FRAUDE FISCAL
CONTEXTO
Impuesto a los ricos.
El debate sobre los impuestos ha vuelto de nuevo. Ocurre periódicamente y casi siempre con argumentos parecidos de una y otra parte. Pero en esta ocasión añade rasgos novedosos. A las falacias frecuentemente utilizadas por la derecha o los dirigentes empresariales, como que la inversión va a decaer si se suben los impuestos a los ricos, el PP de Núñez Feijóo ha decidido emplear al máximo otra arma: las mentiras burdas y descaradas sobre la fiscalidad en España. Pese a su bajo nivel demostrado como líder de la derecha, no parece que lo haga por torpeza, sino por la seguridad de que va a contar con un aliado para engañar a los ciudadanos, la mayoría de los medios de comunicación, especialmente las
televisiones, que dan por buenas sus mentiras, como que en España se paga mucho
en impuestos. No es verdad. La presión fiscal en España es más baja que la
media de la Unión Europea: los impuestos y las cotizaciones a la seguridad
social suponen el 37 por ciento de PIB frente a más del 40 por ciento en el
conjunto de Europa. También es falso que las clases medias sean más castigadas
fiscalmente aquí. Las familias, situadas en la mediana de rentas, tributan en
el IRPF el 11,4 por ciento de sus ingresos. Menos que España sólo tributan
Irlanda, Luxemburgo y Chipre. Mayor mentira, si cabe, es esa de que el Gobierno
de Sánchez se está forrando con nuestros impuestos. Más de la mitad del dinero
de los impuestos va a parar a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos.
Los impuestos y las
cotizaciones a la seguridad social suponen el 37 por ciento de PIB frente a más
del 40 por ciento en el conjunto de Europa
Todas esas mentiras
no hacen sino tratar de convencer a la gente de que hay que bajar los
impuestos, en línea con lo que hacen sus comunidades autónomas tomadas por bandera
para el asalto al poder del Estado: Madrid y Andalucía. Estas reclaman al
Gobierno de España más dinero, al tiempo que deciden bajar los impuestos,
preferentemente a los que tienen más renta, a los ricos.
Los impuestos son
imprescindibles para que el Estado pueda disponer de servicios públicos, como
la educación, la sanidad o la protección social, y que sean de calidad
suficiente. Pero no solo eso, son necesarios para la realización de
infraestructuras sin las cuales un país no puede funcionar ni crecer. También
para impulsar la economía y su
transformación. Incluso favorecen a las propias empresas, algunos de
cuyos representantes se muestran contrarios a los impuestos: reciben
innumerables ayudas, que no dudan en pedir. Aparte de ayudas sectoriales, las
empresas tienen beneficios fiscales, por vía de exenciones o bonificaciones en
los Presupuestos Generales del Estado, que este año se acercan a los 6.000
millones de euros.
Ni el IRPF, ni el
impuesto de sociedades, ni el IVA llegan en España al nivel de recaudación de
los más desarrollados de la UE
Pero la principal
consecuencia de un sistema progresivo de impuestos, en el que se paga en mayor
proporción cuanto más se gana o más patrimonio se tiene, es que contribuye a
redistribuir la riqueza. La muestra es que la renta media es mayor con las
transferencias sociales que sin ellas, especialmente en los menores y en los
jubilados.
Y en España, la
recaudación es baja, menor que la media de la Unión Europea. Ni el IRPF, ni el
impuesto de sociedades, ni el IVA llegan en nuestro país al nivel de
recaudación de los más desarrollados de la Unión. Salvo la excepción de
Irlanda, todas las naciones desarrolladas tienen unos ingresos fiscales más
altos en relación con el PIB, con el tamaño de su economía.
El Gobierno tiene
pendiente una reforma fiscal en profundidad, prometida en su programa de
investidura. Como avance a la misma, acaba de acordar el establecimiento de un
impuesto a las grandes fortunas. Su principal propósito es que no se queden sin
pagar los ricos con residencia fiscal en Andalucía o en Madrid, donde
precisamente se encuentran las principales fortunas de España. Entre otras
cosas es una forma de evitar la desigualdad fiscal por vivir en los bastiones
del PP y Vox.
También ha acordado
limitar las exenciones de las grandes empresas que los llevaban a pagar una
cantidad exigua de impuestos. Las 23 mayores multinacionales españolas pagaron
en todo el mundo un 2,5 por ciento en el impuesto con unos beneficios
superiores a 15.000 millones de euros.
Además, el Gobierno
ha bajado el impuesto a los sectores más vulnerables. Entre ellos a los
trabajadores que menos ganan, de tal manera que se amplía el número de los que
no tendrán que pagar el IRPF hasta los que ganan 14.500 euros al año.
Instituciones
supranacionales han pedido a los estados que suban los impuestos, especialmente
a los ricos y a las eléctricas
Europa se
desarrolló y logró altos estándares de vida gracias en gran medida a los
impuestos. También Estados Unidos. Fue desde los años 50 hasta los 70 del siglo
pasado. Se alcanzó una calidad de vida, un crecimiento económico y un nivel de
igualdad social nunca vistos. Entonces sus tipos máximos del IRPF eran al menos
del 60 por ciento y en algún caso superaron el 80. Claro, solo para los muy
ricos.
Las instituciones
supranacionales más relevantes en materia económica han pedido a los estados
que suban los impuestos y especialmente a los ricos y a las compañías
eléctricas. Eso a pesar de que mantienen un discurso neoliberal conservador. Lo
han hecho el FMI, el Banco Central Europeo, la OCDE y la Comisión Europea por
la necesidad de que los países hagan frente a la crisis energética y paliar sus
efectos sobre los ciudadanos y la economía. Por su parte la primera ministra
británica, Liz Truss, conservadora, ha tenido que retirar su plan en el que
eliminaba el impuesto máximo a las rentas más altas por la rebelión en su
partido. Mientras, el PP juega a la contra en lo que parece puro oportunismo,
plagado de engaños, que es otra forma de fraude, en este caso fiscal. Debe
creer que su mensaje atrae a la gente, aunque gran parte de ella no vaya a ser
beneficiada por las bajadas de impuestos.
Cuando los
jubilados reclamen pensiones dignas, los profesores, sanitarios, bomberos u
otros empleados públicos pidan sueldos mejores o los ciudadanos exijan centros
de salud adecuados que piensen en todo esto.
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