RENTA BÁSICA: CUANDO LAS RAZONES NO
SIRVEN PARA CONVENCER
A
propósito del libro ‘En defensa de la renta básica. Por qué es justa y cómo se
financia’, escrito por Bollain, Arcarons, Raventós y Torrens
JUAN
TORRES LÓPEZ
'¿Qué harías si tus
ingresos estuvieran garantizados?'. Cartel a favor de la renta básica en
Ginebra, Suiza, en 2016. / Enno Schmidt (CC BY 2.0 DEED)
La frase que
utilizo en el título de este artículo es de Carlos Castilla del Pino. La decía
hace tiempo, pero creo que la repetiría hoy día, en tiempos de la posverdad,
con mucha más convicción porque ahora, como dice Chomsky, la gente ya no cree
en los hechos.
A mi juicio, si hay
un tema relativo a las políticas sociales y económicas que responde a esta triste
realidad es el de la renta básica.
Sobre esta propuesta se puede afirmar, sin riesgo de exagerar, que se han publicado miles de libros, investigaciones o artículos científicos llenos de datos y análisis objetivos; además, naturalmente, de las reflexiones filosóficas y normativas que un asunto como ese lleva inevitablemente consigo.
No parece que haya
manera de situar el debate sobre sus virtudes o inconvenientes en un terreno
que no sea el de los prejuicios o apriorismos
Sin embargo, no
parece que haya manera de situar el debate sobre sus virtudes o inconvenientes
en un terreno que no sea el de los prejuicios o apriorismos con que se suele
rechazar –no siempre, naturalmente–, y también a veces defender, porque esto
último también sucede.
El reciente libro
de Jordi Arcarons, Julen Bollain, Daniel Raventós y Lluis Torrens (En defensa
de la renta básica. Por qué es justa y cómo se financia. Deusto, 2023)
precisamente termina solicitando que se muestren las posibles equivocaciones
que hayan podido cometer en su obra “con razones, argumentos y datos”.
Veremos si tienen
suerte porque, como digo, el debate sobre la renta básica es de todo menos
dialógico. Se ha normalizado tanto el planteamiento visceral del debate que
caen en él hasta autores que en los demás terrenos suelen esforzarse por
razonar con argumentos rigurosos y de peso. Sirva como ejemplo reciente el
juicio de Martin Wolf, editor económico de referencia en Financial Times, en su
último libro (La crisis del capitalismo democrático. Deusto, 2023, p. 369).
Allí califica a la renta básica como un “delirio” con argumentos sobre su coste
mal realizados y que han sido rebatidos por datos en multitud de ocasiones, e
incluso con juicios sorprendentes, como al decir que es una propuesta
“intencionadamente” mal enfocada.
Es cierto que la
propuesta de implantar una renta básica universal es intrínsecamente polémica,
y su conveniencia no se puede establecer científicamente. Es así porque implica
un debate basado en principios filosóficos, preferencias personales y
consideraciones éticas y morales que no admiten conclusiones objetivas.
La renta básica
universal es intrínsecamente polémica, y su conveniencia no se puede establecer
científicamente porque implica un debate basado en principios
Pero eso no puede llevar
a rechazarla o a evitar que sea objeto de debate social. Una sociedad
democrática estaría obligada, por el contrario, a plantearlo y a facilitar la
deliberación abierta, plural y transparente de esas diferentes preferencias. Y,
a partir de ahí, permitir que se pueda establecer una opinión mayoritaria que
se lleve a la práctica.
Rechazar una
propuesta porque tenga un importante contenido normativo, o soslayar por esa
razón su discusión, es una estrategia tramposa, pues simplemente equivale a
aceptar de facto y sin debate otras propuestas alternativas igualmente
normativas.
Dar por hecho, por
ejemplo, que el tipo de ingresos mínimos que deben establecerse son los
condicionados implica estar asumiendo un principio también filosófico y
normativo, moral y subjetivo, de la misma naturaleza, por tanto, del que hay
detrás de la renta básica universal, aunque sin decirlo, ni discutirlo.
Algo parecido
ocurre en relación con determinados argumentos a favor o en contra de la renta
básica universal cuyo contenido depende del método de análisis, de la realidad
o el momento estudiados, del enfoque, o de los datos disponibles. El hecho de
que sea materialmente imposible obtener una respuesta objetiva y canónica para
algunas de las cuestiones que plantea su posible aplicación en la práctica no
puede justificar tampoco su rechazo apriorístico. Es bien sabido que las
ciencias sociales estudian problemas relativos a los seres humanos y que
nuestro comportamiento no es (afortunadamente) como el de los electrones o los
elementos de la tabla periódica cuando se mezclan entre ellos. Tenemos libertad
y autonomía a la hora de decidir y por ello es muy difícil, por no decir
imposible, que se puedan establecer regularidades, leyes de comportamiento, que
sean de validez universal. Sólo en muy contados casos es posible la
experimentación y, cuando se lleva a cabo, solo puede proporcionar resultados
bastante limitados. Por mucho que lo intentemos, es imposible saber a ciencia
cierta, por ejemplo, cuál será el comportamiento de la totalidad de las
personas y en cualquier circunstancia en relación con el trabajo, si recibieran
una renta básica.
Pero esta
indefinición tampoco puede ser la excusa para rechazarla o, menos aún, no abrir
el debate sobre sus ventajas e inconvenientes. Sucede exactamente igual con
todas las medidas de política económica y social que los gobiernos toman día a
día.
De nuevo cabe decir
que lo que debería permitir una sociedad democrática sería ofrecer a la
población la posibilidad de decidir sobre el coste y el beneficio de las
diferentes opciones y alternativas, sabiendo que éstas se disponen a partir de
un conocimiento indeterminado y, por tanto, con incertidumbre.
Peor aún es que
todo lo anterior también sucede con lo que se puede saber objetivamente sobre
la renta básica. Decía un viejo amigo mío que lo que se puede sumar, contar o
pesar no admite discusión y eso es lo que debiera ocurrir con algunos de los
argumentos a favor o en contra de la renta básica.
Saber su coste
bruto e incluso el neto (este último como resultado de contabilizar el ahorro
que supondría), las diferentes formas que puede haber para financiarla y el
modo en que habría que hacerlo, o los efectos reales de otro tipo de ingresos
garantizados, por ejemplo, son cuestiones que se pueden determinar con bastante
objetividad. Y, sin embargo, o bien no son contempladas a la hora de debatir o,
a veces, se opera (ahora sí que se podría decir que intencionadamente) con
evidente manipulación.
El último libro de
Arcarons, Bollain, Raventós y Torrens que he mencionado es un intento más,
ahora ampliado y actualizado, de proporcionar este tipo de argumentos que, en
principio, “no admiten discusión”, entendido esto en el sentido de que se trata
de cálculos sobre su coste y forma de financiación que o están bien o están
mal, y que, por tanto, se pueden aceptar o rechazar objetiva y taxativamente.
Se trata, en mi opinión, de una aportación decisiva y fundamental porque es el
primer paso que cabe dar si el debate sobre la renta básica se quisiera asumir
y llevar a cabo con honestidad política e intelectual.
Los autores
demuestran que la renta básica universal no es una propuesta que se pueda
rechazar porque tenga un coste indeterminado o astronómico
Estos autores
demuestran una vez más que la implantación de una renta básica universal no es
una propuesta que se pueda rechazar, como tantas veces se hace, porque tenga un
coste indeterminado o astronómico. No es honesto argumentar de ese modo. Hay
otras razones que pueden utilizarse para discutir la renta básica y ponerla en
cuestión, a los cuales, por cierto, también se refieren los autores en este
libro. Son, como he dicho, las de tipo normativo y sobre las cuales, por tanto,
nadie se puede arrogar una mayor capacidad para decidir con privilegio o mayor
fundamento que los demás.
En definitiva,
tengo la impresión de que el modo en que habitualmente se discute sobre la
posible creación de una renta básica (o quizá tendría que decir, en que no se
plantea y no se discute) es, en realidad, la expresión del enorme déficit
democrático de nuestras sociedades. Un déficit fundamentalmente derivado de la
ausencia de poder de deliberación y del secuestro que los poderes fácticos han
hecho de las instituciones representativas a la hora de tomar decisiones.
Cabe decir, sin embargo,
que la deliberación y la capacidad de decisión no pueden ser algo de lo que se
disfrute sólo si se otorga graciosamente, sino conquistado por la ciudadanía. Y
el hecho de que esta tenga garantizados sus medios de vida tiene mucho que ver,
por cierto, con la posibilidad de conquistarlos. Quizá sea por eso por lo que
se hace lo imposible para que las razones no sirvan para convencer.
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Juan Torres López
es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
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