¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA DEMANDA MILLONARIA A ESPAÑA POR LAS
RENOVABLES?
JOSÉ ARIZA DE LA CRUZ Y LUCÍA
BÁRCENA
La Carta de la
Energía está siendo el instrumento por el que el Estado Español está siendo
demandado por los recortes en los programas de ayudas las renovables hecho por
el gobierno del PP. Según un informe de Corporate Europe Observatory y el
Transnational Institute, en el 88% por ciento de las demandas presentadas no es
una empresa de energía renovable sino un fondo de inversión, a menudo vinculado
con el sector del carbón, del gas o del petróleo. Además muchos de estos fondos
están radicados en espacios de baja fiscalidad como Luxemburgo.
El 31 de mayo el
Estado español fue condenado a pagar 41,8 millones de euros a la sociedad
radicada en Luxemburgo 9REN Holding tras perder el arbitraje de inversiones
interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI). A esta suma se añaden casi seis millones de euros en
costes del procedimiento y gastos del tribunal más los intereses generados
desde junio de 2014.
Desde 2011, España
se ha visto afectada por 45 demandas al amparo del Tratado sobre la Carta de la
Energía, debido a los recortes en las ayudas a las energías renovables que se
iniciaron en medio de una dura crisis financiera y que acabaron con los precios
bonificados para la electricidad generada de manera renovable. Esto afectó a
personas corrientes, a cooperativas de energía renovable y a pequeñas y
medianas empresas, pero son los fondos de inversión quiénes se han beneficiado
del arbitraje de inversiones lo cual revela uno de los defectos más graves del
Tratado. El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo internacional
firmado en 1994 sobre el sector energético y que incluye a casi 50 países de
Europa occidental y del este, Asia Central, y Japón. El acuerdo se compone de
un amplio número de reglas, incluyendo aquellas sobre la circulación energética
y el comercio. Sin embargo, las provisiones relacionadas a la protección de las
inversiones extranjeras en materia energética son la piedra angular del mismo.
El Tratado contiene
el polémico mecanismo de resolución de controversias entre inversor-Estado
(ISDS por sus siglas en inglés) según el cual los inversores pueden demandar a
los Estados por cambios legislativos o regulatorios que afecten a los
beneficios de sus inversiones. Esto, además de suponer un coste enorme para las
arcas del Estado, compromete la necesaria transición ecológica, al posibilitar
a las multinacionales que se lucran de los combustibles fósiles demandar al
Estado en el caso de que éste legisle con el objetivo de hacer disminuir o desaparecer
su consumo.
A día de hoy,
España es el país del mundo más demandado invocando el Tratado sobre la Carta
de la Energía. De los 45 casos, ocho –teniendo en cuenta la nueva condena– ya
han sido resueltos a favor del inversor, por los cuales España ha sido
condenada a pagar la cantidad aproximada de 729 millones de euros. Sin duda,
nuevas sentencias surgirán en lo que queda de año.
¿Quién está
demandando?
Según un informe de
Corporate Europe Observatory y el Transnational Institute, en el 88% por ciento
de las demandas presentadas contra España por los recortes en los programas de
ayuda a la energía renovable, no es una empresa de energía renovable sino un
fondo de inversión, a menudo vinculado con el sector del carbón, del gas o del
petróleo. Por otro lado, dado que la definición de “inversor” o “inversión” que
establece el Tratado es tan amplia, los Estados pueden ser demandados por
inversores de todo el mundo. Esto propicia a que el TCE sea objeto de abuso por
parte de sociedades pantalla, que por lo general sólo existen sobre el papel y
se suelen usar para la evasión de impuestos.
9REN Holding fue
creada por el fondo de capital riesgo estadounidense First Reserve tras la
compra en 2008 de Gamesa Solar, la filial de Gamesa especializada en parques fotovoltaicos.
Bajo esta sociedad, domiciliada en Luxemburgo probablemente por motivos
fiscales, 9REN aglutina diversos negocios de generación y venta de energía
solar en España e Italia (estos últimos fueron traspasados exitosamente en
2016). El modelo se benefició de la recepción de los subsidios que habían
entonces del Estado para construir y explotar instalaciones de energía
renovable.
First Reserve es
una de las principales gestoras de fondos del mundo especializada en el sector
de la energía, con más de 35 años de experiencia y 32.000 millones de dólares
invertidos. Entre las inversiones que ha realizado, se encuentran compañías de
alto riesgo como Abengoa. El Tratado sobre la Carta de la Energía está siendo
cada vez más utilizado por inversores financieros o sociedades de cartera.
Los argumentos de
desamparo legal de este tipo de compañías son más que cuestionables. Con este
perfil inversor, es indudable que First Reserve debería realizar durante la
ejecución de sus numerosas inversiones un riguroso análisis para asegurar que
cumple con sus obligaciones en materia de debida diligencia.
9REN Holding inicia
sus operaciones en España en 2008, cuando ya estábamos en plena crisis
económica y se empezaban a introducir algunos cambios en los programa de ayuda
a las energías renovables. Resulta sorprendente que incluso dos años más tarde,
tras anunciar el Gobierno en 2010 planes para recortar la retribución a las
renovables, en diciembre de 2011, First Reserve decidiera incrementar su
exposición al sector con una nueva inversión. En esta ocasión, fueron 150
millones de dólares invertidos de la mano de la promotora española Renovalia,
creando Renovalia Reserve para desarrollar y explotar conjuntamente parques
eólicos.
Pese al impacto
mediático de la condena a su favor en el caso 9Ren por el recorte a las
renovables, la mayoría de las inversiones de First Reserve se dirigen a
compañías productoras de combustibles fósiles. Entre sus empresas participadas
en cartera se encuentran desde extractoras de petróleo y gas hasta
constructoras de oleoductos. No obstante, en el apartado de su web sobre sus
criterios en materia medioambiental, social y gobernanza (ESG por sus siglas en
inglés), la compañía dice buscar la protección del medio ambiente colaborando
en programas con el Departamento de Energía de EE UU para “la implantación de
las mejores prácticas en la producción de gas de esquisto”.
Salirse del Tratado
sobre la Carta de la Energía
La campaña
‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales’, de la que
forma parte Ecologistas en Acción, pide al gobierno de España salirse del
Tratado sobre la Carta de la Energía para evitar nuevas demandas de arbitraje
internacional y garantizar la soberanía de los gobiernos nacionales y
autonómicos en su capacidad de legislar a favor de un marco regulatorio que
favorezca las energías limpias.
Según el Artículo
37 Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales y el Artículo 94.1 de la Constitución española, salirse de un
tratado internacional como el TCE requiere de la autorización de las Cortes.
Una vez aprobada la salida por las Cortes, el Estado español deberá remitir una
carta al depositario, el gobierno de Portugal, manifestando su denuncia del
tratado, tal y como se recoge en el Artículo 47 de este. Es decir, recuperar
nuestra soberanía legislativa y regulatoria en materia energética, combatir el
cambio climático con una urgente transición energética y ahorrarnos el coste de
futuras demandas millonarias requiere principalmente de voluntad política.
Notas
Aquí pueden
descargar el laudo “9REN Holding S.A.R.L contra el Reino de España. Caso No.
ARB/15/15” del 31 de mayo 2019:
https://globalarbitrationreview.com/digital_assets/2c9cb839-5a88-4685-9429-5df935e466a2/Award-(SP).pdf
Sexto laudo emitido
contra España en los arbitrajes por las renovables:
http://ciarglobal.com/sexto-laudo-emitido-contra-espana-en-los-arbitrajes-por-las-renovables/
El fondo 9Ren gana
otro laudo a España por las renovables: 42 millones más costas: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-04/laudo-renovables-9ren-espana-ciadi-ribera_2051982/
Informe “Un Tratado
para gobernarlos a todos: El Tratado sobre la Carta de la Energía, en constante
ampliación, garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición
energética”: https://www.energy-charter-dirty-secrets.org/
Análisis “España:
un caso paradigmático en de los arbitrajes de invesrión en el sector de las
energías” http://www.noalttip.org/wp-content/uploads/2017/05/casos_Espana.pdf
Los pleitos por el
recorte a las renovables costarán 7.000 millones a las arcas públicas:
https://www.publico.es/economia/pleitos-recorte-renovables-costaran-7000-millones-arcas-publicas.html
Los secretos de las
empresas que demandaron a España por 8.500 millones por los recortes a las
renovables:
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/14001/los-secretos-de-las-empresas-que-demandaron-a-espana-por-8-500-millones-por-los-recortes-a-las-renovables
José Ariza de la
Cruz es portavoz de Ecologistas en Acción y Lucía Bárcena es investigadora en
Transnational Institute.
Fuente:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/28917/quien-esta-detras-de-la-demanda-millonaria-a-espana-por-las-renovables/
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