LA MARAÑA VENENOSA EN TORNO EL FISCAL GENERAL

LA MARAÑA VENENOSA EN TORNO EL FISCAL GENERAL

En el empeño de derribar al presidente del Gobierno, los actuantes –jueces y medios–, impulsados por el llamamiento de Aznar, carecen de límites éticos y jurídicos

JESÚS LÓPEZ-MEDEL

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la toma de posesión del nuevo Fiscal de Sala Jefe de la sección Penal del TS, el pasado 28 de octubre. / Cuenta de Twitter de la Fiscalía General

El llamamiento de incitación del expresidente Aznar a estamentos profesionales o institucionales para derribar a los gobernantes legítimos –“El que pueda hacer, que haga”– y la expresa validación por el actual líder del PP, Núñez Feijóo, de la vía judicial para llevar a cabo esa tarea es una realidad evidente.

En ese empeño, los actuantes carecen de límites éticos y jurídicos y cuentan para su máxima efectividad tanto con organizaciones sin escrúpulos, que son metralletas de interponer querellas sin fundamento, como con jueces muy concretos que impulsan ellos mismos vulneraciones gravísimas a las leyes y al sentido común.

A nivel judicial tienen, básicamente, tres líneas de actuación para cumplir su objetivo de atacar al Gobierno. Dos son directas contra familiares del presidente por asuntos cuyo sentido penal solo existe en la mente perturbada de quienes carecen de moral y buscan un fin obsceno. Son dos casos –el de su esposa y el de su hermano– que no tienen carácter penal, pero que con unos jueces, como Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, cuya instrucción es surrealista, van cocinándose a fuego lento, disparate a disparate. Los alargarán hasta que caiga este Gobierno. Únicamente generan informaciones grotescas para los medios de ultraderecha, que son legión, y para que dure el escarnio al odiado. Esta es la única finalidad de esos dos togados. Una ignominia. 

En cambio, en el asunto de la cacería al fiscal general como medio para atacar y hacer caer a un gobierno legítimo, van a toda mecha y la actuación judicial, desde el inicio, está sembrada de dislates. Han ido embrollando la realidad con la intención de crear una apariencia delictiva que es disparatada. Solo el hilo tejido de dos personajes sin honestidad –Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, junto al comisionista novio vividor a base de pufos y a ciertos medios y periodistas desaprensivos y activistas– ha conducido a crear una sospecha grave y muy falsa de un delito que habría cometido nada menos que el fiscal general del Estado.

Pero lo tremendo es que a ello están contribuyendo con gran implicación varios jueces que mancillan el honor de su función judicial. No buscan “hacer justicia” sino que actúan políticamente para cobrar la presa designada por la política más odiadora y extremista en España. Se trata de ir con todo contra el presidente del Gobierno. Y eso es golpismo judicial.

Tras el descubrimiento y reconocimiento de, al menos, dos delitos contra el dinero de todos los españoles cometidos por un personaje que ejerce de comisionista –y al mismo tiempo pareja de la máxima dirigente autonómica madrileña, que riega de dinero a los que hacen negocios con él–, la estrategia de Ayuso fue la de presentarse desde el primer momento como víctima, con esa capacidad constante de mentir y fingir de la que hace gala.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad está copado al 100% por jueces de total confianza del PP-Vox

Esa estrategia, combinada con su salida al contraataque, tuvo un apoyo fundamental en diversos libelos, pero también en el siempre receptivo estamento judicial. Entre los inflamados de patriotismo por el llamamiento del expresidente, siempre están en posición de firmes esos magistrados, con sus puñetas de ganchillo y sus nudillos prestos a hacérsela a quienes se pongan en el punto de mira.

Inicialmente, el asunto lo llevó un juzgado de instrucción y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Este órgano está copado al 100% por jueces de total confianza de PP-Vox. Igual sucede con la Audiencia Provincial, donde la colonización total de planteamientos ultraconservadores es una garantía de que cualquier asunto será tratado como debiera, y donde el juez Peinado tendrá siempre protección total. 

En el primer órgano citado, un asunto tan delicado fue resuelto con enorme rapidez por el juez, siempre activista, de la APM, García Goyena, que elaboró en solo dos meses y en apenas nueve folios una exposición razonada al TS considerando más que acreditado –sin haber practicado pruebas– que debía incriminar al fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. ¡Con un par! El guion estaba escrito.

Rápidamente, con la pieza ya capturada, el Alto Tribunal, para ellos “el Altísimo”, se puso a la tarea de hacer efectiva la estrategia diseñada desde fuera. Aquí se produjo un movimiento relevante, pues esa “exposición razonada”, remitida por el magistrado mencionado, sería cambiada por la mano larguísima de Marchena, y si inicialmente la incriminación hacía referencia a la difusión del comunicado por parte de la Fiscalía General (donde no hay delito alguno), la investigación pasaría a referirse a las supuestas filtraciones de la información. Y ahí, de manera deliberada, es donde se lía más la maraña.

Los asuntos judiciales no pueden desvincularse de quien los lleva y de cómo los lleva, porque no pocas veces es reflejo de algo. En el caso del juez Ángel Hurtado, lo que está haciendo desde que asumió la instrucción responde a unos antecedentes que le inhabilitan claramente para llevar con rectitud este asunto y cuyas actuaciones demuestran que está conduciendo una instrucción nada imparcial. 

Debe tenerse muy presente que el juez Hurtado no debería haber llegado nunca al Tribunal Supremo. Aterrizó allí exclusivamente por su defensa sin pudor del Partido Popular y de sus intereses. Así de claro. Tenía ya otras actuaciones en las que siempre se alineó con lo que esta organización política quería. Tanto en calumnias llenas de odio a Pilar Manjón como en el caso del asesinato de José Souto, el juez Hurtado no ha tenido recato en ser manifiestamente deshonesto a la exigencia de imparcialidad. No sólo no deja su ideología en la mesilla, sino que es ella la que le lleva a adoptar el sentido de sus resoluciones. Él también sigue el guion. 

Mas su culmen llegó con ocasión de ser, en su destino anterior, en la Audiencia Nacional, presidente de la Sala que habría de enjuiciar la gran corrupción del PP en una de sus derivadas de la trama Gürtel. Primero insistió en que no compareciese Mariano Rajoy, luego en que no fuese de cuerpo presente sino a través pantalla de plasma y luego colocándole en estrados, a su vera, junto a la verita suya, en una posición inédita para cualquier testigo. Y luego llegaría su actuación en el turno de las preguntas. Impidió que se le hicieran muchas a un testigo, calificándolas de “improcedentes”. Visionar esas grabaciones y cómo se comportaba crea una mezcla de irritación o de momento Wyoming. Incluso se atrevió a reñir al abogado que osó preguntarle al testigo: “¿Sabe usted quién es Eme punto Rajoy?”. Imperdonable que nos hurtara una de esas tonterías tan de la casa que producían el efecto de sonrisas con Marianico.

Tras el juicio, y demostrada la implicación criminal del PP, según dos magistrados, él, por supuesto, tenía que discrepar. Hizo un voto particular como si hubiera estado en un juicio diferente. Acaso no tiene mesilla de noche donde dejar su ideología.

Poco después sería ascendido –¡oh, milagro!–, por un CGPJ cuyo mandato había caducado, al Supremo. Así, se cumplirían dos efectos: 1) agradecimiento por los servicios prestados y 2) garantía de que seguiría siendo fiel a sus principios (políticos). Era tan importante Hurtado que en un CGPJ de mayoría absolutísima de la derecha, y siendo de análoga composición la Sala II, no tuvieron reparo en esa misma sesión plenaria en ceder dos plazas para magistrados progresistas a cambio de colocar a Hurtado. Había hecho muchos méritos y era de total fidelidad. 

Un juez tiene que estar abierto a hacer justicia y, para eso, buscar la verdad. En este caso, no es así

Su actuación en el asunto del fiscal general está muy marcada por algo que es inmensamente contrario a la imparcialidad: haber tomado una decisión antes de empezar. Un juez tiene que estar abierto a hacer justicia y, para eso, buscar la verdad. Esto es tarea del instructor y de los juzgadores. En este caso, no es así. Desde el minuto cero, el personaje ha ido con una idea preconcebida: cargarse al fiscal para hacer daño al Gobierno. Para ello, ha tomado decisiones que han vulnerado el derecho de defensa, rechazando practicar numerosas pruebas que podían entorpecer su objetivo ya preconcebido (no citar al denunciante, no descargar el móvil de quien causó todo, MAR, etc.) y minusvalorando y no aludiendo siquiera a las que dejaban en evidencia al mal juez. En el último auto llega al paroxismo de asumir incluso una defensa del propio querellante cuando aquí no se dilucida nada sobre el supuesto “honor” de este.

Lo que está sucediendo en la judicatura española es grave y muy triste. Como al principio apunté, se nota muchísimo la mano, la influencia, la protección y la seguridad de Manuel Marchena de que la Sala, cuando haya de resolver tras el juicio (el pre-juicio ya está hecho), no va a dejar a Ángel Hurtado con el culo al aire porque para eso está, también, la toga: para tapar las vergüenzas de quienes no la tienen.