NADA COMO UN GOBIERNO EN MINORÍA
ANA PARDO DE
VERA
"Sánchez legaliza la blasfemia", así tituló un digital este martes tras anunciarse, en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros, el Plan de Acción por la Democracia, que es el resultado de ese proyecto por la regeneración democrática al que se comprometió el presidente del Gobierno tras una reflexión de cinco días en ausencia, sobrepasado -argumentó- por el lawfare del juez Peinado contra su esposa, Begoña Gómez. De aquellos polvos, pues, este plan, en el que efectivamente -aunque falta mucha concreción, desarrollo y, sobre todo, acuerdos parlamentarios-, se legaliza la blasfemia porque el Ejecutivo se ha comprometido a acabar con el delito de ofensas religiosas, que ya es decir en pleno siglo 21. De hecho, si el PSOE cumple sus compromisos con sus socios de Ejecutivo y de investidura, se legalizan la blasfemia y las ofensas al rey, su familia o a las instituciones del Estado, entre otras menudencias, porque no existe el derecho a no ser ofendido y sí a la libertad de expresión.
El
Plan del Gobierno de Sánchez es bueno de inicio, a falta de los detalles, y es
bueno para la democracia, aunque hay cosas que chirrían porque llegan tardísimo
y se meten a capón. Por un lado, se reforman algunos aspectos de la ley
mordaza, pero no se deroga la norma, como estaba comprometido, lo que sigue
dejando en una gran vulnerabilidad el papel de los activistas, por ejemplo; por
otro lado, se va a reformar la ley de secretos oficiales, una ley franquista
de 1968 (¡de 1968!) que guarda, entre otras informaciones, las relativas al
golpe de Estado del 23-F o a los GAL de los gobiernos de Felipe González.
¿Por
qué cree ahora y no antes el PSOE que hay pseudomedios y su daño a la
democracia tiene que acabarse, que se puede una cagar en los dioses que sean,
insultar al rey y quemar una foto de la familia real -y mira que la Justicia europea nos avisó hace seis años,
SEIS ...- o que se permite hacer fotos a agentes policiales, por
ejemplo, si se considera que están cometiendo abusos sin ser denunciado por
ello e, incluso, sin acabar en prisión? Hay una estrategia que va más allá de
que los socialistas están sufriendo en sus sedes y en sus carnes ataques
antidemocráticos que antes sufrieron otros, como Podemos o los independentistas
catalanes, sea en forma de lawfare, de campañas asfixiantes de pseudomedios
o de acoso a familiares de cargos públicos u orgánicos. Hay un plan en el PSOE,
de hecho, que pasa por recomponer la mayoría de la investidura y no
precisamente para aprobar los presupuestos de 2025, que aunque muy complicado,
si se produjera, mejor que mejor.
La
ley mordaza, la de secretos oficiales, las injurias a la Corona, las
ofensas religiosas, la libertad de expresión,... son viejas reivindicaciones de
los nacionalistas, independentistas y partidos a la izquierda del PSOE, se
llamaran como se llamaran a lo largo de los años, por lo que, tras negociar con Sumar y lograr un acuerdo para el Plan
-que, seguramente, para ser alcanzado requirió la inconcreción de la que hace
gala-, Sánchez confía en atraerse, incluso, a quienes hoy le
advierten de que su apoyo no es incondicional o son reacios a darle cualquier
apoyo, como se vio con la decisión del PNV de respaldar a la (ultra)derecha
en el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela o,
a última hora de este martes, en la votación para tramitar en el Congreso la
ley de alquileres de temporada, tumbado por ese Junts que parece estar cada vez más cerca
de PP y Vox. Sí, los mismos que quieren meterlos en la cárcel e,
incluso, ilegalizarlos.
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