EL ASILO POLÍTICO EN ESPAÑA: PARA
USTED SÍ,
PARA TI NO
Opinión de Ruth Toledano
El asilo político en España: para usted
sí, para ti no
No es justo ni democrático que unas
lleguen en aviones puestos a su disposición con un despliegue de los recursos públicos
de que dispone el Estado, mientras otras son retenidas en condiciones precarias
durante días y semanas, separadas de su familia y al fin cruelmente rechazadas.
En la conciencia del Gobierno ha de quedar esta injusticia
Mohamed Ali Mohamed Slimani llegó al aeropuerto de Barajas en un avión procedente de El Aiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por el reino de Marruecos. Con él venían Rbab al-Tarad Yahi y su hija en común, llamada Aziza, de solo un año y medio de vida. Mohamed Ali cuenta que fue detenido en un mercado de El Aiún por la policía marroquí y sometido a malos tratos. Es hijo de españoles, saharauis que obtuvieron esta nacionalidad. Desde el pasado día 9 la familia se encuentra separada en dos salas destinadas a “inadmitidos”, en una el padre y en otra, la madre y su bebé. La madre ha sufrido un aborto y ha sido devuelta a Barajas tras ser atendida en el Hospital La Paz. En ese mismo vuelo llegó a Madrid Ali Hammou, activista sordomudo, también detenido en El Aiún por participar en manifestaciones a favor de los derechos de las personas discapacitadas. Ali padece cáncer y llegó a resultar herido en el pasado por cargas policiales en El Aiún. Se encuentra asimismo en una sala de esas salas para inadmitidos.
El ministerio de Marlaska ha denegado a
estas cuatro personas, que han huido de la represión de las autoridades alauíes
en el Sáhara Occidental, la petición de asilo en España. Es decir, el
Ministerio del Interior del Gobierno de España rehúsa ofrecer a personas
perseguidas por razones políticas la protección a la que está obligado por el
derecho internacional. El Gobierno de España ni siquiera les ha facilitado
intérpretes neutrales o que traduzcan sus declaraciones de manera adecuada, en
el dialecto hassania, distinto del dariya marroquí. El abogado de Mohamed
Bachir, también retenido en Barajas desde el pasado lunes y que a su vez es
abogado, solicita por esta razón la nulidad de las actuaciones. A pesar de que
la declaración de Bachir fue malinterpretada, a pesar de la intervención del
Defensor del Pueblo en favor de los derechos al asilo del saharaui, Marlaska ha
ordenado su deportación a Marruecos. La condena a una nueva y posiblemente
mayor represión.
Las personas saharauis que solicitan
asilo no son reconocidas como refugiadas políticas. Sencillamente, porque no se
reconoce su legítima reivindicación de la autodeterminación del Sáhara
Occidental. Ni en el reino de Marruecos ni en el reino de España. Sus derechos
humanos, por tanto, tampoco son reconocidos. Razones humanitarias se han
esgrimido, y han impulsado, sin embargo, el asilo político de Edmundo González
Urrutia. El opositor venezolano llegó con su esposa a la base aérea de Torrejón
de Ardón, en Madrid, en un avión puesto a su disposición por el Gobierno
español. Les esperaba su hija, que reside en esta ciudad, a la que en los
últimos años ha llegado un buen número de personas procedentes de Venezuela y
una ingente masa de capital, que directamente o través de fondos de inversión
están ejerciendo una asfixiante presión inmobiliaria en los barrios madrileños
más demandados. No hay duda alguna sobre que Edmundo González y su esposa hayan
sido separados en salas para “inadmitidos”, pues su llegada a España venía
precedida por la concesión de asilo político. Lejos de ello, viajaban en
compañía del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y gozaron
del recibimiento de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Español en
el Mundo. Nada que se parezca a la situación de esa madre saharaui, abuela de
la pequeña retenida en Barajas, que ha viajado desde Francia, donde ha sido
asilada, y duerme en el suelo del aeropuerto para estar cerca de su familia.
Estas diferencias en el trato a las
personas que solicitan asilo político y en el respeto a los derechos humanos de
unas y de otras reflejan un doloroso deterioro en las políticas de asilo que
han de regir el supuestamente democrático Gobierno de España. Es responsable de
ello el ministro Grande-Malaska y, en última instancia, el presidente
Sánchez. Solo la complicidad con la oposición venezolana y la connivencia
con Marruecos puede explicarlo. Se considera dictadura al gobierno de Maduro,
pero se mira hacia otro lado ante la dictadura de Mohamed VI, donde también hay
presos políticos, muchos de ellos saharauis, con quien España habría de
reconocer una deuda histórica. El violento control de las fronteras con
Marruecos que ejerce el Ministerio del Interior es una muestra cotidiana de
cuáles son las prioridades que operan en la política internacional del
Gobierno. En esa pirámide de intereses, los derechos humanos, que habrían de
estar en su cúspide, quedan por debajo de los derechos comerciales y
diplomáticos.
En este perverso tablero de decisiones
administrativas están en juego vidas de personas que han sufrido o podrían
sufrir violencia y represión. No es justo ni democrático que unas lleguen en
aviones puestos a su disposición con un despliegue de los recursos públicos de
que dispone el Estado, mientras otras son retenidas en condiciones precarias
durante días y semanas, separadas de su familia y al fin cruelmente rechazadas.
En la conciencia del Gobierno ha de quedar esta injusticia. Y las consecuencias
humanitarias que conlleva. El asilo político es un derecho que tiene toda
persona a no ser extraditada si corre riesgos políticos en su país de origen, y
las leyes internacionales, también la española, formulan y regulan la
protección que ha de brindarse a esa persona. Que no se aplique a toda la
ciudadanía, que haya asilo para usted pero no para ti, es una conculcación de
la ley. Y una terrible falta de valores humanos.
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