DIOS SALVE AL REY JUAN CARLOS
DAVID TORRES
Fotografía
de archivo (17/07/2017), del rey emérito Juan Carlos I.- EFE
Parece mentira que la justicia británica haya rechazado la inmunidad del rey Juan Carlos cuando está claro que al rey Juan Carlos lo vacunaron por lo menos tres veces: la primera por nacimiento, la segunda por inyección constitucional y la tercera hace menos de un mes, cuando la Fiscalía española decidió comerse con patatas toda la investigación abierta sobre las presuntas comisiones ilegales del AVE a La Meca, el pastizal archivado en una cuenta de la isla de Jersey y las tarjetas black donadas generosamente por un empresario mexicano. Un montón de españoles pata negra y aduladores monárquicos exigía que, a su regreso a España, todos los malpensados y los republicanos contumaces hicieran una cola de doce kilómetros para arrodillarse ante su majestad y pedirle perdón. Lo que no tiene explicación lógica es que, siendo inocente desde la cuna, el rey Juan Carlos saliera por piernas del país como un atracador de bancos y se colocara a un continente y pico de distancia. A ver si es que los inocentes éramos nosotros.
Aparte de ese
cariño cortesano que el pueblo español brinda a sus reyes desde los gloriosos
tiempos de Fernando VII y el "vivan las caenas", el PSOE, el PP, Vox
y el resto de la derecha han blindado, que no brindado, cualquier posibilidad
de abrir una comisión parlamentaria sobre estos y otros feos asuntos. Y eso que
hace poco más de un año la ministra de Hacienda tachó la conducta del rey Juan
Carlos de "reprobable, reprochable y nada edificante".
Sin embargo, al
igual que el resto del país, la justicia británica conduce por la izquierda y
además sigue utilizando esos pelucones completamente pasados de moda que, en
buena ley, corresponderían más bien a un monarca de pro, borbón concretamente.
Aunque poca gente lo recuerda, fue en Inglaterra donde se inauguró la
lamentable costumbre europea de decapitar soberanos, y mucho antes de Carlos I
y contra todas las tradiciones de la época, Enrique VIII practicó el divorcio
por las bravas de diversas y vistosas maneras, algunas de las cuales incluían
el hacha.
Quizá por eso, por
costumbre, en Londres también estuvieron a punto de juzgar a un ex gobernante
extranjero, el dictador chileno Augusto Pinochet, a quien el recurso de
impunidad tampoco le funcionaba fuera de casa y permaneció en arresto
domiciliario durante casi año y medio, hasta que montó el numerito de la silla
de ruedas y el dodotis para convencer al juez de que ya no era una bestia
genocida sino un anciano chocho.
De momento, la
defensa del rey emérito se ha topado con el chasco de que el estatuto de
inviolabilidad no tiene cobertura en el extranjero, tampoco en Gran Bretaña, y
menos aun en el caso de acoso a una súbdita británica. El Tribunal Superior de
Londres ha tenido que explicar a los abogados que, si aplicaran el principio de
inmunidad previsto por la Constitución española, el rey Juan Carlos podría
entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes sin
enfrentarse a ninguna consecuencia penal. Menos mal que llevaban la peluca
apretada a fondo, porque se la llegan a quitar para dejar circular la sangre y
se habrían dado cuenta de que acababan de definir la situación de la justicia
en España.
Casi igual de
divertida ha sido la explicación de que amenazar la vida de una mujer y de sus
hijos "no entra en la esfera de actividades gubernamentales o
soberanas". En ese punto el juez le ha pedido a Corinna Larsen que
especifique si los actos criminales que atribuye a Félix Sanz Roldán, director
del CNI por aquel entonces, fueron a título personal o profesional, lo que es
lo mismo que preguntar si James Bond tenía licencia para matar o sólo estaba
matando en su tiempo libre. Con todas estas minucias, sumadas a su manía de
hacer cumplir la ley a cualquier precio, parece que los jueces británicos no se
dieran cuenta de que están armando un incidente internacional que podría
desembocar en que el rey Juan Carlos tenga que pasar otras navidades entre
palmeras o en un asalto a Gibraltar para dar a los monos la nacionalidad
española.
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