EL NUEVO PAPEL POLÍTICO DE
JUNTS
En el nuevo escenario, los de Puigdemont han dejado de ser un partido independentista para volver a ser lo que eran antes de 2011: un partido catalanista de derecha
DIARIO RED
Carles Puigdemont — Junts / Nuria Martínez
Durante todo el desarrollo del procés, el espacio político heredero de Convergència i Unió —que ha cambiado varias veces de nombre y que ahora responde a la denominación de 'Junts per Catalunya'— implementó una estrategia política objetivamente audaz que le condujo a obtener importantes victorias. En primer lugar y a pesar de haber sido siempre un partido autonomista, decidió en torno a 2011 abrazar primero un soberanismo más radical y después el independentismo como la única manera de evitar ser arrasado por las ondas de choque de la crisis financiera y del 15M, que incluía a los herederos de Jordi Pujol en la misma categoría que al PP y al PSOE como perpetradores de los salvajes recortes sociales que impuso el consenso neoliberal. Según analistas como Enric Juliana, los acontecimientos del 15 de junio de 2011 en los que un gran número de manifestantes indignados rodeó el Parlament y obligó a una parte de los diputados a entrar en vehículos blindados y al propio President Artur Mas a entrar en helicóptero fueron decisivos para el cambio de estrategia. Así, el propio Mas impulsaría el primer referéndum del 9 de noviembre de 2014 pidiendo el sí para la independencia de Catalunya. El 25 de diciembre de ese mismo año, los ex convergentes darían inicio a otra de las patas de su estrategia que también resultó notablemente eficaz durante varios años: la maniobra envolvente para capturar a ERC de forma subordinada en una configuración aparentemente unitaria. Ese día, Artur Mas hizo un llamamiento a crear una lista única a favor de la independencia para las siguientes elecciones autonómicas que se convocarían el 27 de septiembre de 2015. La envolvente funcionó y ERC fue obligada a presentarse dentro de la candidatura conocida como 'Junts pel Sí', en la que Mas era el candidato a la presidencia. Al no obtener la mayoría absoluta que esperaban, la investidura del nuevo President quedó en manos de la CUP, que había prometido en campaña que nunca investiría a Mas. Tras unas largas negociaciones, los ex convergentes optaron por dejar caer al expresident y proponer a Carles Puigdemont, quien finalmente se convertiría en President el 10 de enero de 2016. A partir de ese momento, la estrategia decidida en 2011 se intensificó y se produjo el nuevo referéndum del 1 de octubre de 2017 al tiempo que las derechas y una buena parte del PSOE entraban en una dinámica ultraespañolista que se convirtió en violencia policial en las calles de Catalunya durante el día de la votación y, posteriormente, en violencia judicial contra los líderes independentistas.
Durante
todos esos años y hasta que ERC los adelantó en las elecciones autonómicas de
2020, consiguiendo finalmente que Pere Aragonès fuera investido como el nuevo
President de la Generalitat, el espacio político que hoy se denomina 'Junts per
Catalunya' fue capaz —mediante la citada estrategia— de constituirse como el
sector dirigente del proceso independentista. Al mismo tiempo y al situar el
eje de la independencia como el principal eje político de debate en Catalunya
—y también muchas veces en el conjunto de Estado—, Junts consiguió una segunda
ventaja táctica facilitando que mucha gente "olvidase"
durante un largo periodo de tiempo su naturaleza de partido neoliberal que
responde a los intereses de las élites económicas catalanas.
La apuesta por la
independencia de Catalunya se ha debilitado de forma importante
Sin
embargo, en los últimos años, todo esto ha cambiado de una forma significativa.
Por diferentes motivos que no vamos a entrar a analizar en este breve editorial
pero que seguramente incluyen la frustración de la promesa de la independencia
así como la violencia política, mediática y judicial ejercida contra el
independentismo catalán por parte del bloque de poder español, la apuesta por
la independencia de Catalunya se ha debilitado de forma importante. Según el
CEO catalán, tan solo el 40% de los encuestados apoya en estos momentos la
opción de una Catalunya independiente. En el Parlament y tras las últimas
elecciones que ganó el PSC, el número de diputados independentistas ha caído a
61 de un total de 135. Ambas cifras son las más bajas de toda la última década.
En el
nuevo escenario, tanto ERC como Junts han dejado ostensiblemente aparcada la
agenda independentista —más allá de la retórica y de guiños simbólicos como la
matrícula 1-O-2017 en el coche que compartieron recientemente Carles Puigdemont
y Oriol Junqueras— y se han insertado de forma decidida en una dinámica
de negociación con el PSOE en la que intentan demostrar cada semana
que son capaces de arrancar cesiones de Gobierno de España aparentemente
beneficiosas para Catalunya.
En el
caso de ERC, su bajada significativa en las últimas elecciones y su mayor
propensión a negociar temas sociales les ha proporcionado un perfil más bajo en
el que su voto a favor de las iniciativas del Gobierno se da prácticamente por
descontado. Existen señales de que la nueva dirección de Oriol Junqueras puede
estar pensando en endurecer su relación con el PSOE para poder ganar algo de
perfil, pero las consecuencias materiales de un giro como ese todavía no se han
producido. La negociación más dura que han protagonizado los republicanos en
los últimos meses no ha tenido que ver con el Gobierno de España sino con la
investidura de Salvador Illa y el pacto que consiguieron arrancar al PSOE sobre
la 'financiación singular' a cambio de sus votos.
En el
caso de Junts, sin embargo, las negociaciones con el PSOE han resultado ser —al
menos, aparentemente— más duras y, de hecho, los de Puigdemont consiguieron
arrancar a los de Sánchez nada menos que la Ley de Amnistía, algo que el propio
presidente, así como todos los portavoces del PSOE y también sus medios de
comunicación y opinadores afines juraban que era inconstitucional hasta unos
días antes de conocer los resultados de las elecciones generales. En esta
dinámica, en la que Junts ha llegado incluso a votar en contra de algunas
iniciativas del Gobierno en el Congreso, Puigdemont ha conseguido
situarse en el centro del foco mediático utilizando en buena medida la misma
táctica que algunos han definido como 'procesismo'. Esto es, una larga
sucesión de gestos simbólicos, giros discursivos, amagos y fintas, normalmente
carentes de contenido material. De esta forma, atrapados en esta improductiva
telaraña, los cronistas de la villa de Madrid llevan meses midiendo con un
termómetro la temperatura variable de las relaciones entre el PSOE y Junts,
hablando de una "ruptura" que nunca llega o teniendo largos debates
sobre la posibilidad de que se produzca una foto que sea el preámbulo de una
reunión en la que se trate el avance en algún tipo de pacto cuyo contenido casi
nunca importa lo suficiente como para ser incluido en el titular de la noticia.
El último movimiento en este sentido ha sido la presentación de una PNL por
parte de Junts —es decir, una iniciativa parlamentaria no vinculante— para
pedir a Sánchez que presente una moción de confianza en el Congreso.
Lo máximo que puede pasar es
que Junts decida ejercer su autonomía de voto en el hemiciclo para tumbar
algunas de las medidas del Gobierno
Esta
densificación de las maniobras simbólicas con estructura procesista —algo
bastante peligroso, en tanto que no aborda los problemas principales de la
gente, como la vivienda, y se dedica a versar sobre lo que hacen los políticos—
juega con la amenaza de una posible ruptura de relaciones que, quizás, llevaría
a una moción de censura efectiva —que Junts ya ha descartado públicamente— o a
un adelanto electoral, pero parece bastante claro ya que nada de eso va
a ocurrir. Durante esta semana hemos vivido el último capítulo de ese tira
y afloja puramente comunicativo y de consumo interno para los respectivos
electorados del PSOE y de Junts —los primeros no pueden mostrar que ceden
fácilmente y los segundos tienen que mostrar que son duros negociando— y, de
nuevo, ha quedado en nada. Primero, el PSOE amenazó con vetar la PNL en la Mesa
del Congreso y Junts amenazó con la ruptura, sea lo que sea lo que eso
signifique. Después el PSOE decidió no ejercer el veto y posponer la decisión.
Como consecuencia, Puigdemont anunció la temida ruptura —en las negociaciones
"sectoriales"— pero tardó pocas horas en rebajar el tono y decir que
confía en que todo se encauce en una nueva reunión en Suiza.
A estas
alturas, ya resulta evidente para cualquier observador político mínimamente
alfabetizado que nada grave va a ocurrir durante este baile a dos y que lo
máximo que puede pasar es que Junts decida ejercer su autonomía de voto en el
hemiciclo para tumbar algunas de las medidas del Gobierno; algo que, por otra
parte, ya ha venido haciendo y que nos lleva al último elemento —muy
significativo a nuestro entender— del nuevo papel político que juega Junts en
el actual escenario.
Al haber
perdido fuerza el eje independentista —y al haber sido abandonada esa agenda de
forma efectiva por parte de Puigdemont—, los demás ejes ideológicos
vuelven a aparecer y se vuelve a hacer presente el hecho de que Junts
es un partido que defiende una agenda neoliberal en lo económico y que opera en
las instituciones como un representante de la oligarquía catalana. En la última
época y una vez que se ha despejado la bruma del procés, hemos visto cómo Junts
votaba junto a PP y VOX en contra de prohibir el comercio de armas con Israel,
como ponía en el centro de la negociación las competencias de inmigración —para
competir con la extrema derecha de Aliança Catalana—, cómo tumbaba —también
junto a la derecha y la extrema derecha españolista— una iniciativa de los
colectivos para impedir el fraude en los alquileres de temporada o cómo pactaba
—con el PSOE y de la mano del PNV— eliminar el gravamen a las grandes
energéticas. Por ponerlo en pocas palabras, en el nuevo escenario, los de
Puigdemont han dejado de ser un partido independentista para volver a ser lo
que eran antes de 2011: un partido catalanista de derechas.
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