LOS BULOS EN LAS REDES
Después de haber escuchado la propuesta del
Gobierno contra los bulos, Ferreras, Peinado y Escalonilla están en su casa
brindando con champán
DIARIO RED
Martínez Vélez / Europa Press
El
Gobierno anunció este martes que
pretende aprobar una nueva legislación para extender el derecho de
rectificación —hasta ahora, limitado por una ley de 1984 a los medios de
comunicación— a los usuarios de redes sociales "de especial
relevancia", cuantificándose este calificativo como tener más de 100.000
seguidores en una única plataforma o más de 200.000 en todas las plataformas en
las que el usuario esté presente de forma agregada.
Aunque la posibilidad de que las falsedades que se publican en cualquier ámbito se puedan rectificar es algo positivo por sí mismo, lo cierto es que la propuesta presenta más aristas oscuras que ventajas. En primer lugar, porque la nueva rectificación, que en los medios se limita a los hechos, ahora podría incluir la expresión de opiniones cuando "resulten imprescindibles para entender el contexto". Una ampliación ciertamente inquietante que no nos cabe duda que se acabará utilizando contra la izquierda pero que no es, ni de lejos, lo más grave.
De hecho,
para poder valorar la propuesta en su justa medida, la pregunta que nos tenemos
que hacer es si tiene la potencialidad para mitigar —aunque sea
mínimamente— la difusión de mentiras como arma política que intoxica la
democracia. Y la respuesta es no.
Los canales más poderosos de
difusión de bulos y manipulaciones no son las redes sociales de usuarios
individuales sino ciertos grandes medios de comunicación corporativos
Como
resulta completamente evidente, los canales más poderosos de difusión de bulos
y manipulaciones no son las redes sociales de usuarios individuales sino
ciertos grandes medios de comunicación corporativos. Ya antes de Internet,
podemos señalar el caso de las mentiras sobre la autoría de los atentados de
Atocha que se difundieron de forma masiva a través de diferentes periódicos,
televisiones y emisoras de radio de ámbito estatal. Para llevar a cabo esa
intoxicación golpista de la opinión pública no hizo falta X, Facebook, Telegram
o TikTok. Los bulos reaccionarios se emitieron entonces —incluso durante años
después de elecciones— a través de varios medios tradicionales y lo mismo ha
ocurrido durante la última década con todas y cada una de las campañas de
desinformación masiva que se han ejecutado, por ejemplo, contra Podemos. Los
bulos de la financiación venezolana de los morados —repetidos, por cierto, por
Pedro Sánchez varias veces en campaña—, los bulos fabricados por las cloacas
del PP —el falso 'informe PISA' que todavía sigue disponible en la web de la
Cadena SER—, el falso respirador para Manuela Carmena, las falsas competencias
de Pablo Iglesias sobre las residencias o la confesión de Ferreras ante
Villarejo de que "fue con ello" a pesar de ser "demasiado
burdo", todo ello, toda esa ciénaga nauseabunda de mentiras con intención
golpista, fue originada y difundida por medios de comunicación de toda la
vida. Al no tocar ni un pelo a esta práctica, la propuesta anunciada
por el Gobierno garantiza la impunidad de los cañones de bulos más poderosos
del país. Por supuesto, se podrá seguir exigiendo el derecho de
rectificación en este ámbito, pero ya todos sabemos que la difamación ocupa
cientos de horas de televisión y radio y portadas enteras mientras la
rectificación —cuando hay suerte y se produce— es prácticamente invisible y hay
que utilizar una lupa para encontrarla.
Una buena proporción de los
bulos difamatorios que circulan en el espacio público tiene su origen en la
operativa de determinados jueces
Pero es
que, además, si algo hemos aprendido en los últimos años y si algo ha movido a
Pedro Sánchez y al PSOE a cambiar —aunque sea tímidamente— su discurso es
precisamente la constatación de que una buena proporción de los bulos
difamatorios que circulan en el espacio público tiene su origen en la operativa
de determinados jueces. Así, por mucha legislación que se apruebe sobre la
posibilidad de rectificar afirmaciones falsas, seguirá abierta la puerta para
que, primero, cualquier organización ultraderechista denuncie a cualquier
persona por corrupción sin ninguna prueba, segundo, un juez activista decida
iniciar una larga investigación prospectiva y, tercero, los medios que tengan
voluntad golpista se pongan a fabricar titulares del tipo "La justicia
investiga a Fulanito por presuntamente cobrar comisiones ilegales, robar dinero
público y ser un corrupto". Aunque la utilización de un magistrado
—este sí, corrupto— como proxy y la inclusión de palabras clave como
'presuntamente' y similares mantiene la cobertura mediática de la infamia en el
ámbito de la veracidad, habría que ser un auténtico cínico para negar la
voluntad espuria y los efectos difamatorios que tiene la —ya muy conocida—
operativa. Aunque ahora hasta El País haga artículos especiales sobre los
cuatro años de basura que estuvo fabricando el juez Escalonilla en el 'caso
Neurona', es evidente que el daño político provocado por esta larga cacería de
lawfare no se puede revertir fácilmente. En nada afecta la propuesta del
Gobierno a esta operativa repugnante que se ha usado profusamente contra el
activismo social, contra el independentismo catalán, contra el feminismo o
contra Podemos, y que ahora empieza a rozar al entorno familiar del presidente.
Aunque
critiquen la medida con la boca pequeña, la realidad es que los periodistas y
jueces corruptos que llevan amañando el proceso democrático en España desde que
se modificó radicalmente el tablero político después del 15M están aplaudiendo
y descorchando botellas de champán en su casa después de haber escuchado al
ministro Félix Bolaños anunciando la nueva legislación. Ahora que ya saben que
todo se va a reducir a una medida contra personas individuales en las redes
sociales mientras el lawfare judicial y la difamación mediática permanecen
completamente impunes, que a nadie le quepa duda de que van a redoblar su
actividad golpista. También contra el PSOE.
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