'DESPARTIDIZAR' EL PODER JUDICIAL Y
PEDIR PERDÓN A ROSELL
ANA PARDO DE VERA
El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicia (CGPJ) está a punto de caramelo, dijo el presidente del Gobierno este jueves, y el PP de Alberto Núñez Feijóo lo rompió pocas horas después, porque la reforma del delito de sedición no es constitucional. Lo constitucional es, según el Partido Popular, incumplir la Constitución y tener en funciones al CGPJ durante cuatro años, forzando la dimisión de su presidente (¡uno de los tuyos!) y provocando una reprimenda de Bruselas y la vergüenza internacional.
Pero pelillos a la
mar, que quienes conocemos que Feijóo es menos "hombre de Estado" que
Pablo Casado -con éste se estuvo más a punto que con aquel- sabíamos que solo
necesitaban tiempo para encontrar una excusa que no fueran los indultos a
independentistas catalanes, Podemos en el Gobierno, el juez De Prada, la fiscal
general Delgado, que Iglesias pidiera un referéndum sobre la monarquía estando
en el Gobierno o que se renovase el CGPJ sin cambiar la ley. Y ya la tienen; y
si no es la sedición, será la ley trans o el sexo del ángel Marcelo, que existe
y uno de ellos lo ha visto y lo lleva de mascota. Todo esto ocurre cuando la
corrupción vuelve a cercar al PP con las cloacas de Interior, la Púnica,
Andorra y Zaplana, no lo olviden, que no es casualidad.
Mientras tanto, y
pese a que el Partido Popular ha demostrado con reiteración y alevosía que es
el único culpable de que se incumpla un mandato constitucional, la izquierda a
la izquierda del PSOE (Podemos sin Unidas) ha decidio inmolarse en la plaza
sacando a la palestra el nombre de la delegada del Gobierno contra la Violencia
de Género en el Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell, y planteándolo como
línea roja, al tiempo que divide a su espacio, como siempre, entre blancos y
negros, entre partidarios y detractores. Es lo más inteligente, sin duda, y
permítanme la retranca: es lo más inteligente ... para ahondar en la maldición
de la izquierda, a la que ya apelé en mi artículo anterior sobre el Proyecto
Drago de Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos y
exdiputado por arte del lawfare español, "y mucho español".
Es legítimo y hasta
obligado que la gente decente apueste por Vicky Rosell, yo también lo hago:
magistrada feminista, mucho más capaz que la media, persona brillante, honrada
hasta el tuétano, trabajadora incansable y con una trayectoria contrastada que
incluye derrotar una conspiración corrupta hasta la náusea de un juez y a un
poderoso exministro del PP, José Manuel Soria, en tiempos de su íntimo amigo y
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Nada hay más repulsivo que la
corrupción institucional, política, judicial ... Me provoca un rechazo tan
visceral que he tenido que canalizar mi rabia con una novela, precisamente,
Chantaje a una jueza (Espasa) No trata el caso Rosell, pero bien podría; sí
trata la corrupción judicial y política en Galicia, tierra de Feijóo y esta
plumilla. Porque estamos rodeadas.
El PP vuelve a
bloquear la negociación del CGPJ con la excusa de la reforma del delito de
sedición
El PP vuelve a
bloquear la negociación del CGPJ con la excusa de la reforma del delito de
sedición
La corrupción se
produce, sobre todo, por el intercambio de intereses de poder y/o dinero entre
políticos, partidos, instituciones, empresas o todos a la vez. El Consejo
General del Poder Judicial tiene la capacidad, entre otras muchas, de poner y
sacar jueces al frente de tribunales territoriales. Si es el interés partidista
quien maneja a su antojo al CGPJ y no el interés público de justicia, el órgano
empieza a corromperse sin remedio. A lo largo de la historia de la democracia
postfranquista, hemos asistido a acciones sangrantes en este sentido, desde los
grandes casos de la monarquía (Nóos o el del propio Juan Carlos de Borbón), los
GAL, el procés, o las cloacas de Kitchen y Villarejo en toda su amplitud de
acción, hasta multitud de sentencias en distintos territorios, con tribunales
apestando a partidismo para beneficiar a sus afines.
Se ha pedido
reiteradamente la "despolitización" del Poder Judicial, sobre todo,
desde que el 15-M estalló el movimiento indignado, cuyas reivindicaciones
recogió una formación política de nueva creación, Podemos, que si no fuera por
las cloacas del Estado y sus terminales mediáticas, es posible que hubiera dado
el cacareado sorpasso al PSOE. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que ha sido
Unidas Podemos, el espacio de izquierdas posterior que unió a la formación
morada con sus confluencias, quien ha pedido hasta la saciedad que PP y PSOE
saquen sus manazas del Poder Judicial y dejen de utilizarlo como puerta
giratoria para satisfacer sus intereses.
Esta es la cuestión
y no otra: el afán democrático que imprime el hecho de que una parte del
Gobierno, la muy minoritaria (PSOE 120 / UP 35), pida la despartidización del
Poder Judicial en la medida de lo posible: jueces, juezas y juristas sin carné
de partido, que no salten directamente de un cargo público ni vuelvan a un
cargo público los salientes. Desconozco si estas líneas rojas son finitas o no,
si la incompatibilidad es por X años o para siempre, habrá que determinarlo en
su justa medida. En todo caso, es un buen comienzo, porque el Poder Judicial
está tan tomado por el PP que hay que empezar por nombrar a una cúpula de
mayoría progresista que cumpla a raja tabla estos supuestos. Y seguir
trabajando, no olviden que llevamos 40 años con estas estructuras, y en el caso
del Poder Judicial, sin una transición mínima del franquismo a la democracia,
más allá de que se aceptara como ejercicio de fe que "jueces que eran
franquistas se levantaran demócratas", como recuerda siempre el sabio
Martín Pallín.
Sí, yo también creo
que Vicky Rosell es hoy en día una de las mejores opciones para integrar el
Poder Judicial y que si se hiciera una excepción con ella, no pasaría nada, al
revés: el CGPJ ganaría enteros. Creo que es, además, una injusticia tremenda
que el PP la vetara en su día -que no ahora, insisto: que no ahora- junto al
juez De Prada, encima, sabiendo el intento de acoso y derribo que sufrió ella y
sufrió su familia por culpa del exministro Soria, del PP, y por los que nadie
de este partido le ha pedido jamás algo parecido a una disculpa. Es indecente,
y creo firmemente que el PSOE debería exigirlo al PP si finalmente este acepta
continuar la negociación, cosa que personalmente dudo mucho.
Si Unidas Podemos
cree que debe diferenciarse de todo este contubernio institucional del
bipartidismo que ya no existe, aunque sigan ostentando la Presidencia del
Gobierno PP o PSOE, la despartidización del CGPJ es inevitable, también para
ellos. Renunciar a ella implicaría permitir que también el PP siguiese su
acción colonizadora del Poder Judicial con exaltos cargos o trabajadores a
sueldo del PP. Como Enrique Arnaldo, ¿recuerdan? El Gobierno de Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias le dio el visto bueno para el Constitucional a cambio de nada.
Pero eran otros tiempos.
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