JUECES TOREROS

 

JUECES TOREROS

JOAQUÍN URIAS

Profesor de Derecho Constitucional

Alejandro Talavante durante la tradicional corrida por el Día de la Hispanidad, en la Plaza de Toros de Las Ventas, a 12 de octubre de 2022, en Madrid (España). Jose Velasco / Europa Press

Que a un juez del Tribunal Supremo le gusten los toros es normal. Suelen ser señores de cierta edad y bastante conservadores. Al fin y al cabo, no se les nombra por sus méritos sino por decisión discrecional de un órgano controlado siempre por el Partido Popular. Así que la mayoría encaja con el perfil de aficionado a la tauromaquia. Algunos son de ver las corridas desde el burladero fumándose un puro, como los magistrados del Constitucional contrarios al estatut de Cataluña. En fin, es algo previsible y respetable. Cada uno es libre de tener sus aficiones y de buscar el arte y la emoción donde prefiera. La cosa cambia si esos mismos jueces intentan forzar al resto de ciudadanos a ir también a los toros. O si imponen que se usen fondos públicos para mantener su afición. Pero eso es precisamente lo que esta pasando. La sala de lo contencioso del Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia alucinante que pone descarnadamente de manifiesto lo difícil que es en España gobernar en contra de la ideología de los jueces y adónde lleva la falta de contrapesos internos en el poder judicial.

 

El caso se refiere al "Bono Cultural Joven" aprobado por el Gobierno el año pasado. Se trata de una ayuda de hasta 400 euros que pueden pedir los jóvenes para adquirir productos y servicios culturales. El decreto excluía que las ayudas se usaran para algunas actividades culturales como la tauromaquia, la compra de obras de arte, compra de moda, gastronomía o espectáculos deportivos y las obras o productos calificados de pornográficos. De todas estas exclusiones, solo se discute la de la tauromaquia, a petición de la Fundación Toro de Lidia.

 

La sentencia recurre a una argumentación simple: como la ley dice que la tauromaquia es patrimonio cultural, no hay razones para excluirla de una ayuda tan suculenta. El Tribunal acepta que, efectivamente, la tauromaquia goza de ayudas y medidas de fomento propias y específicas más allá del bono joven. No obstante, entiende que, puesto que éste se dirige a las nuevas generaciones, tiene un efecto para el futuro del que no se debería excluir a los toros. No se trata de una motivación jurídica. Simplemente, los jueces del Supremo sustituyen el criterio político del Gobierno sobre lo que es oportuno por el suyo propio. Creen que sería conveniente impulsar que la juventud gaste en corridas de toros. En su visión del mundo es importante promover la tauromaquia, y como tienen el poder de decir la última palabra pues lo hacen.

 

Durante el franquismo, los jueces del Tribunal Supremo -como explicó el profesor Bastida- no sólo imponían las leyes sino también la moral y la ideología política del régimen de partido único. Hoy, pasados cuarenta años, es evidente que a nuestro máximo órgano judicial le cuesta librarse de los malos hábitos adquiridos en la dictadura. Sus magistrados nos ilustran a diario con reconvenciones morales, soflamas ideológicas y discursos partidistas mezcladas en las sentencias que dictan. Ahora, además, pretenden ocupar el papel del legislador y del gobierno... sin someterse para ello a unas elecciones.

 

 

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Quien aprueba una oposición demuestra los conocimientos técnicos necesarios para ejercer una profesión. Pero no adquiere ningún encargo representativo que le permita imponer opciones políticas o ideológicas. En estos días raros no es inusual leer en Twitter a juezas y jueces que se quejan de que las leyes están politizadas. Como si la tarea de elegir el modelo de país y decidir su diseño y prioridades no fuera política. La ley, en democracia, es la plasmación jurídica de una voluntad política respaldada mayoritariamente por los españoles a través del voto de sus representantes. Toda ley es un acto ideológico. Aunque magistrados acostumbrados a abusar de su poder como el famoso juez Llarena no quieran aceptarlo, no les corresponde a los jueces decidir si una conducta será o no castigada. El código penal lo aprueba el parlamento que es quien, a partir de su modelo político ideal, decide qué va a estar permitido o prohibido en la sociedad. Aun así, carentes de auténtica cultura democrática, muchos de nuestros jueces quieren hacernos pensar que las leyes son cuestiones técnicas que deben hacer ellos... para así de camino imponernos su visión del mundo como la única aceptable.

 

Igual que el Parlamento hace las normas supremas por debajo de la Constitución, al Ejecutivo le corresponde la dirección política de la sociedad. Con legitimación democrática y sometido al control parlamentario, es el encargado de elegir entre las diferentes opciones posibles, siempre respetando el marco legal. Y lo debe hacer basándose en su exclusivo criterio político: idealmente, aplicando la ideología con la que se presentó ante su electorado. Son los dirigentes políticos del país los que deciden si conviene reparar antes una carretera u otra, si el salario mínimo va a ser mayor o menor, o qué relación tenemos con Marruecos, por poner varios ejemplos. Todas estas decisiones tienen siempre un componente ideológico porque son la plasmación de un modelo concreto de sociedad. La tarea de los jueces es exclusivamente que se haga en el marco y con los procedimientos que establecen las leyes.

 

Sin embargo, eso no frena a nuestro taurino Tribunal Supremo. Respecto a la tauromaquia, como otras veces, dice que la motivación de la decisión del Gobierno es insuficiente, pero en realidad quiere decir que no le convence y que él lo haría de otra manera. No valora la cantidad de motivación de las condiciones del bono joven, sino su valor persuasivo frente a quienes -como él mismo- defienden el valor estructural de la fiesta nacional en la cultura española. Si les gustara el rap podrían haber argumentado igualmente que no está justificado que no se invierta más en este tipo de música... Sólo que, como bien saben Valtonyc o Pablo Hasel, a nuestros jueces no les gusta el rap.

 

Detrás de esta invasión de competencias se esconde una realidad mucha más dura que la mera constatación de que nuestro sistema se está escorado hacia lo que Lambert llamaba el "gobierno de los jueces". Las circunstancias históricas y sociológicas de la judicatura española determinan ideológicamente la carrera judicial. No es solo que los jueces impongan ilegítimamente sus creencias, sino que estas resultan ser siempre conservadoras. Así que lo que vienen a demostrar sentencias como esta es que los gobiernos de izquierda en España tienen muy limitada su capacidad de introducir reformas. Si el parlamento, por ley, cambia los requisitos del delito de malversación los jueces del Supremo van a saltarse la ley y reinterpretarla para impedir que alcance su objetivo. Si el Gobierno decide no subvencionar la tauromaquia entre los jóvenes, los jueces se van a encargar de que sí lo haga. La capacidad transformadora de los partidos que venzan las elecciones estará siempre constreñida por la acción en contra de un Poder Judicial desmadrado más allá de cualquier división de poderes.

 

En efecto, o que está destrozando la separación de poderes en nuestro país no es -como nos quieren hacer creer-que políticos y jueces critiquen mutuamente las decisiones de os otros en las redes sociales. La mayor amenaza contra la división de poderes en este momento es un activismo judicial imparable.

 

Si los magistrados del Supremo quieren hacer política, que se presenten a las elecciones. Si prefieren hacer las normas a aplicarlas, que se presenten a las elecciones. Si quieren imponernos su modo de pensar, que se presenten a las elecciones. Si tanto les gustan las corridas -de toros al menos- que vayan a una y salten al ruedo. Pero que dejen de usar de una vez sus poderes constitucionales para torear a los poderes democráticos y embestirnos con sus rancias convicciones.