TRANSPORTISTAS CON VOCACIÓN DE CONFLICTO
DAVID BOLLERO
Manuel
Hernández atiende a los medios en las anteriores movilizaciones. - Carlos Luján
/ Europa Press
Este lunes se inicia una nueva convocatoria de paros en el sector del transporte de mercancías por carretera. Como sucediera en la ocasión anterior, no está convocada por el órgano oficial de interlocución, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), sino por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. El reclamo esta vez es exigir un mayor número de inspectores que velen por el cumplimiento de las normativas logradas en la movilización de marzo, como no trabajar por debajo de costes, entre otras.
Es lícito
manifestarse, protestar cuando se siente que los derechos laborales son
vulnerados. Eso es una máxima que nadie puede poner en cuestión. En este nuevo
paro, sin embargo, la Plataforma que lidera el polémico Manuel Hernández está
aún más sola que en marzo, pues a la ausencia en la convocatoria del CNTC se
suman también la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), la
Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y la
Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), que han dado de
lado a la Plataforma. No parece, pues, que exista mucho respaldo del sector,
que en líneas generales apuesta por otras vías alternativas de negociación con
el Gobierno.
A pesar de ello,
continúa siendo lícito que Hernández y los suyos continúen con el paro si
consideran que no están siendo representados por ninguna de las cuatro
asociaciones anteriormente mencionadas y ella es la única que tiene razón. Por
poder, pueden detener su actividad incluso a pesar de que las infracciones por
las que protestan y para las que piden más inspectores no cuentan con un
respaldo consistente de denuncias, pese a existir la posibilidad de ponerlo en
conocimiento de las autoridades de manera anónima. Dicho de otro modo, aunque
un mayor número de inspectores siempre es bienvenido, más aún lo es, si se sabe
de su déficit, que quienes ven sus derechos vulnerados denuncien
anónimamente... pero no se hace.
De nuevo, la
Plataforma está en su derecho de protestar, pese a estas extrañas
circunstancias que podrían llegar a hacer pensar que, a diferencia de la marea
blanca que inundó este domingo Madrid luchando por la Sanidad Pública que Miss
Guadaña Ayuso quiere destruir, es un paro con claras motivaciones políticas. A
lo que no tienen derecho, en cambio, es a actuar como matones de pacotilla, como
buena parte de ellos hicieron en las movilizaciones de marzo. Entonces,
intimidaron, agredieron e incluso incendiaron camiones de otros compañeros que
no respaldaban el paro.
Aquellas agresiones
no fueron más que un reflejo de su frustración por el escaso éxito de la
convocatoria, por saberse ridiculizados, en gran parte, por el líder que los
dirige. Eso sí que es intolerable, como lo es también que el Gobierno y la
Policía Nacional y Guardia Civil no actuaran con diligencia ante los bloqueos
de las principales arterias de circulación en algunas ciudades. Realizar actos
de desobediencia civil es un instrumento al alcance de cualquiera, pero
asumiendo sus consecuencias que, en aquel caso, no tuvieron los transportistas
que bloquearon accesos a las ciudades.
En este nuevo paro,
el Gobierno debería ser más contundente con quienes incumplan la ley, del mismo
modo que se ha preservado el derecho a que lleven a cabo este paro patronal,
que nada tiene que ver con una huelga. ¿Volverá la violencia a la carretera,
desacreditando otra vez las protestas de la Plataforma? Algo me dice que sí
sucederá, aunque sea puntualmente, porque hay más voluntad de conflicto que de
resolución.
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