XABIER FORTES, ENRIC JULIANA Y EL LAWFARE

 

XABIER FORTES, ENRIC JULIANA Y EL LAWFARE

DIARIO RED

Enric Juliana (La Vanguardia YouTube), Alberto González Amador (Diego Radamés / Europa Press) y Xabier Fortes (RTVE)

Toca cruzar los dedos y esperar que Fortes y Juliana se encuentren con un juez que no haya abrazado la corrupción o que, por lo menos los medios señalen la infamia y no los conviertan en presuntos injuriadores

La pareja de Ayuso, el defraudador fiscal confeso, Alberto González Amador se ha querellado contra los periodistas Xabier Fortes y Enric Juliana tal y como ha desvelado el primero en el programa que presenta: 'La noche en 24 horas'. El motivo de la querella sería, precisamente el haberlo llamado "defraudador confeso". González Amador pide por ello 5000 euros a cada uno por supuestas injurias y los convoca a un acto de conciliación.

Obviamente, la querella no tiene ni pies ni cabeza, ya que, como es público y notorio, la pareja de Ayuso reconoció ante la fiscalía el haber cometido fraude fiscal y, por lo tanto, es un "defraudador confeso" en todo el rigor y la precisión de la expresión. Esto mismo ha recordado Fortes en un comunicado, dejando claro que se reafirma en la calificación y que no va a conciliar. El problema es que, en España, ya nos hemos acostumbrado a los procesos judiciales sin base que van p'alante.

Por supuesto, desde aquí, mandamos todo el apoyo a Xabier y a Enric y les deseamos toda la suerte ante esta agresión. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el hecho de que la querella sea completamente absurda no significa automáticamente que se vaya a conseguir una inadmisión de la misma a trámite —que sería lo lógico— sino incluso ni siquiera una resolución judicial absolutoria al final del camino.

Hace unos años nos habría parecido inconcebible la posibilidad de que dos reconocidos periodistas fueran condenados por injurias por el simple hecho de enunciar una verdad conocida por todos

Hace unos años nos habría parecido inconcebible la posibilidad de que dos reconocidos periodistas fueran condenados por injurias por el simple hecho de enunciar una verdad conocida por todos. Primero, porque la base de la querella es inexistente. Pero también porque el gremio periodístico ha sido tradicionalmente uno de los más protegidos frente a este tipo de prácticas, toda vez que la libertad de prensa constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia. Sin embargo, muchas cosas han cambiado a lo largo de estos años.

En la última década, hemos visto a los jueces cruzar cada vez más líneas rojas para hacer lawfare contra aquellos que la derecha percibe como sus adversarios políticos. Allá por 2014, nadie podía imaginar que un magistrado se pusiera a investigar un partido político por gravísimos delitos únicamente basándose en 'rumorología', y eso es justo lo que hizo Escalonilla. Antes de la ruptura del tablero político como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y del 15M, ningún ciudadano de bien habría podido concebir la posibilidad de que un juez intentara imputar a un vicepresidente del Gobierno en base a pruebas falsas, y eso es justo lo que hizo García Castellón. Al principio de la década, que un magistrado le robase el acta a un diputado del Congreso mediante un acto ilícito no cabía en la cabeza de nadie, y, sin embargo, eso es justo lo que hizo Manuel Marchena. Se metió a líderes independentistas en la cárcel por delitos que no son convalidables a nivel europeo, se metió a chavales como los seis de Zaragoza en prisión simplemente por manifestarse contra VOX, se inhabilitó a dirigentes políticas como Isa Serra sin absolutamente ninguna prueba material que sustentase la condena, se disparó por tierra, mar y aire contra independentistas, podemitas, feministas y activistas de izquierdas, los jueces tomaron decisiones que nunca van a ser calificadas como prevaricación simplemente porque son los propios jueces los que tendrían que emitir dicha condena y la mayoría de los medios de comunicación utilizaron dichos procedimientos para difamar a los falsamente acusados, intentar destruir su reputación y sus proyectos políticos y así amañar el proceso democrático.

Todo esto, además, fue avalado y muchas veces aprovechado por la progresía política y mediática para intentar desgastar a las fuerzas políticas que no son el PSOE y que no se subordinan a él. Ahí está la hemeroteca de Pedro Sánchez utilizando repetidamente los bulos de las cloacas sobre la financiación venezolana de Podemos, ahí están las declaraciones del hoy presidente anunciando en campaña prácticamente que iba a ir a Bélgica para traer a Puigdemont a España para meterlo en la cárcel, ahí están las innumerables ocasiones en las que los portavoces del PSOE han dicho que "hay que dejar trabajar a la justicia" cuando se estaba ejerciendo toda la violencia judicial y mediática del lawfare contra los independentistas y los morados, ahí está, como uno de los más repugnantes broches de oro al colaboracionismo del PSOE con el lawfare, la contrarreforma que pactaron nada menos que con el PP para mutilar la Ley Sólo Sí es Sí ante la ofensiva reaccionaria de algunos magistrados y ciertos 'contadores' en la televisión que prácticamente aplaudían cada vez que un juez rebajaba la pena a un agresor sexual.

Si toda esa legitimación del lawfare por parte del PSOE y de buena parte de la progresía mediática ya estaba lanzando un clarísimo mensaje a los operadores golpistas de que podían hacer absolutamente su voluntad sin el más mínimo miedo de sufrir represalias, cuando el PSOE decidió entregar el CGPJ —el órgano del que dependen los ascensos de los jueces a las más altas magistraturas— al PP y a la derecha judicial, el mensaje quedó grabado en piedra: "podéis hacer lo que queráis, que no os va a pasar nunca nada".

A lo largo del último año, hemos visto cómo se cruzaban líneas rojas que nunca antes el sistema del turno bipartidista se había atrevido a dinamitar

Por eso, a lo largo del último año, hemos visto cómo se cruzaban líneas rojas que nunca antes el sistema del turno bipartidista se había atrevido a dinamitar. En los últimos meses, hemos visto a magistrados y periodistas disparar contra el entorno familiar del líder de uno de los dos partidos dinásticos y actualmente ocupante de la Moncloa. En los últimos meses, hemos visto al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso anunciar las decisiones judiciales antes de que estas se produzcan y convertir el caso de fraude fiscal de su pareja en una imputación contra nada menos que el Fiscal General del Estado, llegando incluso a clonar sus dispositivos de comunicación, en un movimiento peligrosísimo que puede dejar expuesta la información del más alto representante de la Fiscalía y, por tanto, responsable de perseguir los delitos más graves que se producen en España.

Así las cosas, toca ahora cruzar los dedos y esperar que Xabier Fortes y Enric Juliana se encuentren con un juez que todavía no haya abrazado la corrupción y que, si les toca en suerte un juez corrupto, por lo menos los medios de comunicación señalen claramente la infamia y no los conviertan en presuntos injuriadores. Lo contrario sería aberrante, pero, lamentablemente, no se puede descartar. Ojalá, cuando todo esto empezó, hace ya más de 10 años, casi todo el progresismo y casi todo el periodismo de este lado del parteaguas hubiesen puesto pie en pared denunciando la cacería. Eso habría sido defender la democracia y, además, ahora no tendríamos que estar cruzando los dedos por el amigo Xabier y el amigo Enric.