PAÑOS CALIENTES PARA ESTAFAS EMPRESARIALES
DAVID BOLLERO
Imaginen que son
autónomos o autónomas (seguro que no les resulta complicado) y que crean una
trama para ganar contratos públicos con algun@s de sus competidor@s. Imaginen
que les denuncian, les juzgan y le imponen una multa ridícula comparado con el
montante que sacaron con los apaños… y, por último, imaginen que, como andan
cortos de efectivo, esa misma Justicia les suspende le sanción. Sí, lo sé: su
imaginación no alcanza a tanto porque, sencillamente, es una situación inimaginable…
salvo si en lugar de ser autónom@, eres una empresa. Entonces, cheque en
blanco.
En 2018, la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapó una trama
empresarial que se repartía los contratos de informática con la Administración
Pública. Entre las compañías que llevaban a cabo estas prácticas mafiosas
figuraban algunas de las más grandes, como Indra, SAG, Atos Origin, IBM, Everis
Spain o Accenture. La multa que se
impuso, como suele ocurrir en estos casos, fue ridícula: no llegó ni siquiera a
30 millones de euros, a pesar de que la trama llevaba 15 años repartiéndose el
pastel, pactando precios e intercambiando información para encarecer la
contratación pública, es decir, estafando a toda la ciudadanía que con tanto
esfuerzo paga impuestos.
Indra y SAG fueron
consideradas las instigadoras de la trama y, en consecuencia, su multa fue
superior, con 13,5 millones y 6 millones de euros, respectivamente. La tercera
sanción de mayor cuantía fue para Atos (5 millones). A pesar de la cantidad de
dinero obtenido con sus amaños durante tres lustros, Atos dice ahora que anda
corto de efectivo y la Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa.
La compañía de
origen francés que tantos contratos consiguió adjudicarse afirma ahora que sus
elevadas pérdidas la sitúan en una “precaria situación económica”. Así que
desde la Audiencia Nacional han optado por darle margen para pagar la multa,
aunque tendrá que provisionar un fondo de garantía de 5 millones de euros.
Dos grandes
reflexiones con motivo de estos hechos: La primera de ellas, ¿por qué estas
sanciones recaen sobre las compañías y no sobre los directivos al frente de las
operaciones? Resulta curioso cómo los ejecutores de esta estafa que, además,
son los grandes beneficiados con sueldazos hinchados con variables
estratosféricos, se escapan siempre de rositas. No vayan a creer que amañar la
jugosa contratación pública mejora las condiciones laborales de la clase
trabajadora; recuerden la denuncia que hace años ya realicé, precisamente,
sobre la precariedad de Atos, denunciada durante los Juegos Olímpicos por no
pagar salarios dignos.
La segunda
reflexión: ¿por qué la Administración lanza periódicamente campañas para
concienciarnos de pagar el IVA cuando llevamos el coche al taller o cuando
arreglamos una fuga de agua, alegando que de no hacerlo penalizamos la
Educación o la Sanidad públicas? ¿Han escuchado alguna vez una campaña lanzada
a los cuadros directivos de las grandes compañías para recordarles que no
eludan sus obligaciones tributarias o que no constituyan tramas empresariales
para estafarnos? Nunca, a pesar de que eso daña aún más al erario público pues
estos carteles mafiosos se extienden a sectores como los de energía, por
ejemplo. ¿Será porque las puertas giratorias se engrasan mejor con paños
calientes a estas estafas?
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