RESIDENCIAS PARA MAYORES
La ofensiva
contra el estado del bienestar en nuestro país es equiparable a una declaración
de guerra, pero no se atreven a predicarlo, porque no es una bombazo
terrorífico, es una guerra de guerrillas paulatina pero incesante. Hoy voy a
referirme a las residencias de ancianos, aquellas que durante la pandemia
sufrieron la mayor mortalidad porque “ya han vivido una vida, y mejor dedicar
los esfuerzos a otros menesteres…”
En España hay 3.907.804 ancianos entre 70 y 80 años, y 2.138,812 de más de 80. En Catalunya 2.138.812. Es decir una población envejecida, gracias a la alimentación y la sanidad pública – la de antes, no la de ahora-. Pues bien el 81.0% de las residencias de ancianos está en poder privado mientras que la residencias públicas el 18’1% dependen mayoritariamente de las Diputaciones provinciales.
EL precio de
una residencia es muy variable dependiendo de la zona en que se ubica, y va
desde los 800€ en las zonas rurales hasta los 5000€ en zonas residenciales de
lujos, siendo el coste medio de entre 2500€ y 3000€ al mes. De ahí que los
buitres se hayan lanzado a por las viviendas de los ancianos con la llamada
hipoteca invertida que hace posible una residencia cuando las pensiones no
alcanzan para sufragar la pensión pública ni mucho menos la privada.
Cuando la
evaluación de minusvalía y dependencia obtiene unos resultados favorables para
el pensionista, éste puede ser favorecido con un ingreso que va a las
residencias concertadas como complemento de la pensión.
Aquí también
se vislumbra el golpe del neoliberalismo: se apropian de los servicios públicos
en aras a una cesación de obligaciones del Estado que ni se hace cargo de
construcción de residencias, de su equipamiento y gestión, y deja que empresas
y fondos de inversión se hagan con estos servicios con el simple objetivo de
ganar dinero.
No vale que
lo privado ofrece mejor servicio que lo público, porque los medios de que
disponen las residencias no son equiparables: mientras que en residencias
privadas se escatiman los servicios fundamentales en alimentación, higiene,
etc, los centros públicos ofrecen una calidad según los recursos de los que
disponen.
La dejación
de funciones se muestra más que evidente cuando la Xunta de Galicia ofrece
1000€ mensuales a todos aquellos acianos que opten por una residencia privada
en lugar de una pública. Es decir, vaciarán las residencias públicas, despedirán
a sus empleados, venderán las edificaciones y , en un momento dado,
alegarán falta de presupuesto y los buitres se comerán no y los restos del
banquete, sino el banquete entero. No nos habremos dado cuenta y nos habremos
quedado sin la posibilidad de ser cuidados en nuestra vejez…
Además en el
actual sistema nos vemos tratados de una forma desigual. La igualdad ante la
ley – y la atención a los ancianos lo es- se quiebra cuando en Madrid se cobra
1903€+IVA en una residencia pública; en Málaga el precio medio es de 85€
diarios, unos 2550€ mensuales, en Galicia el precio medio es de 1521€ mensuales
mientras que el pensionista paga el 80€ de su pensión, el resto lo sufraga la
Xunta. Es decir, no existe un plan nacional de residencias que tenga en cuenta
las rentas de los pensionistas, de haberlo los fondos buitres se alejarían de
este suculento banquete que tiene dos vertientes: el sueldo de un cuidados,
cocinero, asistente social está entre los 1200€ y 1450€ brutos, según el
convenio. Con estos salarios quienes acuden a la oferta no suelen ser personas
específicamente preparadas para el cuidado; son, sobre todo, mujeres que
compaginan el trabajo de la residencia con los quehaceres del hogar,
estableciendo una brecha en las cotizaciones que posteriormente les
imposibilitará tener una plaza en una residencia porque su pensión no les
alcanzará.
El estado del
bien estar en España, como si de una naranja se tratara, se va desgajando trozo
a trozo en las fauces devoradoras de empresas especuladores y de fondos de
inversión. Ah! y hay quienes en aras a la libertad pregonan que este es el
mejor de los procesos posibles porque la libertad de empresa es una derecho
fundamental. Pero no es verdad, porque y muy por encima de todo, la vida con
dignidad no hay empresa que mida su rendimiento.
Empezaron por
fomentar la emigración del mundo agrario hacia la ciudad, construyeron
viviendas de 60m2, y cerraron las puertas a que los abuelos pudieran ser
cuidados en casa, como sí sucedía en “el pueblo”. La ciudad se ha deshumanizado,
porque existió un plan premeditado para ello. Pero ya nos hemos dado cuenta! Y
no estamos dispuestos a que este proceso siga adelante. Nuestra lucha por todo
el estado del bienestar, construido con nuestros impuestos a fuerza de trabajo
no va a ser vendido a los adinerados buitres carroñeros, si no que va a ser
defendido con uñas y dientes. Pensiones, sanidad, educación, dependencia y todo
lo demás deben ser el interés de todos aquellos que se llamen ciudadanos y
sientan lo común como propio.
Prudenci
Vidal Marcos
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