LOS PERUANOS EXIGEN LA RENUNCIA DE LA «ASESINA» BOLUARTE Y PRONTAS ELECCIONES

 

LOS PERUANOS EXIGEN LA RENUNCIA DE LA «ASESINA» BOLUARTE Y PRONTAS ELECCIONES

 MARIANA ÁLVAREZ ORELLANA

El grito “Dina asesina, renuncia” se volvió a escuchar con fuerza en las calles del Perú: decenas de miles de peruanos participaron en las manifestaciones en todo el país; cerraron escuelas y universidades en varias regiones, y las plazas y calles fueron tomadas por manifestantes antigubernamentales.

Pero la protesta no es sólo contra Dina Boluarte. El Congreso, controlado por una derecha  que ha puesto en marcha una ofensiva autoritaria para controlar las instituciones democráticas, también es blanco de la ira popular. Boluarte tiene un rechazo del 80 por ciento y el Congreso del 91 por ciento de la población.

El adelanto de elecciones para cambiar a la presidenta Boluarte y al desacreditado Congreso, justicia por los muertos durante las protestas anteriores y un referéndum para una Asamblea Constituyente, son las principales demandas.

 

A pesar del repudio mayoritario de la ciudadanía la ilegítima coalición Boluarte-Congreso se sostiene con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las élites económicas y sus medios de comunicación afines.

 

Por ello, la consigna central y de consenso es la renuncia de Dina Boluarte, lo que forzaría una transición que lleve a elecciones generales en el más breve plazo, antes de que el Congreso tome control de los órganos electorales como lo hizo con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo, advierte un editorial de Otra Mirada.

 

Desde el gobierno -y por los medios de comunicación hegemónicos- se ha insistido en una narrativa que homologa el derecho a la protesta social con actos delictivos, sediciosos o  terroristas, buscando restarle legitimidad a la protesta ciudadana, e inducir en la población un clima de miedo y zozobra que apunta a desmovilizarla.

 

Esto en un contexto en el que la participación de dirigentes y líderes sociales viene siendo restringida o amenazada, mediante el amedrentamiento judicial, mediático y en las redes sociales.

 

El gobierno, que ha respondido a las protestas con un amenazante discurso que criminaliza la movilización popular, movilizó ocho mil policías en el centro de Lima y unos 25 mil en todo el país. Repitió el discurso que avaló la brutal represión contra las protestas que se dieron entre diciembre y marzo, en las cuales murieron 67 personas, 49 de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad, tratando de sepultar en el olvido las masacres de Ayacucho y Juliaca.

 

La profundidad de la crisis requiere de cambios estructurales, relacionados con una renovación del sistema político y de la representación política de la sociedad, reformas profundas en el sistema de justicia y cambios en el modelo económico de corte neoliberal, generador de persistentes desigualdades económicas y sociales. Pero cualquier cambio estará bloqueado si continúa en el gobierno la coalición de poder que encarna Boluarte.

 

Ella, cooptada por quienes perdieron las elecciones y conspiraron para asaltar el poder, bajo el liderazgo del fujimorismo, las demás fuerzas de ultraderecha y en los últimos meses, en complicidad con Perú Libre, el Bloque Magisterial y otras agrupaciones que no han tenido escrúpulos para copar instituciones del Estado, quebrar el equilibrio de poderes constitucional y perforar el Estado de derecho.

 

Las protestas

 

Cerraron escuelas y universidades en todo el país. En Lima, la capital, se dieron enfrentamientos cuando un cordón policial impedía que manifestantes que querían llegar al Congreso avancen. Un grupo pasó la barrera policial y avanzó por la avenida que lleva al Congreso. Llegaron hasta la plaza que está frente al Legislativo, la que estaba enrejada y con fuerte presencia policial. Una gran cantidad de policías salió de la plaza del Congreso para alejarlos de esa zona. La movilización quedó partida.

 

En las pancartas se leía “en democracia no se mata a los que protestan” y los campesinos manifestantes mostraban caricaturas de Boluarte con casco, empuñando un fusil sobre un tanque militar con la frase “me quedo hasta 2026”. También portaron réplicas de lápidas negras con letras y cruces blancas con los nombres de las decenas de fallecidos de las protestas. Se agitaban banderas peruanas, algunas con el color negro reemplazando al rojo en señal de duelo, y la wiphala indígena.

 

En la plaza mayor de la región de Huancavelica, en los Andes, la policía dispersó con gas lacrimógeno a unos tres mil manifestantes, luego de que la puerta de la oficina local del Ministerio del Interior fue consumida por el fuego, confirmó el primer ministro peruano, Alberto Otárola, en conferencia de prensa. Las televisoras locales  mostraron a albañiles, universitarios y campesinos que coreaban: “esta democracia, ya no es democracia” y “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.

 

La Defensoría del Pueblo reportó otras situación de violencia en la toma de instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca, así como bloqueos en 58 provincias. Según el Ministerio de Transportes, ocho puntos de carreteras en las regiones de Cusco, Arequipa, Ayacucho y Loreto fueron bloqueados, pese a que hace una semana el gobierno extendió por un mes la suspensión de la libertad de tránsito y de reunión en varias autopistas claves del país, con el fin de evitar los cortes viales.

 

En Juliaca, ciudad de la altiplánica región de Puno, donde el paro fue contundente, familiares de las víctimas de la represión ocuparon lugar central en las movilizaciones de protesta. El 9 de enero, 18 personas murieron en esta ciudad cuando la policía disparó contra los pobladores que se habían movilizado ese día exigiendo la renuncia de Boluarte. Los retratos de la víctimas fueron colocados en la Plaza de Armas. “Exigimos justicia”, coreaba la población.

 

En la andina Ayacucho,  donde la represión dejó diez muertos en diciembre, el paro también fue general. Contundencia que se repitió en otras regiones. En Cajamarca, región natal del expresidente Pedro Castillo, ahora preso, fue tomada la universidad. Algunas carreteras fueron bloqueadas. La policía lanzó gases lacrimógenos para despejarlas.

 

En Lima, el epicentro de la movilización, los edificios públicos, incluidas las sedes del palacio de gobierno y del Congreso, fueron protegidos con rejas metálicas, mientras los manifestantes desfilaban por las principales calles del centro.En la sureña Arequipa, la segunda región en importancia, las autoridades suspendieron las clases presenciales. La misma medida se anunció para la región turística de Cusco y la de Tacna, en la frontera con Chile.

 

Aunque el gobierno de Boluarte ha acusado a los inconformes de violentos, cifras de la Defensoría del Pueblo indican que entre diciembre y febrero, de un total de mil 327 protestas realizadas, apenas 11.5 por ciento fueron violentas. Boluarte se abstuvo de hacer declaraciones durante la jornada, pero el día anterior calificó las protestas contra su gobierno como “una amenaza a la democracia” y volvió a atacar a los manifestantes acusándolos de “violentos”.

 

El discurso oficial ha resucitado al derrotado grupo armado Sendero Luminoso para vincularlo con la protesta y así pretender desacreditarla, atemorizar a la población y justificar la represión. Boluarte llamó al diálogo a quienes exigen su renuncia, pero dijo que sus demandas no podían ser atendidas por ser “políticas”, señaló que el gobierno respetaba el derecho a la protesta, pero la criminalizó.

 

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022, luego de que el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra.Cinco días después de asumir el cargo, en medio de las protestas, aseguró que había asumido la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales al mes de abril de 2024.

 

Pero en junio la mandataria cambió de parecer y aseguró que se quedaría en el poder hasta 2026, cuando culmina el periodo presidencial para el cual fue electo Castillo.

 

Mientras, la Conferencia Episcopal Peruana la calificó como justa y constitucional. En un comunicado indicó que “el gobierno tiene la imperiosa obligación de escuchar al pueblo peruano y no ser ajeno a sus urgentes necesidades y justos reclamos”.