EL CASO DEL ROBO DE
BEBÉS DURANTE EL FRANQUISMO
POR VICTOR ARROGANTE
“Durante
décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la
impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número
inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus
familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”; así comienza la
Proposición de Ley 122/000039 sobre bebés robados en el Estado español.
Los socios de Gobierno (Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común) llegaron a un acuerdo para que la Proposición de Ley quedara desbloqueada y siga con el trámite parlamentario correspondiente. Una norma que entró en el Congreso hace más de cuatro años, que quedó paralizada desde entonces, por el adelanto electoral y por las 146 ampliaciones del periodo de enmiendas.
En su origen,
la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista
y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el
doctor Vallejo Nájera. Los hijos de las presas políticas eran entregados a
familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades.
La ley tiene
por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para
el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición del denominado robo de bebés en el Estado español
desde el 17 de julio de 1936, y constitutivo como delito de lesa humanidad. La
Ley considera que hay que facilitar las labores de investigación necesarias,
regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las
obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados
por España.
Desde la
Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del
franquismo (CeAqua), desde la asociación ‘Todos los niños robados son también
mis niños’, desde Amnistía Internacional y asociaciones de afectados, han
mostrado su satisfacción por el desbloqueo. Lo consideran como momento
histórico, para saldar las deudas con el robo de bebés, un crimen del
franquismo que permanece impune. En febrero habían presentado 81.000 firmas
solidarias solicitando el desbloqueo de la norma, que traería justicia para las
víctimas que buscan a sus familiares.
El Defensor
del Pueblo, en su Informe Anual del primer trimestre de 2017, exponía que los
“Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y
hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos
denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia
que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica”.
Según el auto
del Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional de 18 de
noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en
aquella etapa. En las décadas siguientes, la represión ideológica, moral,
religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector
vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la
mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas,
que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de
bebés desaparecidos fue inmensa.
En 2020, la
impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles,
hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier
naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy
desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su
derecho a saber quiénes son. El artículo 10.1 de la Constitución Española
proclama el derecho a la identidad personal y al libre desarrollo de la propia
personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son
inherentes y son fundamento del orden político democrático de nuestro país.
Hasta 30.000
hijos de presas republicanas fueron robados durante el franquismo y la trama de
tráfico criminal de médicos, enfermeras y monjas católicas. Algunos casos
ocurrieron cerca de mi casa, en la maternidad de O’Donnell, Santa Cristina.
Numerosos testimonios de mujeres, recordando las vejaciones sufridas. En muchos
casos, el único delito que se les imputaba era ser esposas o hermanas de combatientes
republicanos; un hecho que para los franquistas era suficiente para llevarlas a
prisión junto a sus hijos, que al no ser registrados, quedaban sometidos a todo
tipo de actos bárbaros. El objetivo era destruir a los rojos, robándoles hasta
a sus hijos.
Durante la
dictadura franquista se estableció un plan sistemático de salvación de niños,
cuyos padres, por su ideología, eran considerados por el régimen no aptos para
asumir su cuidado. Baltasar Garzón, en uno de sus últimos autos como juez, reclamaba
«la obligación» de investigar estas desapariciones, sustracciones y
cambios de identidad registradas durante la dictadura». El régimen
franquista invocaba la protección de los menores. Frecuentemente eran separados
de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y
sometidos a malos tratos físicos y psicológicos. Para Garzón, estos actos
constituyen delito, considerados como un crimen contra la Humanidad que no
prescriben.
Los niños
robados hunden sus raíces en el franquismo. Lo que al principio tuvo una carga
ideológica –robo de hijos de presas políticas y mujeres republicanas para
dárselos a familias conservadoras–, pronto se convirtió en una trama criminal
con fines lucrativos. Los casos más numerosos ocurrieron entre 1963 y 1970,
aunque hay casos que llegan hasta los años 90. El doctor Eduardo Vela es el primero que se sentó en el banquillo,
procesado por el caso de los bebés robados. Ni siquiera sor María Gómez Valbuena llegó a ser juzgada, pese a las decenas
de denuncias contra la monja, que en la maternidad de O’Donnell, organizó el
robo de recién nacidos y adopciones irregulares durante más de 20 años.
El caldo de
cultivo eran los matrimonios de familias acomodadas que no podían tener hijos;
también la indecencia y la miseria en España. Se ponían en contacto con
personas conocidas que les podían facilitar contactos y un hijo. Se desplazaban
hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio en casas, pensiones o
parques. Mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia ciudad,
que falsificaba, previo pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían
al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Todo por unas 50.000
pesetas de las de entonces. Aquí, en la esquina de mi calle, había una Pensión,
en donde las madres patera, esperaban el momento del parto, antes de acudir a
la maternidad de Santa Cristina y allí se consumaba la acción.
La trama se
urdía entre las paredes de los hospitales. Redes de religiosos, médicos y funcionarios. Había madres que
querían dar al niño en adopción, pero por regla general era mujeres jóvenes,
pobres y solteras, presionadas por sus familias y los prejuicios sociales de la
época que decidían no seguir adelante con su maternidad. En el peor de los
casos, había madres sanas y con voluntad y deseo de ser madres, que tras dar a
luz, le quitaban al hijo nacido, diciéndoles que había muerto. Nunca llegaban a
ver el cuerpo del bebe ni el certificado de defunción. La criatura salía de la
clínica con destino desconocido. Oscuridad, impunidad y delitos: suposición de
parto y tráfico de niños, falsedad en documento público, coacciones y engaño a
las madres biológicas.
Ahora, la
existencia de diversas iniciativas legislativas autonómicas, con protección
sobre cada uno de los territorios respectivos, aconseja promulgar una norma con
rango de ley, de carácter general que integre y ofrezca coherencia, desde el
plano normativo, a la regulación e investigación de un asunto de tanta
gravedad.
La nueva
norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la
reparación, con medidas para garantizar el acceso a los archivos, la realización
de exhumaciones con cargo a fondos públicos, la atención médica, jurídica y
psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión
por parte de los poderes públicos.
Las
actuaciones hasta ahora desarrolladas no han sido suficientes para abordar este
problema desde una perspectiva integral y reparadora. La nueva Proposición de
Ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se
inspira en los tratados internaciones ratificados por España en materia de
derechos humanos.
Es necesaria
la búsqueda de la verdad, la aplicación de la acción de la justicia, la
reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados; así como el
establecimiento de garantías para que no se repitan crímenes como los
ocurridos.
Víctor
Arrogante
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