INTERVENGAN LAS RESIDENCIAS
ANITA
BOTWIN
Sillas de ruedas y andadores apilados en
una residencia de
mayores madrileña. EFE/ Juanjo Martín
Recuerdo los últimos meses de mi abuela en una residencia de Toledo, que dependía del arzobispado de la capital manchega. Fueron momentos aterradores, al menos así lo percibí yo, hasta el punto de que mi abuela llegó a decir que no se comía un cocido peor desde la posguerra. Algún familiar y yo decidimos poner cartas en el asunto y mostramos nuestro enfado ante tal agravio. No era solo eso, se equivocaban con la medicación que les daban, había personas sin atender, las mismas trabajadoras llegaron a reconocer de manera anónima que los residentes estaban desatendidos, que eran muy pocas para todos los cuidados que necesitaban. Ni que decir tiene que la Sor que dirigía el cotarro hizo caso omiso de nuestras reclamaciones, y mi abuela falleció al poco tiempo de aquello.
Esos hechos y los acaecidos en esa residencia me marcaron sobremanera
y cuando llegó la pandemia de covid y vi cómo murieron miles de personas en las
residencias de la Comunidad de Madrid -hablo de donde vivo y lo que he podido
conocer más de cerca-, reviví esos momentos de dejadez hacia las personas más
vulnerables. No puedo comprender que se trate con esa falta de empatía a toda
una generación que contribuyó con todo su sudor para que gozáramos de derechos
y de bienestar social. Echo de menos mayor implicación institucional y social a
la hora de abordar un tema tan delicado, que nos afecta directamente a la
sociedad entera aunque prefiramos mirar hacia otro lado por no querer ser
conscientes de un futuro que será similar o peor al que están viviendo en las
residencias madrileñas.
Comida caducada,
podrida o en mal estado, calor por la falta de aire acondicionado, habitaciones
con temperaturas que pasan los 30 grados, qué más tiene que ocurrir para que
nos movilicemos en masa y protejamos a estas personas que sufren en silencio
porque casi nadie les da voz. ¿Qué más tiene que pasar?, ¿acaso tienen que
morir más de 7.000 personas sin atención médica? Mucho tiempo antes de eso, de
esa pandemia mundial que asolaría al planeta entero y que se llevaría a los más
vulnerables, habíamos salido a las calles pidiendo una sanidad pública
universal y de calidad. No se nos escuchó, muy al contrario, se decidió llevar
a cabo una de las mayores privatizaciones sanitarias y fue en la Comunidad de
Madrid, la misma en la que después no habría respiradores para todos, ni camas
para todos, ni atención para todos.
Hemos presenciado
momentos que jamás imaginaríamos, hemos visto de cerca el infierno y hemos
preferido cerrarle la puerta para no quemarnos. Pero el fuego sigue ahí,
esperándonos a cada uno de nosotros, se trata de si queremos mirarlo de frente
y afrontarlo y cambiar el estado de las cosas o mantenernos impasibles, como
una sociedad individualista y sumisa.
Creo que las
instituciones deberían intervenir y regular el mercado de las residencias, creo
que debería de tratarse de un servicio público estatal, en el que se pueda
controlar todos los agravios que sufren los residentes y se deba responder por
ello. Las instituciones deben aportar más profesionales de los cuidados y
remunerarles como es debido, para que puedan hacer su trabajo de una manera
digna y de este modo, aportar calidad de vida y dignidad en nuestros últimos
años. No podemos hablar de democracia o estado de derecho si se vulneran los
derechos de las personas más vulnerables, sean cual sean, no podemos hablar de
bienestar social cuando una parte de la sociedad sufre y no es atendida o
escuchada.
Viene una nueva ola
de calor, que será dura especialmente sin los medios adecuados para hacerle
frente. En habitaciones que pasan los 30 grados de calor y que remueven el aire
caliente con ventiladores precarios, no se puede hacer frente a las
inclemencias del tiempo. El Gobierno Central debería intervenir si no se
cumplen adecuadamente las condiciones de vida digna, y todo parece indicar,
tras cientos de denuncias interpuestas, que en muchas residencias de la
Comunidad de Madrid se está ignorando el bienestar de los residentes. Me
pregunto por qué la concesión de licencias para instalar residencias de ancianos
concertadas y su gestión dependen de la Comunidad de Madrid y no del Gobierno
central.
Los mayores lo
dieron todo por nosotros, devolvámosles algo de lo mucho que nos dieron.
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