EL DUEÑO DE ESTA POCILGA
JONATHAN MARTÍNEZ
En junio de 1983, el ministro José Barrionuevo anunció ante el Congreso de los Diputados un plan secreto de seguridad ciudadana que el Gobierno pretendía aplicar sobre las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra. El Plan ZEN había sido concebido como un manual antiterrorista y en su paternidad figuraba el nombre de Andrés Cassinello, un militar franquista que dirigió los servicios secretos y que aprendió en la base de Fort Bragg los métodos de contrainsurgencia que Estados Unidos empleaba contra el Vietcong.
Por un misterioso
azar, la entrada en vigor del Plan ZEN coincidió con la aparición de una nueva
banda parapolicial que iba a llevarse por delante la vida de 27 personas. El 16
de octubre de 1983, un comando de guardias civiles secuestró, torturó y asesinó
a Joxean Lasa y Joxi Zabala. Dos días más tarde, cuatro policías intentaron
raptar a José María Larretxea en Hendaia. Los atentados de los GAL continuaron
a partir de entonces con un pertinaz goteo de sangre.
El Plan ZEN
contempla una estrategia policial contra ETA junto a una terapia paralela de
"acción psicológica" sobre la población vasca. Se trata de generar un
clima favorable a los intereses del Estado mediante la difusión de noticias
falsas. "Basta que la información sea creíble para explotarla". El
Gobierno de Felipe González propone atribuir al enemigo un repertorio de
pecados mortales que contribuyan a su desprestigio: hay que señalar "sus
ideologías foráneas, sus negocios sucios, sus costumbres criticables".
Han pasado casi
cuarenta años y el escenario social es otro, pero algunas de las fórmulas de
intoxicación mediática han reaparecido en la Operación Catalunya y en la guerra
sucia contra Podemos. No por casualidad, la conspiración contra el
independentismo catalán se fragua en los despachos del Ministerio de Interior.
No por casualidad, en los audios que implican a Villarejo y a Ferreras irrumpe
un alto mando de la lucha antiterrorista, José Luis Olivera, con una frase
esclarecedora: "Tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias
de hace 5 años y luego que expliquen". El bulo del dinero de Maduro en
Granadinas procede de la escuela del Plan ZEN: una información falsa pero
creíble basada en negocios sucios e ideologías foráneas.
El Ferrerasgate nos
alerta sobre el rol de las televisiones y los diarios en la creación de estados
de opinión. Hace ahora cien años, el periodista Walter Lippmann explicaba que
los medios de comunicación moldean nuestra percepción del mundo hasta el
extremo de que la opinión pública no depende de cómo vemos la realidad sino de
cómo nos la representan. La "fabricación de consensos", dice
Lippmann, es un viejo arte que debió haber muerto con la aparición de la
democracia pero que sin embargo perfeccionó sus procedimientos bajo la coartada
de la libre expresión.
Noam Chomsky y
Edward S. Herman ponen a prueba las ideas de Lippmann en Los guardianes de la
libertad. ¿Por qué son tan unánimes los mensajes de los grandes medios de
comunicación? Porque existe una élite de gobernantes, propietarios, ejecutivos
y corporaciones que controla el flujo de información. Son tan pocos que pueden
actuar al unísono cuando la ocasión lo exige. Y sus intereses de clase son tan
similares que tienden a ofrecer de forma tácita una misma interpretación de la
realidad. Por eso hablan todos a la vez con las mismas palabras. Y por eso
callan todos al mismo tiempo.
Dos empresas
acaparan más de la mitad de la audiencia televisiva en España. En 2021,
Atresmedia y Mediaset no solo retuvieron al 55,6% de los espectadores sino que
además se repartieron el 87,8% de los ingresos publicitarios de la televisión
en abierto: un total de 411 millones de euros. La concentración de los medios
de comunicación en unas pocas y acaudaladas manos convierte en papel mojado
todos los discursos ingenuos sobre la libertad de prensa; en la práctica, uno
tiene derecho a decir lo que desee con tal de que no lo escuchen demasiadas
personas. Y es que el pensamiento dominante dispone de una monstruosa
maquinaria dispuesta a admitir otros puntos de vista siempre y cuando sean
minorizados y denigrados ante los ojos de todo el mundo.
Lo que ha prendido
esta semana no es solo un debate sobre la responsabilidad de los medios de
masas. Y mucho menos se trata de una mera reyerta entre la izquierda política y
la prensa. Las aguas fecales que han expandido Villarejo, Inda y Ferreras han
pasado por los altos despachos del Grupo Planeta, por las butacas de Génova y
por las alcantarillas policiales de un Estado que se resiste con espumarajos de
perro rabioso a permitir ningún cambio político.
Ya sabemos que las
grandes cadenas movilizan a la opinión pública a favor de los intereses de las
grandes corporaciones privadas y del orden establecido. También sabemos que
legitiman prejuicios, que construyen y destruyen reputaciones a conveniencia o
que reducen la complejidad del mundo a la calderilla de unos pocos titulares.
Pero aquí hay algo más: una red de extorsión que implica a diferentes
estamentos del Estado.
Por eso es tan
importante desnudar en qué redacciones, en qué comisarías, en qué tribunales,
en qué rascacielos, en qué sumideros se fabrica el estiércol que encarcela a
activistas con pruebas inverosímiles, que fustiga a los políticos incómodos
pero bendice a los dóciles, que encumbra a los periodistas corruptos mientras
margina a los honrados. Es necesario que la gente sepa con nombres y apellidos
quién está al mando de esta descomunal fosa séptica. Quién es el dueño de esta
pocilga.
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