GOBIERNO FULLERO
DAVID BOLLERO
El decreto energético es un batiburrillo de
medidas dispares. - Kwon Junho
Mañana se someterá a votación en el Congreso el decreto de medidas de ahorro energético. Todo indica que saldrá adelante con el apoyo de los socios de investidura y la oposición frontal del PP, que a estas alturas continúa sin aportar alternativas viables a la grave situación energética que atraviesa toda Europa. A pesar de la urgente necesidad de adoptar medidas, este decreto no debería salir adelante mañana; el modo en que el Gobierno de España ningunea a sus socios es intolerable y ha de ser parado en seco pues, de otro modo, las consecuencias serán peores.
Nadie duda de la
necesidad de medidas similares a las contempladas en el decreto energético,
pero la unilateralidad con que ha sido diseñado desaconseja su aprobación. Se
trata de la enésima ocasión en lo que va de legislatura que el Ejecutivo de
Pedro Sánchez va por libre, ignorando a quienes en los momentos más críticos le
insuflan respiración asistida a este gobierno, incapaz de aprobar por sí solo
medidas clave en su programa.
La falta de respeto
por sus socios de investidura es absoluta y, como sucedió en el caso de la
reforma laboral, ya se ha llevado algún varapalo. Otras veces, partidos como el
PNV han apoyado las medidas pero reiterando sus quejas y advertencias por haber
sido ignorado. Sánchez desoye estos avisos y continúa gobernando a golpe de
decretazo como si disfrutara de una mayoría absoluta que ni tiene ni tendrá en
las próximas elecciones.
Quizás ha llegado
el momento de parar en seco este proceder y retrasar unas semanas la aprobación
de las medidas de ahorro energético, para confeccionarlas de manera conjunta,
no sólo con sus socios, sino con un conjunto más amplio de actores. Aunque la
derecha se pierde en minucias, lo cierto es que las medidas propuestas son
notablemente mejorables; por citar alguna de las demandas de los hosteleros,
nada tiene que ver el clima de A Coruña con el de Córdoba y, sin embargo, se
impone el café para todos.
El voto en contra
no sólo ha de servir para que Sánchez se tome de una vez por todas en serio a
sus socios, también para desenmascarar el proceder tramposo que comienza a ser
costumbre. El decreto energético, en realidad, no es tal, pues incluye un
batiburrillo de medidas, como las becas de estudio de 400 euros a las familias,
que nada tienen que ver con la energía. Este gobierno fullero adosa esas ayudas
o la gratuidad del transporte público a otras medidas más
polémicas/cuestionables para que si se quieren las primeras haya que tragar con
las segundas. Al más puro estilo de la Transición, cuando se nos coló la
monarquía en la Carta Magna para que si queríamos democracia tuviéramos que
tragarnos al Borbón, el Gobierno recurre a esta trampa para, en caso de votar
en contra del decreto, soltar toda suerte de reproches, como de hecho ya hizo
esta semana la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez.
Mientras, el PP no
está a la altura. Con un Feijóo cada vez más parecido a Casado y un liderazgo
absolutamente desdibujado, el principal partido de la oposición vive de los
desméritos ajenos más que de los méritos propios. Y lo hace porque,
desafortunadamente, funciona, al menos para alcanzar el poder, porque en lo que
se refiere al bienestar ciudadano, juega en nuestra contra. Comunidades como
Castilla y León o Madrid ya perciben la consecuencia de sus votos pero en el
margen izquierdo continúan los patinazos y pasará factura.
No es la primera
vez que Sánchez recurre a este juego de trileros; ya lo hizo en el pasado con
el aumento del 15% de las pensiones no contributivas de jubilación, metido en
el paquete de medidas anticrisis para poner así contra los pensionistas a quien
no votara a favor de todo el pack. Del mismo modo que no es de recibo que Sánchez
pretenda gobernar en solitario cuando no tiene los escaños necesarios para
ello, tampoco lo es que haga trampas en esta partida en la que arriesgamos
tanto. No juega limpio y hay que denunciarlo, incluso, aun cuando las medidas
por separado tengan sentido. Es hora de reivindicar una política decente.
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