LA CONSTITUCIÓN CANSADA

 

LA CONSTITUCIÓN CANSADA

MIGUEL ÁNGEL LLAMAS 

Alberto Núñez Feijóo, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados — Eduardo Parra / Europa Press

Quizás la ofensiva reaccionaria logre retrasarlo, pero el cambio constitucional llegará

La Constitución española de 1978 está jurídica y políticamente agotada. Lo saben sus partidarios y sus detractores. Lo saben quienes aspiran a mantener el statu quo y quienes pretenden superarlo para avanzar en democracia, feminismo, justicia social y justicia climática.

La llamada constitución económica, el conjunto de preceptos constitucionales que se orientan a ordenar la economía, ha sido materialmente derogada por el Derecho de la Unión Europea, que antepone la construcción de un mercado europeo a la protección de los derechos sociales. La Constitución no sirve para mejorar el bienestar general. Carece de herramientas adecuadas para asegurar el principio democrático en supuestos de cesión de soberanía, como ocurre con la Unión Europea, y la concepción de los derechos sociales como meros principios rectores los convierte en papel mojado. La Constitución no ayuda a resolver el problema de la vivienda o la segregación escolar.

No es una mera fórmula ritual que la justicia se administre en nombre del rey

La Constitución no ha servido para democratizar el Estado. La persistencia de las cloacas o la impunidad de la monarquía, garantizada por una inviolabilidad absolutista, son dos ejemplos claros de que las estructuras profundas del Estado continúan instrumentalizándose para obstaculizar los avances democráticos. El principio monárquico, que no es sino un resorte institucional del principio oligárquico, coexiste en la Constitución con el principio democrático. No es una mera fórmula ritual que la justicia se administre en nombre del rey.

La Constitución es igualmente inútil para abordar el problema territorial. La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 reveló los límites del sistema constitucional a la canalización democrática de la cuestión territorial. Recordemos que el Estatut había sido aprobado por el Congreso de los Diputados y por referéndum en Cataluña. Es cierto que la Sentencia del Tribunal Constitucional podría haber sido otra, pero no lo es menos que la Constitución del 78 está diseñada en el plano territorial para contener las demandas soberanistas de Euskadi y Cataluña. La descentralización territorial que prescribe la Constitución, que en principio es positiva para el funcionamiento del poder público, es también rehén del miedo centralista a la realidad plurinacional, un pánico constitucional que explica no pocas debilidades del Estado de las Autonomías.

Necesitamos un debate abierto en nuestras sociedades sobre cómo las Constituciones pueden contribuir a luchar contra la crisis climática y ambiental

La Constitución tampoco está a la altura de los cambios sociales en ámbitos como el feminismo, la memoria democrática o el ecologismo. La crisis climática es una amenaza civilizatoria y la Constitución se limita a enunciar un principio rector de protección del medio ambiente, quizás comprensible para la época, pero hoy a todas luces insuficiente. Necesitamos un debate abierto en nuestras sociedades sobre cómo las Constituciones pueden contribuir a luchar contra la crisis climática y ambiental. Las propuestas de incorporación de los derechos de la naturaleza a la Constitución son audaces y deben ser tenidas en cuenta.

La correlación de fuerzas parlamentarias no da lugar a plantear en el corto plazo escenarios de reforma o ruptura, pero el agotamiento jurídico-político de la Constitución de 1978 resulta evidente. El mito del consenso ya no es eficaz y la sociedad española necesita desbloquear los candados constitucionales para poder avanzar. Quizás la ofensiva reaccionaria logre retrasarlo, pero el cambio constitucional llegará. Mientras tanto, señalemos que el régimen del 78 está desnudo, aprendamos de otras experiencias, sigamos el horizonte republicano y unamos esfuerzos para impulsar una Constitución verdaderamente democrática.