¿LA VIVIENDA ES EL TECHO DE ESTE GOBIERNO?
MARTA NEBOT
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel
Rodríguez, atiende a los medios en el marco de la sesión de control al Gobierno
celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Sergio Pérez
Estamos
en emergencia habitacional. La vivienda es el problema social number
one. Los jóvenes no pueden irse de casa porque con sus salarios no pueden
pagárselo. Los precios se disparan sin cesar y, con la inestabilidad laboral y
el precio del dinero, cada día es más difícil comprar dónde caerse
muerto. La economía, los sueldos y el empleo crecen, pero todos esos
avances se los lleva este agujero negro.
Esta semana Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, ha sido noticia por dos cosas distintas: por apelar a la solidaridad de los pequeños propietarios caseros para controlar la subida de los precios del alquiler y por llegar a un acuerdo histórico con el ayuntamiento de Madrid para poner en marcha la Operación Campamento, que construirá más de 10.000 viviendas en la capital, después de tres décadas de intentos.
Sobre
la primera va a tener que dar explicaciones hasta en el Congreso.
Sobre la segunda, inexplicablemente, muchas menos.
Sí,
está feo que una ministra que no consigue controlar los precios de la vivienda
pida a la gente que lo haga motu proprio; pero no está mal traído
que es necesaria una reflexión nacional sobre la especulación.
En
España, desde la década de los 50, se han construido y entregado cerca de
siete millones de viviendas de protección pública que dejaron de serlo. Hoy
solo el 2,5% de las viviendas siguen siéndolo (665.000 de un total de 26,6
millones de casas). En el resto de Europa, los principales países mantienen
entre el 20–30%. Aquí ningún gobierno le puso coto a ese campo. Así que ha
especulado hasta el Tato. Hay casi tres millones de familias que tienen una
segunda residencia. Las localidades donde más habitantes las tienen,
según un informe de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, son Irún (50%),
Pozuelo de Alarcón (31%) y Leganés (27%), en ese orden. Pozuelo de Alarcón
es el pueblo más rico de España; Leganés, uno de los madrileños más pobres.
En la lista le siguen Teruel y Coslada, que tampoco son los más adinerados.
Quiero decir con esto que en este barco vamos todos: clases pudientes y obreras
que han prosperado. El ladrillo ha sido con lo único con lo que muchos
trabajadores hemos hecho algo de dinero. Los gobiernos de todos los colores
permitieron a la clase media y trabajadora hacer esos negocios, regalaron ese
patrimonio del Estado, incumpliendo la segunda parte del artículo de la
Constitución sobre el derecho a la vivienda. "Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos",
dice textualmente el artículo 47.
Hoy
la especulación inmobiliaria mata el derecho a la vivienda y nuestros barrios y
nuestras ciudades, y está jorobando en serio a nuestros jóvenes.
Y
sí, también es cierto que muchas veces depende de una decisión ética personal e
intransferible de cada casero entregarse o no al alquiler turístico, exprimir o
no a sus inquilinos en cada renovación, tirar o no de la cuerda hasta reventar
el mercado; y son muchos los que deciden hacerlo.
Sin
embargo, usted, ministra, no es quién para pedirles que dejen de hacerlo.
¿Acaso su Gobierno les pide a los bancos o a las multinacionales que ganen
menos para que no fundan a otros? ¿Acaso se subió el salario mínimo apelando a
la solidaridad patriótica del empresario? ¿Si no piden la solidaridad a los
hermanos empresarios, por qué se la piden a los hermanos caseros pequeños
propietarios? Curiosamente no dijo nada de los grandes que, aunque
proporcionalmente aquí sean menos, haberlos haylos y no ganan poco.
Su
trabajo es hacer cumplir la Constitución en cuanto a vivienda, aunque los que
gobernaron antes no lo hicieron. La vivienda, según la Constitución, debe ser
un derecho en torno al cual se genera un mercado; no un mercado que disuelve el
derecho.
Y
ministra, se entiende su impotencia al haber aprobado una ley que incentiva
fiscalmente a quienes especulan menos y que ha quedado en nada, salvo en
Catalunya. Se entiende su desamparo al confirmar que no se aplica porque las
comunidades autónomas más tensionadas están gobernadas por el PP y la
competencia es suya. Pero eso estaba anunciado. Necesitamos que les explique
más y mejor que esto no va de un partido o de otro sino de cumplir la
Constitución, para ellos tan sacrosanta. Necesitamos que siga peleando.
El
informe del Banco de España del año pasado, antes de Escrivá, dice que faltan
600.000 viviendas en el mercado para que vuelva a estar engrasado. El censo
de viviendas del INE, que hay casi 4 millones de viviendas vacías. Solo
400.000 de ellas están en las grandes urbes donde más se necesitan. Con ellas
en el mercado la emergencia sería menor.
El
que tiene una casa cerrada es o porque no necesita sacarla al mercado –gran
tenedor– o porque no tiene dinero para rehabilitarla. Bueno, hay una tercera
opción: que esté aterrorizado por la campaña permanente de meter miedo con los
ocupas. La cobertura mediática de la ocupación no se corresponde con las cifras
oficiales y ustedes no pelean en esos terrenos: ni en el de la
rehabilitación, ni en el de la salvaje desinformación.
Y,
por supuesto, hay que seguir construyendo vivienda pública. El año pasado
fueron más de 30.000, el doble que el anterior, pero no sirve hacerlas como van
a hacer las de Campamento, después de su acuerdo con PP y VOX con Más Madrid en
contra. Todo lo que se construya en esos viejos cuarteles en quince años será
del mercado libre. Solo el 7% será vivienda en alquiler controlado. Es
decir, otra vez el pelotazo. Los afortunados que pillen estas casas a mejores
precios podrán venderlas a peores muy pronto. El Estado sigue sin construir
para el futuro y eso es lo que ahora necesitamos.
Les
falta un plan, ministra, y eso es más grave y escandaloso que su petición de
solidaridad obrera. A su Gobierno le falta convencerse de que en materia de
vivienda tiene que cambiar algo sustancial. Hay que cambiar la perspectiva.
Lo de siempre ya no da resultado.
Pueden
pasar a la historia por haber hecho lo importante en un momento crítico o
pueden olvidarse de ella generando un momento aún más
desesperado.
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