LA FEDERACIÓN DE SALUD DE INTERSINDICAL CANARIA
RESPECTO A LA DESAPARICIÓN DE MUFACE
INTERSINDICAL
CANARIA
La
Federación de Salud de Intersindical Canaria considera que, con una adecuada
inversión y gestión, el gobierno puede asumir paulatinamente en el SCS la
atención de los mutualistas.
Desde la Federación de Salud de Intersindical Canaria, como firmes defensores de la sanidad pública y la lucha contra las privatizaciones, no nos es extraña la posición de las aseguradoras privadas (DKV, ASSISA, Sanitas, etc.) y la patronal privada (Instituto IDIS), con su chantaje para que se incrementen en un 40% los fondos que reciben del estado español a través de Muface, organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública. Éstas empresas no hacen sino mantener la dinámica habitual de parasitar del erario público y practicar la selección de los pacientes que consideran más rentables dentro de su tratamiento de la salud como un negocio que les reportó, en el año 2023, unos beneficios de 10.500 millones de euros, gracias a la política de recortes y desmantelamiento de la Sanidad Pública de muchos gobiernos autonómicos como el canario.
A principios de noviembre, la
licitación del concierto sanitario quedó desierta porque ninguna de las
aseguradoras se presentó para renovarlo en el periodo 2025-2026.
Implicaba un aumento del 17,12% de la prima por asegurado, (1.337 millones de
euros para el primer año y 1.344 para el segundo), pero las aseguradoras
demandan un incremento por encima del 40%.
Por ello, no ayuda al servicio
público que el gobierno siga indefinidamente manteniendo un sistema que la Ley
General de Sanidad de hace casi 40 años declaró extinguir, y cuyo único
objetivo es subvencionar a las grandes aseguradoras privadas con fondos
públicos, mientras se estrangula presupuestariamente a la sanidad pública en
todos los niveles para justificar tal operación neoliberal. Al tiempo, las
administraciones garantizan una cartera fija de clientes: los funcionarios
públicos, que entendemos, deberían pasar a ser atendidos, a corto plazo, por el
Régimen General de la Seguridad Social y su Sistema Nacional de Salud. No es de
recibo, para la Federación de Salud de Intersindical Canaria, que un colectivo
de profesionales del sector público tenga que materializar su derecho
fundamental a la salud, a través de operaciones desleales con el propio
mantenimiento de la integridad del servicio sanitario público, mejor dotado
desde el punto de vista tecnológico y de la capacitación de los medios humanos,
al tiempo que supone una segregación respecto al resto de trabajadores.
Ahora, desde el Ministerio de Sanidad se
plantea una incorporación progresiva en el plazo de tres años, pero la gran
trampa es que esta modalidad de atención no ahorra gasto al sistema sanitario,
al contrario, ya que en su inmensa mayoría atiende a personas jóvenes que
tienen buena salud (Económicamente rentables) y que, en caso de ver complicadas
sus dolencias, son las propias aseguradoras las que les aconsejan acudir a la
sanidad pública. Son las personas de más de 65 años (minoritarias en Muface)
las que realizan un gasto sanitario mayor (3 veces más que el resto de la
población). Además, es fundamental el dato que el 68% de los nuevos
funcionarios eligen el Sistema Público y la incorporación solo incrementaría un
2% la presión asistencial, lo que quedaría compensado si se gestiona
adecuadamente el dinero que ahora se quedan las aseguradoras.
Es contradictorio que las aseguradoras,
supuestamente, partidarias de la libre competencia empresarial pretendan
mantener las subvenciones públicas y una clientela garantizada, además de
utilizar su posición predominante en el mercado para llegar a acuerdos entre
ellas e imponer precios.
En Canarias, había en el año pasado 62.294
funcionarios adscritos al sistema, de los que 43.256 están en alguna de las
tres entidades privadas y 19.000 de ellos ya han optado por la Sanidad Pública.
Desde la Federación de Salud de
Intersindical Canaria, aunque conocedores de que en Canarias convivimos con un
sistema sanitario tensionado en todos los niveles de atención, mayoritariamente
por las nefastas políticas de recortes, seguimos apostando por fortalecer una
Sanidad Pública Universal y de Calidad, por lo que, en el espacio de tiempo más
corto posible, revirtiendo estos conciertos y dotando presupuestariamente de
forma adecuada para procurar recursos humanos, materiales e infraestructuras
suficientes, deben ser atendidos los funcionarios en el sistema público. El
incremento de usuarios, para que se haga con seguridad para toda la población,
permitiendo garantizar una asistencia sanitaria digna y sin repercusión sobre
las listas de espera y colapsos en los Servicios de Urgencias y la Atención
Primaria supone, claro está, un cambio de rumbo por parte del gobierno canario
en la letal estrategia política de generar deficiencias en el servicio público
para seguir justificando la sangría de dinero del común hacia el negocio de la
sanidad privada.
Canarias 02 de diciembre de 2024.
Federación Nacional de Salud de
Intersindical Canaria
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