DESATRANQUES

 

DESATRANQUES

MIGUEL ÁNGEL LLAMAS 

 

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en un seminario en enero de 2024 — David Zorrakino / Europa Press / ContactoPhoto

El Estado profundo contra la democracia es uno de los principales clivajes del momento

Las declaraciones del juez Eloy Velasco, publicadas por el diario El País, en las que arremete contra la formación del Gobierno de coalición, la ley del solo sí es sí y el trabajo como cajera de Irene Montero son extremadamente graves por su cariz antidemocrático, machista y clasista. Sus palabras, manifestadas en un acto formativo, permiten comprender mejor el boicot que una parte de la judicatura llevó a cabo contra la ley del solo sí es sí. Algo parecido ocurrió con los audios del juez Joaquín Aguirre, publicados por Diario.Red, que evidenciaron la estrategia de la judicatura contra la ley de amnistía. Hace unos pocos años, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una entrevista televisiva, dijo que la democracia se ponía en solfa con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. Sobran los ejemplos. Todas estas declaraciones se han hecho, cuando no con el aplauso, con el silencio cómplice de la gran mayoría de la judicatura. Cuando hablan, los fachas con toga son voces representativas de la judicatura, de lo que piensan y de lo que hacen.

Más allá de la coyuntural ofensiva reaccionaria, el principal condicionante de la judicatura es su ausencia de cultura democrática

Amplios sectores del poder judicial han ejercido en los últimos años, de manera explícita, como un actor político que conspira contra la democracia. El lawfare campa a sus anchas. Más allá de la coyuntural ofensiva reaccionaria, el principal condicionante de la judicatura es su ausencia de cultura democrática, algo que es extensible al conjunto de la comunidad jurídica. El problema no se solucionaría con medidas reformistas superficiales.

Un diagnóstico similar puede hacerse de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso de las Fuerzas Armadas. La acción persistente de las cloacas del Estado revela la existencia de elementos estatales incontrolados que socavan la democracia. El problema es estructural. Recordemos a los guardias civiles dispuestos a “derramar hasta la última gota de sangre” o los exmilitares que comentaban la necesidad de aniquilar a 26 millones de rojos, “niños incluidos”. No se trata de elevar la anécdota a categoría, sino de prestar atención a la sistematicidad de las conductas antidemocráticas, a la capacidad estructurante de los discursos y comportamientos reaccionarios, a la trascendencia política de las irregularidades.

Tampoco puede obviarse el rol simbólico y representativo de la monarquía en el funcionamiento del Estado dual. Su opacidad e impunidad, así como sus intervenciones calculadas, son catalizadores de la operativa reaccionaria. Democracia y monarquía, como tantas otras veces a lo largo de la historia, se revelan incompatibles.

Los actores estatales antidemocráticos son autónomos respecto de los poderes públicos electos, pero no respecto del poder económico-mediático

Lo que cohesiona a los reaccionarios españoles en términos comunicativos es un nacionalismo esencialista contrario a los valores de un Estado social y democrático de derecho. En términos de proyecto político sustantivo, el fin es evidente: salvaguardar los intereses oligárquicos que se vieron cuestionados por la respuesta popular a la Gran Recesión de 2008. Los actores estatales antidemocráticos son autónomos respecto de los poderes públicos electos, pero no respecto del poder económico-mediático.

La soberanía popular hoy se ve amenazada desde dos ámbitos diferenciados, pero entrelazados. De un lado, por las presiones de la geopolítica y de un poder económico globalizado. De otro, por la acción coordinada de elementos estatales que operan al margen del principio democrático. Aunque en España existen singularidades derivadas de una transición fallida, la ofensiva reaccionaria converge a escala global.

El Estado profundo contra la democracia es uno de los principales clivajes del momento. ¿Son viables las reformas democratizadoras para desatrancar un Estado con elementos antidemocráticos consustanciales al sistema constitucional de 1978? ¿Quiénes están dispuestos a emprenderlas?