LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN CANARIAS: UN ABANDONO DELICTIVO
El Archipiélago se encuentra a la cola del estado con solo 5
inspectores para miles de residentes.
POR A. RAMÍREZ
Prácticamente abandonados por la Administración canaria se encuentran los miles de ancianos internados en residencias en el Archipiélago. Y es que, según los datos revelados por el diario El País, Canarias es la comunidad que menos inspecciones realiza en sus residencias y centros de mayores de todo el Estado, sólo superada en este vergonzoso «récord» por Extremadura.
En todas las islas, y para un total de más de 100 residencias, sólo hay cinco inspectores. 3 en la provincia Las Palmas y 2 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el año 2019 la situación era todavía más precaria, con sólo dos inspectores de Derechos Sociales para toda Canarias.
El servicio de
inspección de Políticas Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos
Sociales, debería ser el encargado de evaluar la calidad asistencial de los
centros. Sin embargo, según denuncia los propios inspectores, esto es
absolutamente imposible, ya que cinco personas no pueden realizar esta labor en
más de un centenar de residencias.
Los inspectores
deben evaluar aspectos tan importantes
como son la higiene o los registros de caídas de las personas mayores y
dependientes ingresadas en esas residencias. La realidad es, sin embargo, que
tales parámetros fundamentales para la salud y la vida de los ancianos no están
siendo controlados por la administración canaria.
Desde la asociación
de cuidadores y dependientes denuncia que no se está dotando de recursos
humanos y económicos a las normas impuestas y subrayan la sensación que tienen
de que la Administración siempre quiere contratar lo más barato y sin control.
De esta manera, el
conjunto de las residencias actúa de manera totalmente opaca al control
público.
«Es inviable desde
el punto de vista de políticas sociales controlar las residencias, nosotros no
vigilamos si a los mayores les lavan los dientes, no está dentro de nuestro
cometido», explica Jafet Nonato, presidente de la asociación de inspectores de
Salud Pública de Canarias.
LAS PROMESAS
INCUMPLIDAS DE LA CONSEJERA NOEMÍ SANTANA
La consejera de
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias,
Noemí Santana
Fran Bautista,
portavoz del sindicato UGT, recuerda que «cuando llegó la nueva consejera de
Derechos Sociales, Noemí Santana de Unidas Podemos, prometió que iba a cambiar
las cosas, a modernizarlas y a ampliar el número de plantilla poniendo un
presupuesto adecuado a las necesidades».
«Sin embargo -denuncia Bautista– seguimos
exactamente en la misma situación si desde el punto de vista sanitario es
imposible llegar a todas las residencias con más de cien evaluadores las
inspecciones de políticas sociales son anecdóticas».
Las condiciones
higiénico-sanitarias son revistadas por inspectores de Sanidad que también son
insuficientes, aunque mucho más numerosos: 125 para toda Canarias.
Según el reportaje
publicado por El País, se han impuesto cinco sanciones en la isla de Tenerife y
una en Gran Canaria, el 2017 y el 2019, que en el caso de la primera isla
concluyeron con su cierre.
Sin embargo, este
tipo de sanciones llega cuando las consecuencias de la falta de control por
parte del gobierno canario son tan graves como en el caso de la residencia
tinerfeña de Santa Rita. Una de las más grandes de todo el Estado, que tuvo que
ser intervenida por la consejería de sanidad en plena pandemia después de que
acumulara más de 200 positivos por Covid 19 y más de 20 muertos.
https://canarias-semanal.org/art/30969/las-residencias-de-ancianos-canarias-un-abandono-delictivo
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