MEDIOS GOLPISTAS
CONTEXTO
Más periodismo
La exclusiva de Patricia López, que revela los audios de una conversación entre el excomisario Villarejo y los directivos del Grupo Planeta Antonio García Ferreras y Mauricio Casals, es la confirmación final de que el principal grupo de comunicación español ha conspirado durante años con policías, jueces y otros autodenominados periodistas para tratar de hundir la credibilidad y la carrera política de Pablo Iglesias, el líder de Podemos que consiguió convertir a su partido en una fuerza de gobierno municipal, autonómico y estatal. La noticia es impresionante porque logra justo lo contrario: hunde la credibilidad de los inventores del lema “más periodismo”, y muestra al Grupo Planeta como una corporación de medios deshonesta, paragolpista y antidemocrática, porque trató de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas utilizando informes falsos a sabiendas, usando la mentira y la patraña como armas de desinformación masiva.
La publicación del
bulo de las Granadinas en 2016 por el tabloide okdiario –que aseguró que el
Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Iglesias en el paraíso fiscal de
Granadinas– dejó a Iglesias y a Podemos en la mayor indefensión, puesto que la
justicia tampoco contribuyó a reparar el daño. La jueza Gladys López Manzanares
desestimó en 2017 la demanda interpuesta por Iglesias, considerando que la
publicación era veraz y había sido contrastada, y condenó al líder del partido
a pagar las costas.
El escándalo sigue
al dedillo el modus operandi habitual de las cloacas, la alianza entre policías
corruptos, dirigentes de partidos que ven amenazada su hegemonía, medios de
comunicación sin código deontológico, y un grupo de jueces afines dispuestos a
hacer política en vez de a impartir justicia. La impunidad de todos ellos es un
escándalo de Estado que debe ser investigado a fondo por el Congreso de los
Diputados y por la Fiscalía General, primero porque los responsables de estos
desmanes siguen en sus cargos, y en segundo lugar porque esta actividad de
guerra sucia implica delitos gravísimos, desde la conspiración para subvertir
el voto popular a la prevaricación y la violación del derecho constitucional a
la libertad de información.
El asunto interpela
además a toda la profesión periodística, sin excepciones, y en particular a
aquellos informadores progresistas que han frecuentado y se han beneficiado de
su participación en las tertulias organizadas por Ferreras, a sabiendas de que
el directivo de La Sexta y mano derecha de Florentino Pérez es una parte
fundamental de las llamadas cloacas del estado. El caso debe hacer reflexionar
también al Gobierno socialista, que sigue negando la existencia de dichas
cloacas y jamás ha hecho nada para luchar contra ellas. La reunión de la fiscal
general con Inda el día que Villarejo salía de la cárcel es la prueba
fehaciente de que el PSOE prefiere llevarse bien y negociar con las cloacas a
enfrentarse a ellas.
La ciudadanía
merecería, al menos, un pequeño gesto del presidente del Gobierno: que abandone
su costumbre de conceder entrevistas al tipo que, vendiendo “más periodismo”,
ha jugado a la ruleta rusa con la credibilidad de la profesión periodística en
su conjunto. La buena noticia es que, a partir de hoy, sentarse en la mesa de
ese sujeto debería restar más que sumar.
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