectamente
conscientes de que es enormemente improbable que un magistrado sea condenado
por prevaricación por sus colegas incluso aunque haya llevado al cabo todos los
hechos que se incluyen en la tipificación del delito. Pero, si la
'justicia' judicial no llega, al menos nos podemos consolar con la justicia
poética. Si Aguirre pretendía que lo recordasen como un magistrado
riguroso, eficaz y valiente, tendrá que vivir sus últimos años en el deshonor.
Como nosotros sí somos buenas personas, esperamos que, a pesar de todo el daño
hecho, pueda vivir una jubilación relativamente feliz, algo que solamente será
posible si se abstiene de buscar su nombre en Google.
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