SÍ PODEMOS
PEDIRÁ QUE SE PARALICEN EN ARONA TODOS LOS DESAHUCIOS A FAMILIAS SIN ALTENATIVA
HABITACIONAL
Concepción exige la implicación del alcalde de Arona
Jose Julián Mena para así proteger a las familias con menores en riesgo de
pobreza y exclusión social
El grupo Sí Podemos
en el ayuntamiento de Arona ha dado registro para que el alcalde de Arona, José
Julián Mena dé amparo a una familia con 5 hijos a su cargo, de los cuales tres
son menores y que han ocupado una vivienda pública propiedad de la Consejería
de Viviendas del Gobierno de Canarias, la cual ha estado cerrada durante cerca
de 9 años en Arona Casco
Julio Concepción
concejal de Sí Podemos Arona ha exigido al Grupo Socialista en Arona el
cumplimiento del acuerdo plenario celebrado el 31 de julio de 2015 en el Cabildo Insular de Tenerife con apoyo
unánime de todos los partidos, incluido el PSOE en Materia de Derecho a la
Vivienda y Solidaridad Activa con la Ciudadanía Afectada por Desahucios y las
Personas sin hogar. Entre los puntos aprobados de ese acuerdo destaca que
no se ejecute ni un solo desahucio en la isla de Tenerife sin que exista una
alternativa habitacional.
El concejal aronero señala una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de noviembre
de 2017 donde se ordenó al juez que
autorizó el abandono forzoso de una familia con menores en riesgo de exclusión social que ocupaban
una vivienda pública a que dictará una nueva
resolución en el que se tuviera en cuenta la vulnerabilidad de los menores. El
Tribunal Supremo señala que los jueces deben de
garantizar la protección de los niños antes de autorizar el desalojo de la casa
en la que vivan los menores. El Tribunal establece la doctrina para todos los casos en los que el juez tenga que
autorizar el desalojo por desahucio u ocupación de una casa con niños. En el
caso concreto que ha analizado el alto tribunal, la familia reside en una casa
propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid; caso similar al de familia en
Arona Casco.
Sí Podemos Arona llevará en el próximo
pleno una Moción en Materia de Derecho a la Vivienda para garantizar medidas
reales que aborden la problematica que sufren miles de familias a la hora de
conseguir una vivivienda accessible, para así garantizar el derecho constitucional
a una vivienda digna. Entre las medidas a adoptar estará la Creación de un
Consejo Municipal de la Vivienda, el funcionamiento de una Oficina de
Intermediación Hipotecaria para garantizar a familias y menores asesoramiento
jurídico que se encuentren en exclusion residencial o situación de desahucio.
El concejal de
Sí Podemos en Arona, Julio Concepción señala que “Debemos de tener un gobierno valiente, capaz de regular
el alquiler vacacional, aumentar las ayudas al alquiler a las familias que
tienen más dificultades, multar a los bancos que mantienen sus viviendas vacías con el único fin de
especular y tensionar el mercado del alquiler; así como poner suelo público municipal para la
creación de un Parque Público de Viviendas en Arona en colaboración con el
Gobierno de Canarias. Vamos retrasados en ello. Y duele ver como en Arona Casco
y La Camella sigue habiendo promociones de viviendas públicas cerradas a cal y
canto, mientras hay familias que son desahuciadas“
“Es
intolerable que el Sur de Tenerife encabece desde 2015 los desahucios en nuestra provincia sin que el Gobierno socialista
de Arona no haya hecho nada para proteger a las familias y menores durante el
anterior mandato” indicó Concepción. En 2017 la comarca Sur lideró los
desalojos, tantos los motivados por el impago de las hipoteca como de los
alquileres, “es dificil de entender que
un Ayuntamiento en manos de socialistas no se haya tomado este asunto
con responsabilidad para afrontar esta situación de exclusion residencial y de
alquileres inaccessibles para una mayoría de nuestra gente trabajadora”.Tan
solo rercordar que en la Provincia de Tenerife se llevan a cabo 5 desahucios al
día, entre los que se ecuentran menores”. señaló el concejal de Sí Podemos
Es importante dar cumplimiento a los derechos de la
infancia que es objeto de desahucios, cuya protección queda recogida en la Convención
sobre los Derechos de la Infancia y en la Ley de protección jurídica del menor,
así como en la Constitución para determinar que, antes de autorizar el desalojo
de una familia los responsables públicos deben de asegurar y garantizar una protección
integral y efectiva de los derechos e intereses de los mismos. “Es cuestión de
voluntad política, y esperemos que exista” afirmó Concepción
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