LA DEGRADACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL. “POTESTAS vs.
AUCTORITAS”
FRANCISCO
JAVIER GONZÁLEZ
La Sala III del
Tribunal Supremo español ha mandado al cubo de la basura toda la supuesta
“legalidad y legitimidad democrática” de la que tanto cacarean los políticos
hispanos amparados tras la supuestamente “modélica Transición” española.
Ayer lunes ha
quedado muy claro que el franquismo sigue tan vivo como cuando, hace 85 años,
una caterva de generales encabezados por Sanjurjo, Franco y Mola junto a otros
carniceros como Queipo, Yagüe, Saliquet, Varela, Moscardó, Martínez Anido,
Kindelan, Millán Astray…se sublevaron, al frente de las tropas a su mando,
contra el legítimo gobierno de la República Española provocando una guerra
incivil, bautizada y bendecida por la Iglesia española como “Cruzada”, que dejó
tras de sí, además de cifras cercanas al millón de muertos, una secuela de 40
años de dictadura, prolongada luego en una monarquía impuesta por el fenecido
“Caudillo” que dura hasta la fecha.
En la polémica del
futuro destino de la momia del “Caudillo” ha terciado el Tribunal Supremo,
declarando textualmente sobre Franco que “El hecho de que fuera Jefe del Estado
desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975
atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden
ignorar”. No puede interpretarse como supina ignorancia histórica esta
declaración aunque, desde luego, trae el tufo de la educación fascista nacional-católica, imperante y única en los tiempos
estudiantiles de los magistrados de ese tribunal que, hoy, hubieran suspendido
las pruebas de la EvAU. Nada de eso. Se trata de la deslegitimación total del
gobierno republicano español, elegido democráticamente en función de la
legalidad vigente entonces y, por contra, dar legitimidad al golpe de estado
fascista de julio de 1936, el “Glorioso Alzamiento Nacional” que decía la propaganda del régimen.
La II República
Española, a la caída de la monarquía fue presidida por Niceto Alcalá Zamora, un
conservador procedente del Partido Liberal del conde de Romanones, primero como
Presidente del Gobierno Provisional y luego, tras la aprobación de la
Constitución de julio de 1931, como Presidente efectivo hasta el 7 de abril de
1936, salvo un intermedio de octubre a diciembre del 31 en que dimitió por la
cuestión anticlerical que introdujo Manuel Azaña de Izquierda Republicana. En
abril de 1936, con la sublevación militar, nueva dimisión de Alcalá Zamora.
Tras un interinazgo de un mes de Martínez Barrios, la Presidencia legítima de
la República Española y sus colonias recayó en Manuel Azaña, que la ostentó
hasta que la Diputación Permanente de las Cortes españolas reunida en París,
aceptó su dimisión el 3 de marzo de 1939.
Los militares,
miembros entonces de una casta privilegiada y bastante cerrada, que no aceptaba
la sujeción al poder civil legalmente establecido, estuvieron mayoritariamente
en contra de los gobiernos republicanos, postura que se acentuó ante el
proyecto de la Reforma Militar que propugnaba Azaña, reforma que finalmente se
aprobaría en septiembre y que, entre otras cosas, obligaba a los candidatos a
oficiales a seguir varios cursillos en Universidades además de los propios de
la Academia Militar correspondiente. Entre eso, la conocida postura
anticlerical de Izquierda Republicana de Azaña y la discusión en Cortes de un
proyecto de Estatuto para Catalunya –Francesc Macià había proclamado la
República Catalana el mismo 14 de abril y accedió, tres días después, a anular
esa proclamación y discutir un proyecto de Generalitat dentro de la República
Española- los militares, encabezados por el general Sanjurjo, nombrado por
Alfonso XIII como Marqués del Rif por su campaña norteafricana, iniciaron en
agosto de 1932 una fracasada rebelión, la “Sanjurjada”, en la que Franco estuvo
implicado pero se retiró a última hora. La proclama de Sanjurjo en Sevilla al
declarar el estado de guerra y asumir el mando de todos los poderes es digna de
reproducirse:
“Así como Dios me
permitió llevar el Ejército español a la victoria en los campos africanos, ahorrando
así el derramamiento de sangre moza, confío en que también hoy me será
permitido con mi actitud, llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y
la paz a todos los Espíritus. ¡Viva la España Única e Inmortal!
Los intentos
golpistas siguieron fraguándose y cuajando. Sanjurjo, amnistiado y exiliado en
Estoril, era el destinado a encabezar la
nueva sublevación de julio pero, un “oportuno” accidente de aviación el 20 de
julio de 1936, cuando regresaba a España para asumir el mando del ejército rebelde
hizo que, más tarde, fuera Franco el que
encabezara esa rebelión fascista. En Burgos, constituida en principio de
facto en la capital de los rebeldes, el 24 de julio se constituye la Junta de
Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, un republicano y
masón, antiguo combatiente de las guerras de Cuba y el Rif. La Junta estaba
formada por los generales Andrés Saliquet, Miguel Ponte, Manso de Zúñiga,
Mola, Fidel Dávila y los coroneles del
Estado Mayor central Montaner Canet y Fernando Moreno. A los citados luego se incorporarían Franco,
Queipo de Llano, Kindelan, Gil Yuste y Luis Orgaz Yoldi.
La Junta de Defensa
ilegalizó en el territorio ocupado militarmente a todos los partidos políticos
que formaron el Frente Popular, gestionó
con la Alemania de Hitler el apoyo aéreo a la sublevación con el envío de la
Legión Cóndor y, por último, nombró a Franco como “Caudillo” -copiando los
modelos totalitarios de Führer y Duce- en sesión secreta del 21 de septiembre
de 1936 para que ocupara el mando supremo de los distintos ejércitos
sublevados y el 28 de septiembre acuerda
nombrarlo como “Jefe del Estado mientras dure la guerra” , dado que contaba
con el apoyo nazi a través del jefe de
sus servicios secretos, el almirante Canaris,
y de los italianos con el apoyo directo del mismo Duce. Todos los
generales presentes votaron a favor de Franco, salvo Cabanellas que se abstuvo
y que, premonitoriamente, recordó porque
conocía bien a Franco al que tuvo en África bajo su mando que “…si van a darle
en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo
sustituya en la guerra ni después de ella, hasta su muerte”
Franco tomo
posesión como tal Jefe del Estado instalado en el territorio ocupado por los
sublevados pero, en el decreto de la Junta de Defensa, gracias a la
intervención de su hermano Nicolás como factótum político, del catedrático
jurista José Yanguas y del teniente coronel Lorenzo Martínez Fusset –de nefasta
memoria en Canarias casi tanto como la del general Dolla- como Secretario
Político y asesor jurídico, se eliminó ese párrafo de “mientras dure la guerra”
y se añadió, en cambio, ”quién asumirá todos los poderes del Estado” dando así un verdadero golpe de estado dentro
del propio bando rebelde. Al parecer, Mola confiaba cambiar esa situación
política al fin de la guerra, pero un oportuno “accidente “ de aviación acabó
con Mola como había sucedido con Sanjurjo, allanando el camino a los cuarenta
años de dictadura, validando el pronóstico de Cabanellas y dando origen como
sucesora a la actual monarquía.
Al tiempo que
sucedía todo esto y la guerra continuaba, se mantenía el gobierno legítimo de
la Republica y su Jefe de Estado legal seguía siendo el Presidente Manuel
Azaña, al contrario de lo que afirman estos venales juristas del Tribunal
Supremo.
Me avergüenza y me indigna que algunos inverecundos e
ignominiosos juristas de esa Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo se permitan mantener en estas fechas aquel “Primero de Octubre” que
“españoles y canarios” –parafraseando a Bolívar- nos vimos obligados a celebrar
durante largos años como “Día del Caudillo” declarado como Fiesta Nacional
española.
No creo que sea,
como apunta gran parte de los serviles mass-media españoles, un
“desconocimiento histórico” de los fulleros redactores de la sentencia que
paralizaba la salida de su vergonzante mausoleo de la momia del dictador. Más
bien parece elegida la fecha -1 O- como mensaje a la otra Sala del mismo
Tribunal que se encarga de juzgar el “Procés Catalá” en otro 1º de octubre. La
pregunta, ante la indigna degradación que este hecho supone para el TS español
es: ¿serán capaces de considerar REBELIÓN y GOLPE DE ESTADO los hechos
sucedidos en Catalunya, con más de dos millones y un cuarto de catalanes acudiendo
a unas urnas a votar democráticamente, y en cambio, considerar justa y lícita
la SUBLEVACIÓN franquista y el terrible baño de sangre y sufrimientos que trajo
consigo? ¿Pueden tener la fuerza moral para
condenar a los independentistas catalanes?
Vista la catadura
moral –y un refrán español reza que “por la catadura se conoce a la criatura”-
y la trayectoria ética e intelectual, profundamente homófoba de alguno de los
magistrados implicados que opina que el matrimonio homosexual es equiparable a la
unión carnal de un hombre con un animal, no me extrañaría que el próximo paso
sea resucitar la asignatura de Formación del Espíritu Nacional, la misa
obligatoria en formación los domingos y los campos de concentración para “reforma de
homosexuales” como el que en Canarias tuvimos en Tefía.
El Derecho Romano distinguía entre la
“Auctoritas” que tienen las personas con capacidad moral para tomar decisiones
y emitir juicios, y la “Potestas” que posee una autoridad o gobierno porque
dispone de la fuerza material para imponer sus decisiones. Creo que el TS
español es la autoridad coercitiva que tiene la Potestas, esa capacidad de
imponer su criterio pero, cuestiones como esta de ayer, anula cualquier atisbo
de Auctoritas que pueda atribuirse.
Francisco Javier
González
Gomera a 5 de junio
de 2019
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