LA IGLESIA LADRONA: UNA BULA FRANQUISTA
QUE AÚN PERDURA
CONTEXTO
La Iglesia ha admitido que posee casi un millar de inmuebles que no le pertenecen, algo menos del 3% de los 34.961 bienes que consiguió inmatricular entre 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar. La historia de apropiación por parte de la Iglesia venía de lejos, cuando otra ley hipotecaria, la franquista de 1946, le permitió inscribir como suyo cualquier bien, a excepción de los lugares destinados al culto, con el único requisito de la firma de un obispo. Con Aznar, la Iglesia también pudo inscribir los templos y así, por ejemplo, en 2006 la Diócesis de Córdoba realizó la inmatriculación de la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros, es decir, el coste del procedimiento. Según el portal de transparencia de la institución que gestiona la mezquita, en 2018 el Cabildo Catedral de Córdoba obtuvo unos ingresos de 15,8 millones de euros por la venta de entradas al monumento.
A principios de
enero de 2020, en el primer día del debate de investidura, el aún candidato a
la presidencia, Pedro Sánchez, aseguró que se facilitaría “la recuperación de
los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente” por la Iglesia. Y
añadió: “En un Estado aconfesional no
tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute
de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de
igualdad”. Las afirmaciones de Sánchez estaban recogidas en el acuerdo de Gobierno
de coalición con Unidas Podemos, y seguían la senda abierta por los socialistas
en el Congreso, que ya en 2017 habían conseguido que se aprobara una
proposición no de ley en este sentido.
Dos años después de
aquel debate de investidura, y once meses después de que el Consejo de
Ministros remitiese al Congreso el listado de bienes inmuebles inmatriculados
por la Iglesia entre 1998 y 2015 –20.014
son templos o dependencias complementarias a los mismos y 14.947 son terrenos,
solares, cementerios, viviendas, locales…– la Iglesia ha asumido públicamente
que 965 bienes no le corresponden. Y acepta devolverlos. Fuera quedan los
grandes templos, como la catedral de Sevilla o la mezquita de Córdoba. El
acuerdo, el primero entre este Gobierno y la Iglesia, se dio a conocer tras la
reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno y la máxima autoridad de los
obispos españoles, Juan José Omella. Hasta ahora, Sánchez no había visitado la
sede de la Conferencia Episcopal. Quizá pudo aprovechar la cita para preguntar
cómo tributa el dinero de los cepillos, o por qué la Iglesia dispone a voluntad
de monumentos nacionales cuyos ingresos deberían revertir en las arcas
públicas.
Ahora sabemos que
como poco la Iglesia se apropió de casi mil inmuebles que no le pertenecían
gracias a que Aznar reforzó un privilegio franquista y se lo puso en bandeja.
Conocemos las inmatriculaciones que realizaron los jerarcas católicos durante
los 17 años que estuvo vigente la norma. Pero seguimos teniendo un vacío de 52
años, los que van desde la ley hipotecaria de Franco hasta la del Gobierno del
PP en 1998. ¿A ustedes les han contado la historia del cura que iba a dar la
extremaunción y salía con un documento de donación bajo el brazo? Si Sánchez
considera que un expolio de décadas se resuelve con esta graciosa concesión de
la Conferencia Episcopal, el Gobierno progresista no será artífice de un
acuerdo justo ni de la necesaria reparación de un daño inmenso, sino mero
cómplice electoralista de un atropello histórico.
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