AMNISTÍA E IGUALDAD EN ESPAÑA

 

AMNISTÍA E IGUALDAD EN ESPAÑA

Si el estamento judicial tomó decisiones políticas, quizás se ha hecho necesaria una intervención desde la política. O, en otras palabras, frente a tratamientos desiguales, se requieren soluciones desiguales

JACINT JORDANA

Constitución y Amnistía: el encaje. / Pedripol

Se argumenta que la amnistía rompe la igualdad, de derechos y deberes, entre los españoles, y tal vez sea cierto, pero este tipo de críticas no se produce cuando se ha hecho una amnistía fiscal, por ejemplo, donde la igualdad también se ve completamente comprometida, con un trato de favor a los que han defraudado al fisco. Aquí la igualdad es sólo entre los defraudadores, no con el resto de los ciudadanos. Tal vez esta igualdad económica sea menos importante, para algunos, que la otra igualdad que parece fracturarse con la propuesta de amnistía al movimiento independentista catalán. Sin duda, es una cuestión de prioridades y de pareceres, pero no es un argumento muy consistente, por lo menos cuando se expresa en términos tan simples como lo hacen la mayor parte de los creadores de opinión y combativos políticos que se oponen a la amnistía pactada entre el PSOE y los grupos políticos independentistas.

 

Poder hacer excepciones es muy importante en una democracia, ya que es un reflejo de su capacidad de inclusión

 

Una amnistía es una actuación excepcional que modifica unos parámetros establecidos respecto a la aplicación de las leyes y, precisamente por este motivo, requiere mecanismos especiales para su aprobación e implementación, como puede ser una ley orgánica, y los adecuados controles jurídicos. No obstante, poder hacer excepciones es muy importante en una democracia, ya que es un reflejo de su capacidad de inclusión y, al mismo tiempo, de su flexibilidad para afrontar problemas que sus reglas institucionales no consiguen resolver. Sin este tipo de respuestas, una democracia puede ser demasiado rígida para “arreglar” las rupturas sociales e ideológicas que, en ocasiones, genera su propia gestión del conflicto político. Sin duda, la propuesta de amnistía que se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados constituye un buen ejemplo de este tipo de dinámicas excepcionales.

 

Podemos preguntarnos, no obstante, si nos encontramos realmente frente a un caso que requiere aplicar medidas excepcionales. Para ello, cabe distinguir dos dimensiones que se confunden en este episodio; por un lado, la negociación política para la consecución de una coalición parlamentaria que permita la formación de un nuevo gobierno, y por otro lado, la necesidad de resolver un conflicto político que las instituciones públicas convencionales no han podido resolver mediante sus procedimientos habituales durante seis largos años. Aquí, un primer problema del debate público es la confusión que se genera entre ambas dimensiones del asunto, cuando se acentúan interpretaciones donde se infiere una causalidad, suponiendo que el PSOE solo ha podido tomar esta decisión debido a su debilidad, que ha “cedido” en sus principios, con el fin de mantenerse en el poder. Los muchos que mantienen este punto de vista infieren que el PSOE nunca lo hubiera aceptado en otras condiciones, y que, por tanto, los socialistas anteponen su interés particular a un interés general –que nadie discute–.

 

Hay que ver, pues, cuál es este interés general, y con ello entramos en el segundo, y más relevante, problema de este asunto tan polémico. Se puede deducir, por múltiples opiniones y declaraciones de los que se oponen a la amnistía, que el interés general es la igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Sin duda, un principio muy respetable. No obstante, algunos podemos pensar que precisamente este es el problema que pretende resolver la amnistía: que en el conflicto político relativo al movimiento independentista catalán, no todos los ciudadanos fueron tratados igual por la justicia. La perseverancia, intensidad y severidad de las actuaciones judiciales y cuasi-judiciales encaminadas a perseguir las supuestas ilegalidades del movimiento independentista a lo largo de los últimos años muestran unos perfiles persecutorios de una energía y constancia sorprendentes, considerando el carácter pacífico del movimiento, que por otra parte sería encomiable observar en muchas otras causas judiciales. Parece como si los díscolos ciudadanos independentistas merecieran un tratamiento diferente por parte del aparato de justicia, aplicando un rigor específico, y todos los recursos necesarios, como si se tratara de una tipología especial de ciudadanos que merecen un castigo también especial, ejemplar.

 

Parece como si los ciudadanos independentistas merecieran un tratamiento diferente por parte de la justicia

 

La ejemplaridad del castigo nos conduce de nuevo a la pregunta de la igualdad. ¿Podemos seguir manteniendo el criterio de igualdad de los ciudadanos como argumento contra la amnistía, si los potenciales amnistiados no fueron tratados con tanta igualdad en su momento?  Para responder a la pregunta, nos queda un ángulo del asunto que debemos explorar. Se trata del cuestionamiento de la comunidad nacional que el movimiento independentista pone en un primer plano con sus acciones, excluyéndose de su permanencia y apostando por la construcción de otra comunidad, diferente, con su propia identidad nacional. Renegar de la patria es un delito tremendo, que ninguna comunidad nacional suele tolerar, y los mecanismos judiciales se emplearon a fondo en su persecución, como es sabido. El problema es que, con ello, con la búsqueda de la ejemplaridad, perdieron la perspectiva del tratamiento igualitario a todos sus ciudadanos.

 

La cuestión de las identidades nacionales en España es un tema muy complejo, cuya gestión política tiene aún muchas limitaciones, y que requiere muchas sutilezas, algo que un modelo nacional unitario y homogeneizador tiene dificultades para encajar. Este es el caso de algunos ámbitos que poco han evolucionado en el marco del Estado de las Autonomías, como la administración de justicia, y que puede tender a identificarse fuertemente con una noción de comunidad nacional muy homogénea, lo que explicaría su trato desigual a los que reniegan de su identidad nacional. Todo ello es sin duda una cuestión política, de digestión lenta y plagada de incertidumbres, pero lo que sí parece claro es que el problema –la inadecuación del Estado a la pluralidad territorial y nacional de España– requiere una solución política. Es decir, si en su momento el estamento judicial tomó decisiones políticas, quizás se ha hecho necesaria una intervención desde la política. O, en otras palabras, frente a tratamientos desiguales, se requieren también soluciones desiguales.

 

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Jacint Jordana es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra.