¿SALVADOS?
Conocíamos
que es lo que podía hacer Donald Trump tras su investidura como presidente de
los Estados Unidos de América y lo hizo; tras una inédita firma pública de
decretos masiva anuló y desmanteló la legislación y política seguida por Biden,
además de indultar a los asaltantes al Capitolio, en un intento de golpe de
Estado promovido por el mismo Trump, al no reconocer la victoria o derrota
promovida por los Demócratas. No fue traidor, ya lo había anunciado. Salvó a
sus colaboradores golpistas. Agentes de inmigración se disponen a comenzar ya
las redadas para buscar a personas indocumentadas, cumpliendo la orden de Trump
de realizar redadas contra migrantes en escuelas e iglesias; trabajadores
humanitarios informan de la presencia de militares en la frontera con México.
Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez hace un llamamiento para que Europa se rebele contra la «tecnocasta» de Sillicon Valley, en referencia a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que a su juicio están utilizando su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y la acción gubernamental en Occidente.
En
Europa, mientras la ultraderecha se envalentona con la llegada de Trump,
sienten como propio su triunfo, sueñan con emular la política anti-climática y
anti-migratoria que en EEUU se ha aplicado desde el primer momento trumpista y
llaman a ocupar Bruselas. Los gobiernos europeos tratan de mantener la calma
ante el retorno de Trump a la Casa Blanca ante la amenaza de un líder
impredecible que puede poner en riesgo miles de millones de la relación
comercial, mientras la OTAN se pliega a su exigencia de aumentar el gasto en
defensa.
La
UE hace equilibrios para mantener los lazos con Trump mientras pelea por no ser
víctima del ninguneo. “Esperamos un compromiso positivo con la Administración
estadounidense, basado en nuestros valores e intereses comunes. En un mundo
difícil, Europa y Estados Unidos son más fuertes juntos”, fue la medida (y
tardía) respuesta consensuada por los presidentes del Consejo Europeo y la
Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen. La vicepresidenta del
gobierno comunitario Teresa Ribera justificó esa salida tibia a los desaires
del magnate republicano. «No nos gusta el enfoque de
confrontación«, apostando por mantener la cabeza fría ante el
impredecible escenario que se abre en las relaciones transatlánticas.
Sigue
en juego el futuro de la guerra de Rusia y Ucrania y nadie da un «duro»
(dólar/euro) -que decíamos por estos lares-, por poner fecha a su finalización
ni a la condiciones del cese. Desde 2022, el Gobierno de Estados Unidos tiene
como objetivo poner fin a la guerra en Ucrania. Primero lo intentó Joe Biden
(mantuvo la entrega de armas), ahora es el turno del presidente Donald Trump,
que prometió a lo largo de su campaña electoral acabar con el conflicto 24
horas después de ingresar a la Casa Blanca. Ya ha pasado el plazo y el
conflicto se mantiene con la misma crudeza. Ahora, el enviado de paz para Ucrania y
Rusia, Keith Kellogg, ofrece un lapso de tiempo mayor igual de
ambiguo, que podría llegar a los seis meses.
Sobre
la guerra de Israel contra el pueblo palestino, nada hace pensar que el alto el
fuego sea principio de nada. La nominada por el presidente de Estados Unidos,
ante Naciones Unidas, la congresista Elise Stefanik, ha afirmado que Israel tiene derecho bíblico a
ocupar Cisjordania ¡con dios hemos topado!, por lo que la razón
humanista pierde todo sentido y los derechos humanos ni los menciono. Para el
genocida Benjamín Netanyahu, un alto el fuego en Gaza, no significa el fin de
la guerra contra el pueblo palestino.
Quienes
ni nos hemos salvado somos los jubilados y pensionistas que nos hemos visto
sometidos a unas decisiones políticas de la extrema derecha capitalista como es
el Partido Popular v0x y Junts per Catalunya. Han votado en contra del decreto
del Gobierno, en el que se aprobaba, entre otras decisiones la subida de las
pensiones, la prorroga a los precios del transporte público, las ayudas a los
afectados de la DANA en Valencia. La mayoría social y especialmente las
personas vulnerables, clase trabajadora y las clases populares en general,
hemos sufrido una agresión sin precedente. Tendremos ocasión de ampliar esta
información los próximos días.
Estas
son algunas de las medidas sociales incluidas en el decreto y tumbadas por la
pinza entre el PP y Junts: Revalorización de las pensiones del 2,8% para las
contributivas y del 9% para las no contributivas; Subida del ingreso mínimo en
un 9%; Suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin
alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025; Ayudas al
transporte: prórroga de hasta el 30 de junio de 2025 de los descuentos de hasta
el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales; Prórroga de
la prohibición de cortes de suministro a los consumidores vulnerables hasta
finales de año; Prórroga de la cuantía actual del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) para que no decaiga en 2025 mientras no se establece la
nueva cuantía para el próximo año; Prórroga de las deducciones por obras de
eficiencia energética en las viviendas; Paquete de ayudas por la DANA;
Deducciones del IPPF por compra de vehículos eléctricos; Ayuda a la compra de
bicis eléctricas; y nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos.
Los
sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, hacen un
llamamiento a la ciudadanía a participar masivamente en las movilizaciones (2
de Febrero) que se convocan e invitan a todas las organizaciones sociales,
sindicales y políticas que compartan las reivindicaciones a sumarse al proceso
de movilizaciones. Los sindicatos subrayan su rechazo a la anulación
de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social
rechazadas por el Congreso con el voto conjunto de Junts, Partido Popular y Vox.
Es un ejercicio de oportunismo político, que tiene elevadísimos costes sobre
las espaldas de la ciudadanía.
Hay
que exigir la aprobación por el Gobierno a través de la figura del Real Decreto
Ley, de un nuevo paquete de medidas; la convalidación posterior de esas normas
por parte del Congreso, evitando tomar a la población con mayores necesidades
como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas
necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto
favorable de quienes ahora han provocado esta anulación.
En
España, las Cortes Generales han iniciado un curso político sin procedentes,
tanto por lo temas que han de tratar como por la configuración política. Es
preciso, hoy más que nunca que diputados y senadores trabajen rigurosamente,
con dedicación, con criterio y sentido democrático, abandonando el insulto, el
bulo y la mentira.
Por
la revalorización de pensiones públicas, contributivas y no contributivas, por
establecer un escudo social, por ayudas para el uso del transporte público; y
por la facilitación de los recursos económicos suficientes para las personas
afectadas por la DANA.
Víctor
Arrogante
En
X @caval100
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