LA IGLESIA Y LA PEDOFILIA

 

LA IGLESIA Y LA PEDOFILIA

CANAL RED­-EDITORIAL

Vivimos en una época generosa en atrocidades, pero 440.000 niños violados no es simplemente una más en la lista. Es perentorio que los poderes públicos tomen medidas contundentes e inmediatas que sean proporcionales a los crímenes que se han cometido; es decir, que tengan un alcance inédito

Las cifras del informe oficial presentado ayer por el Defensor del Pueblo son difíciles de calificar con palabras. Mediante una encuesta llevada a cabo por Gad3 a 8000 personas —muchas más de las que suelen ser preguntadas en una encuesta electoral—, el informe estima que el 1,13% de la población adulta en España ha sufrido agresiones sexuales siendo menor de edad en el seno de la Iglesia Católica; algo más de la mitad de ellos a manos de religiosos y el resto a manos de laicos trabajando en las instituciones de la Iglesia. Estamos hablando de que 1 de cada 100 españoles adultos habría sido agredido sexualmente en el seno de la Iglesia siendo apenas un niño. En promedio, en un avión de 300 pasajeros, tres de ellos habrían sido víctimas de estas agresiones pedófilas; en una obra al azar en el Teatro Real, 17 víctimas de la pedofilia eclesiástica estarían sentadas en las butacas; en un estadio Santiago Bernabéu lleno, más de 800 de los presentes habrían sido agredidos sexualmente por un cura o por alguno de sus trabajadores; y en cualquier trayecto de más de cinco minutos por la calle de cualquier ciudad de España sería difícil no cruzarse con varias personas víctimas de uno de estos depredadores sexuales de niños. La dimensión del crimen es abisal.

 

Pero, si la extensión de estos actos produce un vacío en el estómago, la abyección de los mismos —el horror, la repugnancia— no hace sino profundizar en la náusea y la conmoción que generan contemplar la negrura del pozo sin fondo que existe debajo de la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro 1 de Madrid. Porque, ¿qué cristiano, qué cristiana, no estaría de acuerdo en que un hombre adulto, con posición de autoridad, llevando a un niño aterrorizado a una habitación cerrada y agrediéndole sexualmente de todas las asquerosas formas que uno podría imaginar pero que aquí no vamos a describir no es otra cosa que un acto execrable? Para aquellos y aquellas que crean en la existencia del mal absoluto, ¿no es acaso una de las máximas expresiones de la maldad, de la vileza, de la violencia, de la podredumbre del alma, un hombre adulto con sotana violando a un niño?

 

Los datos que se han hecho públicos no representan tan sólo un acontecimiento más en la vida social española. Vivimos en una época generosa en atrocidades, pero 440.000 niños violados no es simplemente una más en la lista. Es algo tan abyecto y tan brutal, es algo que afecta a tantísimos compatriotas y que deja secuelas tan terribles, que resultaría inaceptable que las únicas consecuencias que tuviese fueran los paños calientes de esa política cobarde que contemporiza los intereses de las víctimas y los verdugos para proponer soluciones de medio pelo. Si nuestro país en general, y la política en particular, no toman todas las medidas pertinentes para que las víctimas puedan tener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, entonces una oscura y pesada losa de vergüenza nacional pesará sobre nuestras espaldas colectivas en las décadas y siglos por venir.

 

 

Para aquellos y aquellas que crean en la existencia del mal absoluto, ¿no es acaso una de las máximas expresiones de la maldad, de la vileza, de la violencia, de la podredumbre del alma, un hombre adulto con sotana violando a un niño?

 

Y, como es evidente que todos estos miles de depredadores sexuales han sido protegidos por la organización denominada Iglesia Católica, como es obvio que no se trata de lobos solitarios sino de violadores encubiertos y cobijados por una institución con organigrama, plantilla, ingresos, inversiones, propiedades inmobiliarias, influencia cultural y política, contactos en las altas esferas del poder, y hasta cadenas de radio, como la COPE, o de televisión, como 13TV, como es innegable que jamás habría sido posible llegar a la aberrante dimensión del horror que hemos conocido sin la cobertura de la Iglesia Católica, es igualmente evidente que las consecuencias no se pueden quedar en la responsabilidad penal de los agresores sexuales individuales.

 

Es perentorio que los poderes públicos tomen medidas contundentes e inmediatas que sean proporcionales a los crímenes que se han cometido; es decir, que tengan un alcance inédito. En este sentido, es claro que se debe derogar inmediatamente el Concordato con la Santa Sede, en tanto que acuerdo inaceptable —cargado de privilegios— para un país que debería ser políticamente laico, pero doblemente repudiable ahora que sabemos para qué han sido utilizados esos privilegios. La financiación pública a la Iglesia Católica, ya sea mediante la casilla del IRPF, mediante ayudas, mediante exenciones fiscales o de cualquier otra forma, debe ser también retirada de forma definitiva. Una organización que encubre crímenes abyectos no puede ser financiada con dinero público. Como exigió ayer Podemos, cualquier centro educativo —privado o concertado— que esté en estos momentos en manos de la Iglesia debe ser integrado inmediatamente bajo el control de la red educativa pública de gestión directa por una cuestión evidente de seguridad de los menores, así como prohibir cualquier tipo de actividad en la cual la Iglesia Católica pueda entrar en contacto con niños y niñas, habida cuenta de que, en ese contexto, se convertirían en potenciales víctimas de pedofilia. Obviamente, se debe llegar hasta el final en la investigación judicial y penal de estos crímenes, se deben llevar a cabo las modificaciones legislativas pertinentes para que los delitos de agresión sexual en el seno de la Iglesia no prescriban —como piden las víctimas— y se deben garantizar indemnizaciones justas sufragadas íntegramente contra el patrimonio de la Conferencia Episcopal.

 

Y todo esto es nada más que lo mínimo —lo absolutamente mínimo— que se debería hacer para que España se pueda mirar a la cara en el espejo cada mañana sin avergonzarse de sí misma. Porque es obvio que cabe hacerse la pregunta de si una organización que ha dado cobijo, protección y encubrimiento a 440.000 actos de pedofilia debería siquiera seguir existiendo.