CUANDO SER CANDIDATO ES PELIGROSO
JESÚS
LÓPEZ-MEDEL
Nunca me ha gustado hablar de tolerancia por los recelos que me despierta un término que acarrea una posición de superioridad del tolerante en cuanto al tolerado. Todos y todas deberíamos ser más abiertos para reconocer sin prejuicios lo que “el otro” supone. Es empobrecedor estandarizar sin más, porque así lo dice mi opinión subjetiva, mi moral, mis ideas religiosas o cualquier condicionante que pretende poner límites a otro.
Las manifestaciones
de esta actitud son múltiples. Me detendré en una, en apariencia menos
importante puesto que concierne a una minoría, pero afecta, sin embargo, a
derechos fundamentales básicos como es el derecho constitucional a participar
como candidato en unas elecciones, y también a la libertad de pensamiento. La
pregunta es: ¿resulta admisible que se pretenda impedir, complicar, condicionar
e injuriar a un alto funcionario del Estado si este desea concurrir a unas
elecciones en las listas de un partido progresista?
Agustín Santos
Maraver es servidor público de uno de los Cuerpos Superiores de la
Administración –concretamente del servicio diplomático– y se presenta como
número dos en la lista de Madrid de la candidatura de Sumar.
Este gesto ha
provocado un movimiento reaccionario de “compañeros” en la tercera edad
administrativa, jubilados tras disfrutar de muchos privilegios, que ignoran
que, en una sociedad abierta y plural cabemos todos, no solo los que son muy de
derechas.
Cuando alguien es
de clase alta y pertenece a un estatus elevado, su ideología e intereses
determinan su modo de pensar. Es una evidencia que los perfiles profesionales y
de posiciones socioeconómicas altas consideran que ese es el patrón de
pensamiento que han de seguir los demás. Ignoran o desprecian que la
Constitución consagre, junto a otros tres valores superiores, en el artículo 1,
“el pluralismo” político.
Frente a ello,
algunos rompen la uniformidad que quieren imponer y que también tiene su origen
en el estrato social del que provienen, que es elevado salvo notables
excepciones. Son las escasas ovejas negras o blancas (esto último según una
sugerente viñeta de El Roto) que animan a pensar que no todas las personas o,
en este caso, los miembros de los altos cuerpos del Estado, tienen que ser
iguales. Y aplicado a este caso, que no todos tienen que ser de derechas. ¡Cómo
les molesta que otros se salgan del estereotipo que aquellos imponen!
El que se sale de
ese estereotipo y concurre a unos comicios por un partido de izquierdas sabe
que se expone al rechazo
El que se sale de
ese estereotipo y concurre a unos comicios por un partido de izquierdas sabe
que se expone al rechazo, a la maledicencia u otras formas de desprecio y
marginación diversas, y a operaciones de descrédito y acoso y derribo.
Algunos de los que
piensan diferente no quieren tener problemas (es lógico), así que procuran ser
prudentes en la expresión de sus opiniones, pues saben que estas pueden
divergir del pensamiento mayoritario, casi unánime, del alto cuerpo
funcionarial. Les puede perjudicar. Pero hay otros que no quieren ser condenados
al silencio por la dictadura del pensamiento único socialmente muy conservador
y de derechas y optan por algo tan peligroso en este país como es ejercer la
libertad. Hacerlo de una forma tan básica y tan democrática como es concurrir
como candidato a unas elecciones, implica convertirse en blanco de los ataques.
Antes de referirme
a Agustín Santos, he de resaltar algo que vale para todos ellos. Si se tratase
de altos servidores públicos con ideas moderadas de centroizquierda (es decir,
PSOE) y, aunque algo diferentes, no lo fuesen en exceso, si bien no iban a
gustarles a los que imponen el estereotipo conservador, tampoco reaccionarían
con esa ira que muestran cuando se trata de un partido claramente progresista.
Porque cuando esto sucede, esas personas quedarán estigmatizadas; más aún si se
les ocurre expresar libremente sus opiniones y no digamos si llegan a concurrir
en unas elecciones.
Tuve la oportunidad
de tratar a Santos Maraver y comprobar que es un fiel servidor de España
Veamos el caso del
diplomático Santos Maraver. Tuve la oportunidad de tratarle y comprobar que es
un fiel servidor de España. Lo recuerdo en La Habana en unas de las tareas más
humanitarias y delicadas que conocí en Exteriores. En julio de 2010, Santos Maraver
acompañaba al ministro Moratinos a culminar una operación preparada con
minuciosidad y sigilo, y con un papel muy relevante de la Iglesia Católica
local. Se trataba de conseguir la libertad de 52 prisioneros y otros 17 presos
políticos de las cárceles castristas. Estuve con ellos en los momentos previos
en la casa de la Iglesia esperándolos mientras yo conversaba largamente con el
obispo. La actuación de este fue fundamental. Un gran éxito que nuestro país no
había conseguido antes (con la excepción de Fraga que en 1992 logró 17
excarcelaciones) ni se volvió a repetir. Además, gran parte de ellos fueron
acogidos en España. Va aquí el recuerdo al intelectual recientemente fallecido
Carlos Alberto Montaner, una voz firme desde el exilio cubano.
Coincidí en más
ocasiones con Santos Maraver y pude apreciar su trabajo, como cuando España
ejerció en 2007 la presidencia de la OSCE, recordando todas las reuniones
intensas y, particularmente, un agotador viaje por las antiguas repúblicas
soviéticas de Asia Central. O dos años antes con los trabajos preparatorios de
la pretendida (y no exitosa) reforma de la Carta de la ONU.
Resulta que ahora a
Santos le han salido críticos que quieren hacerle daño por unos artículos
firmados con seudónimo en los que vierte críticas hacia lo que los diplomáticos
conservadores consideran intocable: esto es, casi todo. Entre ellos hay tres
que tuvieron vinculación con el rey campechano y corrupto. En este grupo se
encuentra uno que fue condenado a prisión por el escándalo de las tarjetas
black de Bankia y otro (y esto no es delito, pero si algo paradójico) que fue
uno de los tres hombres enviados por Aznar para negociar con los asesinos de
ETA cuando este líder se refería a la banda terrorista como el Movimiento Vasco
de Liberación. Muchos de los firmantes ocuparon excelentísimas embajadas,
promovidos por los Gobiernos de Aznar y Rajoy. Estoy seguro de que eran, en su
gran mayoría, buenos embajadores.
Antes anticipé, y
quiero resaltarlo de nuevo, que el asunto no es solo que le critiquen por esos
artículos en una publicación desconocida para la mayoría de españoles, sino que
les molesta que sea candidato por una fuerza como es Sumar. ¡Se les ponen los
pelos como escarpias a pesar de la gomina que llevan dentro!
Rosell tuvo que
abandonar su escaño en el Congreso para defenderse de las acusaciones
Aunque luego
hablaré de mí, antes debo referirme a dos casos parecidos, aún más
desagradables, sobre todo el primero, en que se manifestó una total
intolerancia e incluso odio por razones políticas. Fue el caso de una persona
perteneciente también a un alto cuerpo del Estado. En ese caso la magistrada
Victoria Rosell, quien, en uso de sus derechos constitucionales, concurrió como
candidata al Congreso por Podemos. La artillería que utilizaron contra ella fue
delictiva. Todo provenía de la inquina que le tenía un político canario,
ministro del PP, también corrupto ( recordará el caso de los papeles de Panamá)
que era como una copia del líder del bigote.
El artífice sería
un juez, Santiago Alba, que se movía en esa órbita y organizó un montaje para
incriminar penalmente a su compañera. Rosell tuvo que abandonar su escaño en el
Congreso para defenderse de las acusaciones, debido a la protección que desde
el CGPJ de Carlos Lesmes se otorgó al juez que ya estaba siendo investigado.
Acabaría siendo condenado a seis años de cárcel, e ingresó en prisión en 2022,
un año después de que el Supremo ratificase la sentencia. Victoria Rosell fue
difamada reiteradamente, en especial a través de los medios de la caverna, con
temas personales que resultaron ser mentiras.
El “pecado” de la
magistrada Rosell fue presentarse como candidata a las elecciones por Podemos.
De ahí vino todo aquello, pues ya sabemos que ideológicamente, buena parte de
sus compañeros de carrera judicial son “personas de bien” en el sentido del
padre Feijóo, esto es, muy conservadores, tal y como han demostrado durante
esta legislatura desde la asociación de la APM y las maniobras del CGPJ para
impedir la renovación del órgano y el cumplimiento de la Constitución.
Otro miembro de
esos estamentos “de orden” es el Ejército. Un exjefe del Estado Mayor de la
Defensa sufrió tremendas humillaciones (el honor es muy importante en dicha
institución) por hacer lo mismo: ser libre y postularse como candidato a las
Cortes, también –y eso es lo que molestaba a la derecha– por Podemos.
Tras presentar
Julio Rodríguez su candidatura para el Congreso, el ministro de Defensa –que,
antes de serlo, trabajaba para una empresa de fabricación de armas y que, tras
cesar como ministro de M. Rajoy, volvió al mismo negocio–, quiso humillar al
que había sido la máxima autoridad, después del rey, de los ejércitos españoles
en los tiempos de Carme Chacón. Aquel estaba en la reserva y había pedido pasar
a la situación de retiro, pero, en lugar de responder a su solicitud, lo que
hicieron fue, como digo, humillarle, cesarle de la Orden de San Hermenegildo
que tiene un sentido puramente honorífico y presentarlo ante los abundantes
medios de ultraderecha como un cese fulminante, casi una decapitación.
Por supuesto, no
podían admitir en el partido más derechista entonces, el PP –hoy en competición
con Vox– que un alto mando militar se presentase por un partido como Podemos.
Solo 21 días
después, recibí una llamada urgente. Un catedrático amigo, sin darme datos, me
avisó: “Van a por ti inmediatamente”
Y ahora, aunque muy
brevemente, hablaré de mí. Yo me desempeñaba como abogado del Estado en la
AECID. En 2016 me llamaron desde Podemos para concurrir como candidato al Senado.
Me sorprendió y, tras valorarlo, decliné la oferta. Apareció en la prensa. Solo
21 días después, recibí una llamada urgente. Un catedrático amigo, sin darme
datos, me avisó: “Van a por ti inmediatamente”. Me anticipé y a primera hora
llamé al secretario de Estado de Cooperación, que era muy aznarista. Se les
ocurrió una estupidez formal para ir a por mí. Al día siguiente, una miembro
del PP, alto cargo en Justicia, vino a mi despacho a recriminarme la queja que
desde Exteriores llegó a la Abogacía General. Hicieron pinza. Salvé el acoso
sacando los dientes y amenazando con salir a los medios denunciando la
persecución política. Logré frenarlo, aunque volverían un año después.
Estos cuatro
relatos muestran una evidencia: en la clase social y funcionarial de alto nivel
de servidores públicos no permiten concurrir a personas por partidos que,
aunque plenamente constitucionales, no les gusta ni admiten. Qué pena. Al que
le pique, que se rasque.
No hay comentarios:
Publicar un comentario