2025, ¿OTRO AÑO SIN
PRESUPUESTOS?
DIARIO
RED
Jesús Hellín / Europa Press
En la nueva
legislatura, no se han aprobado todavía unas nuevas cuentas públicas y el
gobierno de Sánchez lleva gobernando todos estos años con los presupuestos
prorrogados de 2023
Desde el
mes de mayo de 2018, en el que el PNV decidió facilitar la aprobación de los
presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy para, a los pocos días, votar
también a favor de la moción de censura que lo desalojó del poder, en los
únicos momentos en los que el Gobierno de España ha sido capaz de aprobar las
cuentas generales en el Congreso de los Diputados ha sido cuando Podemos ha
formado parte del ejecutivo.
Ríos de tinta se han escrito sobre la feroz estrategia de negociación de los morados para forzar al PSOE a llevar a cabo medidas de izquierdas, pero se ha hablado menos en los medios de comunicación sobre el papel que, desde su nacimiento, Podemos ha jugado como elemento cohesionador de la mayoría parlamentaria que, desde la moción de censura, ha hecho posible que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.
Los
morados siempre han tenido clara su apuesta por la justicia social, por
aumentar los derechos de la gente trabajadora al tiempo que se reducen los
privilegios de los de arriba, pero también han abrazado desde el principio una
noción plurinacional de España. Esto les ha permitido, en las diferentes épocas
políticas que ha vivido en nuestro país, tener una mejor interlocución con las
fuerzas independentistas y nacionalistas que la que solía tener el PSOE. No
solamente con EH Bildu y ERC, por quienes primero Pablo Iglesias y después Ione
Belarra apostaron fuerte para que fueran incluidos en la "dirección de
Estado", sino también con Junts y con el PNV, a pesar de las evidentes
diferencias entre estos dos partidos y Podemos en materia económica.
Esta
capacidad de articulación de la mayoría plurinacional fue la que llevó a los
morados a vaticinar que el gobierno monocolor que decidió formar Sánchez
únicamente con ministros del PSOE después de la moción de censura iba a ser un
gobierno débil y de corto recorrido. Efectivamente y aunque Podemos alcanzó un
pacto presupuestario con el PSOE para el año 2019 que incluyó la mayor subida
de la historia del salario mínimo interprofesional, las cuentas del Estado para
este año acabaron cayendo al no recabar los votos de los partidos
independentistas y Pedro Sánchez se vio abocado no solamente a gobernar todo
2019 con los presupuestos prorrogados de Mariano Rajoy sino también a convocar
elecciones anticipadas para el 28 de abril de ese mismo año. No sería hasta
finales de 2020 cuando Sánchez conseguiría aprobar sus primeros presupuestos
—los del año 2021—; algo que se volvió a repetir a finales de 2021 y también a
finales de 2022, dejando aprobados los presupuestos del año 2023 unos meses
antes de que el líder del PSOE decidiera convocar elecciones anticipadas para
el 23 de julio de aquel año justo después de la debacle en las elecciones
autonómicas que condujo a la pérdida de varios de los gobiernos progresistas.
Durante todo el año 2024, han
funcionado —prorrogados— los presupuestos de 2023 que fueron aprobados con
Podemos en el Gobierno y los de Sánchez han utilizado diferentes excusas para
ni siquiera intentar la aprobación de unos presupuestos nuevos
En la
nueva legislatura y con Podemos ya fuera del Gobierno a causa del intento de
sustitución operado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, nunca más una votación
exitosa de las cuentas públicas se ha vuelto a producir en el hemiciclo de la
Carrera de San Jerónimo. Desde que Sánchez fue investido en noviembre de 2023,
el Gobierno ha llevado a cabo innumerables amagos de traer los presupuestos al
Congreso que no se han concretado e incluso ha sufrido alguna derrota
parlamentaria en la votación previa del techo de gasto. Durante todo el año
2024, han funcionado —prorrogados— los presupuestos de 2023 que fueron
aprobados con Podemos en el Gobierno y los de Sánchez han utilizado diferentes
excusas para ni siquiera intentar la aprobación de unos presupuestos nuevos.
Hasta el día de hoy, lo mismo está ocurriendo con la posibilidad de aprobar
unos presupuestos para 2025. De momento, no se ha cumplido la previsión
constitucional que exige al Gobierno traer a la Cámara Baja el proyecto de
presupuestos antes de que empiece el mes de octubre del año anterior y este 1
de enero se han prorrogado de nuevo, de manera formal, los mismos presupuestos
de 2023 que han estado vigentes durante todo el año pasado.
Según el ministro que hable y
según la fecha del calendario, no es necesario aprobar unos nuevos presupuestos
ni para desplegar los fondos europeos, ni para cumplir con los objetivos de
déficit, ni para nada más
A lo
largo de 2024, el juego de cubiletes que ha llevado a cabo el Gobierno respecto
de la posibilidad de aprobar unas cuentas para 2025 ha sido constante. En meses
alternos, han llegado a decir una cosa y su contraria. Según el ministro que
hable y según la fecha del calendario, no es necesario aprobar unos nuevos
presupuestos ni para desplegar los fondos europeos, ni para cumplir con los
objetivos de déficit, ni para nada más. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo,
ha llegado a explicar a los periodistas que prácticamente no hay nada que no se
pueda hacer con unos presupuestos prorrogados. El propio presidente ha llegado
a decir públicamente que está dispuesto a concluir la legislatura en 2027
"con o sin el concurso del legislativo". En otras ocasiones, sin
embargo, las mismas personas han trasladado a la ciudadanía que es muy
importante aprobar los presupuestos de 2025 e incluso que los van a someter a
la votación del Congreso tengan o no tengan los apoyos suficientes para
aprobarlos.
Desde
luego, es muy probable que, mediante "ingeniería presupuestaria"
—como ha llegado a llamarla el ministro Cuerpo— se puedan sortear la mayoría de
los problemas generados por contar con presupuestos prorrogados. De hecho, el
propio ministerio de Hacienda reconoce que, durante los últimos tres
ejercicios, se han aprobado créditos adicionales, que no estaban originalmente
en los presupuestos aprobados, por un valor de más de 80.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, parece también clara la convicción de Pedro Sánchez de seguir
gobernando —al menos de momento— aunque no sea capaz de aprobar ninguna reforma
legal significativa en toda la legislatura. Frente a las más de 200 leyes
aprobadas en la legislatura anterior, el año 2024 ha sido el menos productivo
desde que el PSOE encabeza el ejecutivo y la población general tendría serias
dificultades para señalar avances sociales que hayan sido aprobados. Las únicas
dos reformas de calado que se han producido en esta legislatura son la Ley de
Amnistía y el pacto con el PP para entregar el Poder Judicial a la derecha.
Todo esto
es cierto, pero también lo es que la incapacidad para aprobar los presupuestos
generales se ha considerado tradicionalmente en nuestro país como una señal muy
significativa de debilidad política del gobierno. Al contrario, si Sánchez
pudiese aprobar unas nuevas cuentas, conseguiría, mediante esa votación, lanzar
un claro mensaje de estabilidad y anunciar de una manera mucho más solemne y
creíble que está dispuesto a agotar la presente legislatura. En otras palabras,
nada le obliga a convocar elecciones anticipadas como consecuencia de no poder
aprobar los presupuestos, pero, al mismo tiempo, si consigue aprobarlos, su
posición política se vería objetivamente reforzada.
La aritmética de la nueva
legislatura nos obliga a dirigir la mirada hacia Junts y Podemos, siendo los
escaños de ambos indispensables para que pueda haber presupuestos
Así las
cosas y llegados a este punto, solamente queda enumerar cuáles son los
condicionantes reales a la hora de contestar a la pregunta que titula este
editorial y esos no son otros que la disponibilidad de los diferentes apoyos
parlamentarios que son indispensables para aprobar las cuentas. Obviamente, el
voto a favor del grupo socialista está garantizado y también lo está el de
Sumar, que ni siquiera tiene la capacidad de conseguir avances significativos a
cambio de su apoyo. También apoyarían sin duda las cuentas EH Bildu y ERC,
quienes, en la nueva legislatura, han apostado por una trayectoria sólida de
apoyo a las iniciativas del Gobierno, y lo mismo podemos decir del PNV.
Obviamente y a diferencia de Sumar, estas tres fuerzas políticas sí
conseguirían arrancar algún tipo de cesión a cambio de su apoyo, pero nadie
duda de que, al final, acabarían votando a favor. Así las cosas, la aritmética
de la nueva legislatura nos obliga a dirigir la mirada hacia Junts y Podemos,
siendo los escaños de ambos indispensables para que pueda haber presupuestos.
Respecto
de los primeros, en estos momentos, nos encontramos en un impasse. Tal y como
ha hecho público Carles Puigdemont, Junts no va a negociar las cuentas públicas
con el PSOE si la coalición gubernamental no acepta que se tramite y se vote en
el Congreso la PNL que han presentado para instar al Gobierno a convocar una
cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. El último movimiento que ha tenido
lugar en este ámbito es la inédita decisión del PSOE y Sumar en la Mesa del
Congreso de posponer la decisión sobre la calificación de la iniciativa; algo
que nunca habíamos visto antes, si la memoria no nos falla. Previsiblemente, en
la primera reunión que tenga el órgano de Gobierno de la Cámara Baja en este
nuevo año, se tendrá que tomar una decisión definitiva. Teniendo en cuenta que
el informe de los letrados del Congreso ha concluido que no hay ningún motivo
para no calificar la PNL, es difícil imaginar que ese trámite no se produzca.
De esta manera, y si no hay ningún desarrollo nuevo de los acontecimientos, el
debate tendría lugar posiblemente en febrero o marzo del nuevo año. Cómo va a
afectar a la posibilidad de que los siete diputados de Junts acaben apoyando
los presupuestos el desenlace de este convolucionado combate de judo —en el que
Puigdemont se mueve en la fina línea que separa la utilización de la única
palanca política que tiene en sus manos en estos momentos y la posibilidad de
romper dicha palanca— es algo complejo de anticipar.
En el
caso de los morados, la situación es muchísimo más clara. Los de Belarra hace
meses que aprobaron, mediante una votación de las bases de Podemos, que las
cuatro diputadas de esta formación solamente darían su apoyo a las cuentas
públicas de Sánchez si éste acepta bajar los alquileres por ley un 40% así como
implementar un embargo de armas y una ruptura de relaciones diplomáticas con el
estado genocida de Israel. Aunque el PSOE y sus medios de comunicación afines
van a repetir durante las próximas semanas que ambas cosas son imposibles, lo
cierto es que se trata de condiciones viables y muy sencillas de cumplir que
conducirían automáticamente al apoyo de Podemos a las cuentas. De cómo se resuelvan
estas cuestiones depende que haya unos nuevos presupuestos para 2025
—posiblemente aprobados en la primera mitad del año— o que se sigan prorrogando
los de 2023, reforzando la sensación de debilidad de un Gobierno que no
gobierna y que cada vez parece más decidido simplemente a resistir.
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