LA PROPIA OPOSICIÓN VENEZOLANA DEFENESTRÓ AL «PRESIDENTE INTERINO»
GUAIDÓ
ÁLVARO VERZI RANGE
Juan Guaidó, el “presidente interino” made in Washington, ya no le sirve a EE.UU., por lo que le lanzó al “basurero” y se acercó al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, obligando a los partidos de la oposición a eliminar el ficticio mandato en lo que fue quizá el mayor fracaso político de la injerencista política estadounidense para la región.
La oposición aprobó este jueves el proyecto presentado por Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que busca eliminar el ficticio gobierno que encabezara el “presidente interino” Juan Guaidó desde enero de 2019, que de inmediato fue reconocido por Washington, que empezó a endurecer su campaña de presión contra el gobierno constitucional para derrocarlo e incluso amenazó a Venezuela con una intervención militar. Amenaza, vale recordar, mantiene hasta hoy.
Los diputados de
los tres partidos más numerosos de la oposición -Acción Democrática (AD),
Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT)-. consideraron que tras cuatro
años de su proclamación, el mecanismo se debilitó sin lograr los objetivos de
cambio político planteados: “No se ha alcanzado los objetivos de liberación
esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven hacia la democracia”.
Al proclamar el
cese de Guaidó, señalaron que el vasto apoyo internacional con el que contó en
su proclamación en 2019 mermó radicalmente: Estados Unidos sigue siendo su
principal aliado, pero en el camino perdió el respaldo de países como
Argentina, México, Perú y, más recientemente, Colombia. Maduro, en cambio,
siempre mantuvo el control del poder.
“Cada vez son menos
(países), en primer lugar, porque hay gobiernos que han cambiado desde el punto
de vista ideológico, pero también hay gobiernos que ya ven que esta estrategia
se ha agotado y que hoy, a pesar de que siguen desconociendo a (el presidente
de Venezuela) Nicolás Maduro, no siguen respaldando (a Juan Guaidó)”, dijo el
exdiputado opositor Alfonso Marquina en una rueda de prensa.
La propuesta fue
aprobada con 72 votos a favor durante una reunión virtual. Unos 104 parlamentarios
electos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, se reunieron para
decidir en torno a la eliminación de la «presidencia interina» o su continuidad
por un año más. La propuesta presentada por Guaidó, que buscaba prorrogar el
mandato por un año más, hasta el 4 de enero de 2024, solo obtuvo 23 votos a
favor.
Marquina, a cuenta
de 69 de los 112 parlamentarios elegidos en 2015 que respaldaron a Guaidó,
anunció la decisión de eliminar del todo el interinato, salvo tres instancias
para tratar tema de los activos en el exterior, los de la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA), así como la del Banco Central de Venezuela (BCV). O sea
quieren seguir adueñandose de los recursos del Estado venezolano, con la
complicidad de Washington y la Unión Europea.
Los voceros de tres
de los cuatro principales partidos de la alianza opositora Plataforma Unitaria
buscan reemplazar a Guaidó con una comisión de cinco miembros designados.
Guaidó se autoproclamó el “presidente encargado” de Venezuela en enero de 2019
con el apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Donald
Trump, quien encabezó una ofensiva para derrocar a Maduro, a quien bombardeó
con sanciones, incluido un embargo petrolero.
Tras el intento de
magnicidio contra Maduro de agosto de 2018, al estallar drones armados con
explosivos durante un desfile militar en la Caracas, The New York Times reveló
detalles de una nueva conspiración contra el gobierno venezolano: funcionarios
de EEUU mantuvieron reuniones secretas con oficiales militares venezolanos para
intentar un golpe de Estado. Poco después llegó el “nombramiento” de Guaidó.
Pese a apoderarse
ilegalmente de millones de dólares de bienes y activos de Venezuela congelados
en EEUU y de una gran reserva de oro depositada en bancos británicos, el
dirigente golpista pasó los últimos cuatro años sin poder real y cada vez con
menos apoyo internacional, sacudido por un sin número de escándalos de
corrupción.
Guaidó y su
entorno, más divididos que nunca, son ahora una de las figuras más odiadas
incluso entre los partidarios de la oposición venezolana y ya no lo abraza
ningún presidente de la derecha regional. El fin del interinato y la expulsión
de Guaidó del liderazgo de la oposición, son, de hecho, un reconocimiento de
derrota por parte de la derecha proestadounidense y constituyen una victoria
para Maduro y los bolivarianos.
El opositor
Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, reclamó el fin del llamado
gobierno interino de Juan Guaidó, al considerar que es una “política que fracasó”
y se convirtió en un sistema que beneficia a un puñado de dirigentes y no a los
ciudadanos, e instó a los parlamentarios opositores a que “no se dejen
chantajear, ya basta de ese modus vivendi”,
Nicolás Maduro ya
había denunciado que el gobierno de Estados Unidos entregó más de 150 millones
de dólares a las mafias de la derecha venezolana, rubro procedente del dinero
congelado y secuestrado en las reservas federales estadounidenses y los bancos internacionales.
“Se habla de entre
1200 a 1700 millones que entregó el Gobierno de Donald Trump a la derecha
trumpista–guaidosista […], pero, ahora, no sólo eso, del dinero congelado,
secuestrado a Venezuela en los bancos del mundo y en la reserva federal de
Estados Unidos están sacando el dinero para entregárselo a estas mafias de la
derecha”, para financiar la guerra política, psicológica y mediática contra
Venezuela, orquestada por la Casa Blanca en coordinación con grupos de la
oposición.
La figura del
gobierno interino había creado grandes fisuras desde hace meses dentro de la
oposición que, de hecho, ya llamó a celebrar primarias en 2023 para elegir a un
candidato único que enfrente a Maduro en las elecciones presidenciales
previstas para 2024.
Mientras, el
Gobierno de Venezuela rechazó la “ley Bolívar” aprobada por el Senado de
EE.UU., que prohíbe a las agencias federales hacer contratos con empresas en
cualquier parte del mundo que tengan negocios con entidades del Estado
venezolano, y advirtió que se busca dinamitar la ruta de diálogo entre ambos
países y hacer irreversibles las sanciones.
*Sociólogo
venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista
senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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