LA SALUD PARA QUIEN SE LA
PUEDA PAGAR. UN NEGOCIO PARA LOS DE SIEMPRE
ALEJANDRO GIMÉNEZ
Una medida que reducirá los ingresos
públicos y que beneficia solo a quien pueda pagar y que excluye aún más a las
personas de rentas bajas (que elegirán comer antes que pagar un psicólogo, por
muy resentida que este su salud mental).
Aunque la ola neoliberal haya calado
hasta la medula en gran parte de la población y sea casi una quimera defender
la utilidad de un sistema fiscal justo y progresivo, no debemos renunciar a
hacer pedagogía sobre por qué estas deducciones fiscales profundizan y agudizan
la brecha entre ricos y pobres.
La adquisición de productos o servicios
de salud, incluso con la deducción, puede ser inaccesible para quienes viven en
condiciones de pobreza o precariedad. Por lo tanto, el pago inicial, aunque
deducible, representa un obstáculo significativo.
Por otra parte, la deducción fiscal solo
reduce la cantidad de impuestos pagados, no aumenta directamente los ingresos
disponibles. Para quienes ya se encuentran en la franja impositiva más baja, el
beneficio fiscal es mínimo o nulo.
En cuanto al efecto redistributivo, las personas con mayores ingresos obtienen un beneficio fiscal mayor en términos absolutos. Esto limita el impacto redistributivo de la medida.
Nada de esto sería posible sin suscriptores
Un hecho que no debemos olvidar es que
los procesos de solicitud de deducción fiscal suelen ser complejos y requieren
cierto nivel de conocimiento y acceso a recursos para completarlos
correctamente, lo que dificulta su aprovechamiento por parte de parte de la
población
Además de las limitaciones mencionadas,
cabe destacar que las deducciones fiscales pueden favorecer a determinadas
empresas privadas en detrimento de lo público. Por una parte, abocan a los
ciudadanos que pueden a “buscarse la vida” y pagar a una empresa privada para
recibir una atención que podrían recibir en el sistema público, y por otra,
estas medidas generan que determinadas empresas aumenten sus ganancias por el
aumento de clientes y porque se pueden permitir el lujo de subir los precios.
Un caso que ya hemos visto en repetidas ocasiones es que, cuando se ha decidido
reducir el IVA o eliminarlo de algún producto, los especuladores aprovechan
para absorber el posible ahorro mediante un aumento de los precios.
En resumen, estas medidas dejan fuera a
los menos afortunados económicamente, exprimen a los que pueden pagar,
benefician a empresas privadas y degradan los servicios públicos.
Las soluciones vinculadas a la mejora
del estado de la salud de la población no pueden pasar por actuaciones
individuales basadas en la renta individual de cada persona. Las soluciones
pasan por el fortalecimiento de un sistema de salud universal que garantice cobertura
gratuita y de calidad para toda la población lo que tendría un impacto mucho
más significativo en la salud y el bienestar de las personas, especialmente las
de menos recursos. La implementación de programas focalizados en las
necesidades de salud de las poblaciones más vulnerables, como subsidios
directos, campañas de prevención o atención primaria gratuita, podría tener un
efecto más directo y equitativo, así como el establecimiento de precios mínimos
o financiación estatal de determinados productos sanitarios básicos, como las
gafas, por poner un ejemplo.
Es hora de dejar de lado las políticas
de deducción fiscal y de privatización encubierta, que sólo favorecen a unos
pocos. Debemos reconocer que la salud no es un lujo, sino un derecho
fundamental, y exigir a nuestros gobernantes que actúen en consecuencia,
dejando atrás las medidas ineficaces y discriminatorias.
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