NOTA
DE PRENSA
SÍ SE PUEDE EXIGE LA ANULACIÓN DEL
REGISTRO DE TODOS LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA CATÓLICA Y EXTENDER
LA INVESTIGACIÓN AL PERIODO FRANQUISTA
Paco Déniz: “Hay más bienes de los que están
incluidos en ese listado y queremos recuperar todos los apropiados de manera
ilícita por la jerarquía eclesiástica”
La organización ecosocialista rechaza que el expolio se resuelva en falso y reclama que las instituciones actúen de oficio
Sí se puede exige la anulación del registro de todos los bienes inmatriculados por la iglesia católica de acuerdo al estudio encargado por el gobierno estatal y la extensión de esta investigación a toda la etapa de la dictadura franquista. Paco Déniz, miembro de Sí se puede y diputado autonómico por la coalición Sí Podemos Canarias, destaca que “hay más bienes de los que están incluidos en ese listado y queremos recuperar todos los bienes apropiados de manera ilícita por la jerarquía eclesiástica” y remite a la Ley Hipotecaria franquista de 1946, derogada finalmente, pero con una eficacia temporal que deja inalteradas algunas inscripciones eclesiásticas, que se mantienen de manera injustificada.
Déniz pone como ejemplo
el caso del quiosco y la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario, en
Fuerteventura, que fueron apropiados por el obispado en 1985, 13 años antes del
periodo en el que comienza el informe impulsado por el gobierno de Sánchez
(1998-2015), y que forma parte de una serie de situaciones similares a las que
está dando seguimiento a través de su labor como diputado autonómico en el
grupo parlamentario de la coalición de la que forma parte Sí se puede, junto a
Equo y Podemos.
A juicio de la
organización ecosocialista, las instituciones tienen que intervenir de oficio y
declarar la nulidad de la propiedad eclesiástica de estos bienes, por lo que llama
a la FECAM y a los ayuntamientos de Canarias a actuar de manera inequívoca para
deshacer este expolio. Asimismo, Sí se puede considera insuficiente el acuerdo
alcanzado entre el gobierno de Sánchez y la jerarquía católica, que solo
reconoce cerca de mil de los casi 35.000 bienes que han sido detectados como
inmatriculados indebidamente a partir de 1998.
En lo que respecta a
Canarias, la iglesia católica solo reconoce que ha inmatriculado de manera
irregular el 23% de las propiedades inscritas en Canarias entre 1998 y 2015. “Los
únicos bienes que son de todos son los públicos; el argumento de los obispos
sobre que el control de determinadas propiedades, como capillas y templos por
parte de la iglesia es la forma de asegurar el cuidado de los bienes de toda la
ciudadanía no es aceptable”, añade Déniz.
La iglesia
católica se basa en dos normas franquistas para justificar estas apropiaciones
indebidas, que constituyen un auténtico despojo de los bienes públicos. Se
trata del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que equiparaba a la
Iglesia católica con una administración como una corporación de derecho público
a la hora de inscribir bienes de dominio público en el registro de la propiedad
sin necesidad de demostración de la titularidad de los bienes afectados. A ello
se suma el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, que equiparaba a los
diocesanos con notarios y, por tanto, los autorizaba a ejercer labores de inscripción
de bienes a su nombre.
El
gobierno de Aznar (PP), amplió en 1998 los bienes que podían ser registrados al
suprimir la prohibición de inscribir en el registro de la propiedad las
iglesias destinadas al culto, lo que facilitó la sustracción del dominio
público de bienes con un alto valor histórico, cultural, patrimonial y
económico. Finalmente, también un gobierno del PP, en este caso, presidido por
Rajoy, cambió la Ley Hipotecaria en junio del 2015, ante el temor a un recurso
de inconstitucionalidad, de manera que se eliminó este privilegio censal y se
puso fin a un abuso de derecho que ha supuesto la legalización de una
apropiación indiscriminada de bienes a favor de la iglesia católica.
Saludos, Comunicación Sí se puede.
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