DE LA MATA AL PLATO. CÓMO SACAR TAJADA DEL CAMPO

DE LA MATA AL PLATO. CÓMO SACAR 

TAJADA DEL CAMPO

EMILIO DE LA PEÑA

Las protestas de los agricultores por lo poco que cobran con la venta de sus productos en relación al precio que paga el consumidor no son nuevas. Se repiten periódicamente. Es una constante debido al poco poder de mercado que tienen los que siembran y recolectan y el enorme que poseen los asentadores, mayoristas o como se les quiera llamar. La razón es simple: el número de los que compran al por mayor es mucho más pequeño que el de los que venden sus productos del campo. Adquieren grandes cantidades a un sector mucho más fragmentado. Ejercen por tanto una posición de dominio que les permite imponer los precios.

El público paga 1,07 euros por un kilo de patatas, casi cuatro veces más de lo que recibe el agricultor

En el modelo tradicional, los agricultores venden sus frutas y verduras a mayoristas. Por ejemplo, por el kilo de patatas recibieron 29 céntimos, en la última semana de 2018. Los mayoristas las colocaron a 35 céntimos a fruterías y otras tiendas, que acuden al mercado de abastos de Mercasa. Y el público pagó finalmente por ellas 1,07 euros. Es decir, casi cuatro veces más de lo que recibió el agricultor. Los datos están extraídos de las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y son los últimos disponibles sobre precios de origen y destino.

El abuso persiste, pero las cosas ya no son como antes. Ahora el modelo tradicional representa sólo una parte de la distribución comercial de los alimentos. Los hipermercados, tipo Carrefour o Alcampo, los supermercados como Mercadona o Ahorramás, o los super de descuento, como Día o Lidl, venden el 55 por ciento de las frutas y hortalizas que compran los hogares. Y prácticamente todo lo adquieren por otros canales distintos de Mercasa. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia señala que, ya en 2010, el 50 por ciento del mercado mayorista de frutas y hortalizas estaba al margen de Mercasa. Esta empresa pública que reúne al conjunto de los mercados de abastos asegura que todavía pasan por ella el 65 por ciento de estos productos, pero el dato no es muy creíble a la vista de la cuota de mercado de los Carrefour, Mercadona, Día, etc. Y la tendencia ha ido a más.

Esta perorata viene a cuento porque explica en parte cuáles son las nuevas formas de abuso en la cadena de comercialización de los alimentos y quien está sacando tajada de este. Y también de la inacción de las autoridades. Los datos oficiales sobre lo que recibe el agricultor y lo que paga el cliente final de cada producto del campo todavía están extraídos de Mercasa, lo que quiere decir que ignora a la mitad del mercado y cómo se conforma su precio.

La lógica del mercado tradicional indica que la cadena de valor comienza por el producto que pone a la venta el agricultor. El asentador le paga por él una cantidad y lo traslada al mercado central de abastos. Allí ese mismo mayorista, u otro que compra la mercancía, lo pone a la venta. Las tiendas, fruteros, supermercados y demás, compran dicha mercancía de forma fragmentada, en pequeñas cantidades. Finalmente, la fruta o la verdura es adquirida por los consumidores en los establecimientos. En cada paso el precio va aumentando en función de lo que cada uno está dispuesto a pagar. Ni que decir tiene que el que posee más poder de mercado, es decir el que compra cantidades más grandes, es el que puede imponer el precio que más le conviene para obtener más beneficio, es decir los mayoristas.

Las grandes empresas de alimentación, hipermercados, cadenas de supermercados y de descuento, han impuesto otra lógica. Simplemente consiste en invertir la cadena de valor. El híper, súper o establecimiento de descuento, plantean grosso modo a cuánto quieren vender cada producto al cliente, para obtener una ganancia concreta. Puede interesarles venderlo a bajo precio para atraer un gran número de compradores o algo más caro para obtener más margen. La combinación entre esas dos opciones les dará el precio resultante. Y de ahí para atrás se imponen los precios del resto hasta llegar al agricultor, que recibirá lo que quede de la cuenta.  El gran tamaño de esas empresas les hará posible no tener que acudir a los asentadores de siempre, ni visitar los mercados de abastos. Basta con que constituyan sus propias redes de abastecimiento. Así controlan el precio de salida del producto una vez que se recoge en el campo. Pero pueden ir a más. Y de hecho lo hacen: intervenir también en la producción agrícola. No se dedican a sembrar y recolectar. Ello conllevaría el riesgo de la incertidumbre agraria, por la calidad y cantidad de las cosechas en función de las condiciones climáticas y de los métodos de trabajo. Simplemente adquieren producciones enteras a los agricultores en condiciones impuestas previamente. Se les determinará el margen que van a conseguir, la cantidad que deben producir, la calidad y la variedad de fruta u hortaliza que deben sembrar, cómo deben presentar el producto, la exclusividad y demás. Incluso, lo que pueden pagar a los trabajadores de la explotación agraria. Su posición de dominio es tan completa que más que una negociación es una imposición. La capacidad de progresión, de mejora de la explotación o de búsqueda del mejor precio quedan en manos exclusivas de la gran empresa.

Todo lo explicado de la cadena de valor al revés se hace naturalmente sin transparencia alguna. Con este sistema nadie sabe cuánto cuesta un tomate en origen, cuánto su transporte y comercialización, salvo, claro está, la gran empresa dueña de la cadena.

Esto no se inventó aquí, si es que puede llamarse invento a una forma de dominar el mercado. Como prácticamente todo, vino de fuera. Fue la compañía norteamericana Walmart, primer grupo empresarial de mundo. Se dedica precisamente a esto: vender al público dominando toda la cadena de valor. El economista Yanis Varoufakis, la describe así en su libro El Minotauro Global: “Walmart y las corporaciones de su jaez construyeron imperios basados en prácticamente ninguna innovación tecnológica, salvo la larga lista de innovaciones consistentes en exprimir los precios de sus proveedores y hacer trizas la remuneración de los trabajadores que participan en cada una de las fases de producción y distribución de sus mercancías”.

En 2018, Mercadona ingresó con sus ventas 25.400 millones de euros. Se gastó en la compra de todos los productos 19.000 millones. Obtuvo con ello 6.500 millones. Esto supone un margen comercial del 25 por ciento

Aquí, lo más parecido es Mercadona, la primera empresa de venta minorista de alimentos en España. A esa estrategia de dominar todas las fases desde la producción hasta la venta a los consumidores, Mercadona la llama innovación transversal. A la red de proveedores exclusivos la ha puesto el nombre de Totaler, dice tener 1.400. Allí puede haber agricultores directos, empresas dependientes dedicadas a adquirir, en las condiciones fijadas, producciones agrarias a otros agricultores más pequeños, pymes dedicadas a la transformación alimentaria... En total dependen de Mercadona, sin estar en la empresa, 9.000 agricultores, 5.500 ganaderos y 12.000 pescadores. En 2018 la empresa ingresó con sus ventas 25.400 millones de euros. Se gastó en la compra de todos los productos 19.000 millones. Total, obtuvo con ello 6.500 millones. Esto supone un margen comercial del 25 por ciento. La empresa vende el 25 por ciento de los alimentos que se compran en España y la mayor parte de su crecimiento en 2018 se explica por el aumento de los productos frescos y perecederos, es decir productos agrarios, ganaderos y pesqueros.

Otras grandes cadenas quedan más atrás, pero el objetivo es parecido. Le siguen Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Alcampo con cuotas de mercado claramente más bajas.

El ministerio de Agricultura parece no haberse enterado hasta ahora de esta realidad. Es posible también que no se haya querido enterar, no fuera a ser que molestara al poderío de los grandes. En su página web prácticamente no se encuentran datos ni informes actualizados sobre la comercialización de alimentos o formación de precios por estas cadenas. El último es de marzo de 2011, todavía en tiempos de Zapatero. Los índices de precios origen destino de frutas, hortalizas, carnes y pescados se extraen de los datos de los mercados de abastos, agrupados en Mercasa, con lo que parecen desconocerse los precios de la mitad del mercado. El Observatorio de Precios, creado por la ley de la cadena alimentaria de 2013, se ha reunido 9 veces en plenario en estos seis años. La última memoria publicada correspondiente a 2017 se dedica a ofrecer datos de encuesta sobre satisfacción de los agentes de la cadena.

El Parlamento Europeo, en una resolución de 2009, ya denunciaba que la posición de dominio de las grandes cadenas de supermercados europeos estaba convirtiéndoles en controladores del acceso de los agricultores a los consumidores. También alertaba de que forzaban a la baja los precios a niveles insostenibles para el agricultor. Señalaba además que muchas pymes del sector son vulnerables si dependen de una única gran empresa. Total, lo que ocurre ahora. Pero ya sabemos para qué sirven las resoluciones del Parlamento Europeo.

Todo lo contado puede explicar por qué ahora la protesta de los agricultores ha adquirido más fuerza. También se explica por otra razón. Son demandas al nuevo Gobierno, que se observa como dispuesto a cambiar las cosas. Es difícil cambiar algo que se impone en otros muchos países y que va en la línea del sistema económico vigente: sacar tajada allá donde se pueda y a costa de lo que sea. Pero materia para intentarlo hay, desde luego.