(IN)JUSTICIA A LA ESPAÑOLA

(IN)JUSTICIA A LA ESPAÑOLA

La (in)justicia española es una cuestión de clase y por eso es tan importante que dejemos de creernos ese mantra de que la justicia es ejemplar y que hay que respetar sus procedimient

LAURA ARROYO 

 

La justicia española a lo mejor no sorprende, pero indigna. Eso sin duda. En un mismo día ha sabido enrostrarnos sus posturas políticas, porque a estas alturas pensar que esto no va de política ya no es ser ingenuo, sino negacionista. Audios de un juez, el juez Aguirre, lo muestran señalando que se tumbó la ley de amnistía a voluntad, que al gobierno le quedan dos telediarios y que en esa fragilidad hay gente posicionándose con él porque el partido “soy yo”. Esa misma mañana, ayer, el Supremo rechazaba amnistiar a Carles Puigdemont y, con ello, volver a usar la ley de amnistía como la principal vía de oposición al gobierno desde la judicatura. Lo anticipaba ya en el tablero el periodista y escritor Ernesto Ekaizer unos minutos antes. A veces, lamentablemente, la justicia interfiriendo en la política es tremendamente predecible. Ese mismo día, ayer, la justicia nos mostraba otra de sus señas de identidad: la jueza Belén Pérez Fuentes absuelve al ultra Miguel Frontera, quien acosó en el domicilio del exvicepresidente Pablo Iglesias y la exministra de igualdad, Irene Montero, a su familia durante casi un año. Esta sentencia va en contra del criterio de la Fiscalía. Frontera, como sabemos, es un reconocido ultraderechista que acosó a esta familia y que es absuelto por una juez que lo que nos dice es que ese acoso puede bien quedar impune. Este es el resumen de un día en la justicia española.

Ayer también ocurría otra cosa, se cumplían 9 años de la ley mordaza. Esa ley que con toda su ferocidad se aplica contra ciertos cuerpos, voces y derechos. Esa ley mediante la cual a quienes protestan contra el fascismo se les puede condenar con penas de prisión como los seis de Zaragoza. Esa ley mediante la cual se reprime la acción sindical como con las 6 de la suiza o contra sindicalistas, como el compañero Oscar Reina ha relatado esta mañana. Esa ley mediante la cual no sólo se institucionaliza la represión de personas y limitación de facto de derechos democráticos, sino que envalentona a cuerpos y fuerzas de seguridad que se sienten impunes de una serie de acciones de atropello. Pienso en la forma en que golpearon a dos personas en Lavapiés, por su color de piel. Pienso en esa violencia policial que en Barcelona vemos contra los manteros todas las semanas. Pienso también en las infiltraciones de agentes en movimientos sociales que velan por derechos pero que para este maldito sistema son una amenaza. La amenaza no son los derechos que dejan de garantizarse sino quienes se organizan para defenderlos. El mundo al revés. O, mejor dicho, nuestro mundo al revés, porque para ellos parece ser muy lógico que la ley se aplique con toda la fuerza para los débiles y que sea obviada con toda la desvergüenza por los poderosos y reaccionarios.

Estos días la (in)justicia española está quedando en evidencia. Activistas reprimidos e investigados, pero ultraderechistas acosadores absueltos. Sindicalistas reprimidos y llevados a la fuerza a las comisarías, pero jueces prevaricadores gozan del silencio hasta de la progresía mediática que prefiere no hacerse eco de ciertas informaciones. Hace unos días se recordaba la masacre de Melilla con motivo de su segundo aniversario y pese a que un informe detallado habla de una trampa mortal racista en dichos acontecimientos, el responsable político, Fernando Grande-Marlaska, sigue ocupando tranquilamente su silla ministerial. Esa es tu justicia España. ¿Cómo no van a envalentonarse los ultras si ven que sus acciones y sus acosos y odios son replicados por altos representantes políticos y que los cuerpos y fuerzas de seguridad les protegen al igual que los jueces que luego les permiten irse de rositas? El fascismo no se envalentona por azar, sino como consecuencia de este escenario que vamos delineando con mucha alarma.

Pero cuidado, hay quien puede creer que el problema en España es que la justicia no funciona. Es bastante lógico creerlo a la luz de los hechos de estos últimos meses y sobre todo de las últimas horas, porque en un día hemos tenido tres noticias que muestran la putrefacción de este sistema de falsa justicia. Falsa justicia porque es una justicia selectiva. Y esta es la clave. No es que la justicia no funcione en España, es que funciona perfectamente pero de la forma en que ha sido concebida: Una justicia de clase, es decir, injusta. Un sistema judicial donde acceder a la judicatura está reservado sólo para ciertas personas, y reproducen por eso sus privilegios de clase desde la utilización de las togas y las leyes. Un sistema judicial que ampara a los “suyos”, da igual si son fascistas o golpistas, pero que es implacable con los “otros”, con nosotros y nosotras. Las izquierdistas, los rojos, los pobres, los vulnerables, la clase trabajadora, las feministas, los sindicalistas, los activistas, las obreras, los migrantes, los racializados, incluso los diputados que son “intrusos”, es decir, de izquierdas, los incómodos, las que no callan y nombran a sus agresores y en el camino también a los jueces que machistamente legislan contra nosotras, etc. Somos los y las intrusas de ese sistema y por eso son furibundos contra nosotros. Porque hay que callarnos, primero, y disciplinarnos después. Por eso el lawfare contra Irene Montero y por eso, también, la absolución del fascista que la acosó a ella y a su familia durante casi un año. Para que se esté calladita, para que no incomode más y para que nosotras, las que veamos cómo la (in)justicia española la penaliza a ella y no al nazi, aprendamos también a no meternos en problemas, a quedarnos quietecitas, porque así estamos más bonitas, ¿Verdad? Pues va a ser que no.

La (in)justicia española es una cuestión de clase y por eso es tan importante que dejemos de creernos ese mantra de que la justicia es ejemplar y que hay que respetar sus procedimientos. Estamos viendo cómo desde altos cargos de la judicatura se está revirtiendo una voluntad expresada en el Congreso de los diputados como resultado de la aritmética parlamentaria que elegimos en las urnas. ¿De qué justicia me habla usted, España? Y por lo mismo es tan importante nombrar con valentía y contundencia a los jueces que prevarican como Alba o Aguirre, hablar de lawfare –pero de verdad– no a lo Sánchez que va de gallito cinco días, pero después se vuelve pollito, hablar de los periodistas que integran esa máquina del fango y hacen lawfare y hacerlo con nombre y apellidos dispuestos a pagar la factura que supone nombrar a gente como Ferreras, Quintana, Terradillos, Vallés, Motos, Griso… así, sin pelos en la lengua. Porque de lo contrario estamos completamente desprotegidos. Si la (in)justicia es de clase, no basta sólo con denunciarlo, hace falta una alianza de clase que señale a quienes desde su privilegio nos desprotegen y amenazan a las mayorías sociales. La justicia no nos queda lejos. Está ahí en cada día que los estudiantes que acampaban por el pueblo palestino temían ser reprimidos. Está ahí, cada vez que te preguntas si ir o no a una manifestación por temor a lo que puedan hacer los agentes policiales. Está ahí, en cada momento de desconfianza que has tenido con tus compañeros en un movimiento social después de ver cómo se infiltran agentes. Está ahí, en cada temblor que nos recorre el cuerpo cuando caminamos por las calles de este país y vemos a un policía que puede arbitrariamente detenernos por cómo nos vemos. Necesitamos una justicia justa. La injusticia de clase en España se está mostrando de cuerpo entero, que sirva su envalentonamiento como vía para construir una alianza desde nuestra indignación ante su impunidad.