CANARIAS, PARAÍSO DE LA PRECARIEDAD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
POR DAVID RODRÍGUEZ ESPINO
Después de diez años del inicio de la Gran Recesión, han proliferado distintas investigaciones sobre el impacto que la crisis de 2008 y las posteriores políticas de austeridad han tenido sobre los distintos modelos de bienestar europeos. Tal es el caso de la investigación, Welfare and the Great Recession: A Comparative Study (2019) de la editorial Oxford University Press, en donde se analiza hasta qué punto los modelos de bienestar europeos se han transformado tras la crisis financiera, con el análisis exhaustivo de nueve países, entre ellos España.
Por otro lado, algunos/as autores/as,
siguiendo la obra La gran transformación (1944) de Karl Polanyi, empiezan a
hablar de una “segunda gran transformación” o una “gran transformación
recurrente” para examinar los profundos cambios acaecidos después de la Gran
Recesión de la cual, para muchos investigadores/as, todavía no hemos salido y
que se debe al propio funcionamiento del sistema capitalista, tendente a crisis
periódicas.
En España, es de destacar, Los Estados de
Bienestar en la Encrucijada. Políticas Sociales en Perspectiva Comparada
(2013-2016), de la editorial Tecnos. Un estudio de los distintos modelos de
Estados de Bienestar europeos (Continental, Liberal, Socialdemócrata,
Mediterráneo), cuyo análisis se amplía en su segunda edición a los países
postcomunistas, América latina, Asia y África. De igual manera, en el mismo, se
analizan los cambios que han sufrido las políticas sociales tras la crisis de
2008 (sanidad, pensiones, políticas de lucha contra la pobreza, de atención a
las personas en situación de dependencia, familia, igualdad de género y de
protección por desempleo) ampliando dicha investigación a otras áreas, tales
como la educación, las políticas activas de empleo o la política fiscal.
Sin embargo, una de las peculiaridades del
Estado de Bienestar Español son las grandes diferencias territoriales que
existen entre sus autonomías, aspecto muy poco estudiado con la profundidad que
se merece.
Es por ello por lo que, en 2015, un grupo
de investigadores e investigadoras de universidades españolas, entre las que se
encuentran Ana Cano Ramírez y Miren Koldobike Velasco Vázquez profesoras del
Grado en Trabajo Social de la ULPGC, y dirigidos por Manuel Hernández-Pedreño,
Doctor en Sociología de la Universidad de Murcia reciben el XX premio de
investigación del Consejo Económico y Social de España por su trabajo. Dicha
investigación queda plasmada en Los modelos sociales autonómicos en el contexto
español (2019), donde se desarrollan entre 2009 y 2016 distintos índices de
exclusión social, compromiso documental y de eficiencia del gasto reflejando
grandes diferencias entre las distintas comunidades autonómicas. Para ello
utilizaron tres técnicas distintas: análisis estadístico de indicadores de
riesgo social multidimensional y de gasto social; análisis documental del
compromiso autonómico y estatal, mediante el estudio de los diferentes planes y
normativa que conforman cada política sectorial (ingresos, empleo,…) y
entrevistas y grupos de discusión con profesionales de la intervención.
Citando a sus autores/as: “Desde una
perspectiva territorial, las repercusiones iniciales de la crisis han sido muy
dispares a nivel autonómico, como ya demostraron algunos estudios, advirtiendo
de las graves consecuencias del aumento de esta desigualdad autonómica sobre la
erosión de la cohesión social. Esta distinta evolución territorial deviene de
las diferentes posiciones de partida antes de la crisis, aunque también de las
distintas respuestas institucionales ofrecidas desde las autonomías”.
Además, la investigación constató que
existen distintos niveles de eficiencia en la gestión de las políticas sociales
en cuanto a las comunidades autónomas. Navarra y Madrid son las autonomías que
han resultado eficientes tanto en materia de política sanitaria, como en
educación y en protección y promoción social. En tercer lugar, se sitúa el País
Vasco, que también podría decirse que resulta eficiente en las tres políticas
analizadas, puesto que alcanza una puntuación muy similar a las primeras. En el
lado opuesto de la clasificación, con los niveles más bajos de eficiencia, se
sitúan Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. En cualquier caso,
los niveles medios de eficiencia de los tres modelos realizados para la
política social resultan elevados.
La investigación ofrece diversos puntos de
vista sobre la situación social de las comunidades y ciudades autónomas
españolas, caracterizando los distintos modelos sociales que coexisten, el
español y los autonómicos. En síntesis, de este trabajo se extraen dos
conclusiones principales:
• La existencia de
grandes distancias entre los modelos sociales de las autonomías, evidenciadas
por los profesionales y constatadas por el análisis documental y estadístico.
En este último caso, tanto desde el punto de vista de los resultados en materia
de riesgo de exclusión social, como considerando el nivel de gasto social.
• Los análisis han
corroborado la limitada capacidad de las políticas sociales para responder a
las nuevas necesidades surgidas con la crisis.
En este sentido la
investigación propone:
• Avanzar hacia un
marco básico común de protección social.
• Avanzar hacia un
modelo de financiación más justo, más social y con más recursos.
• Mejorar la gestión
mediante un uso eficiente de los recursos y el fomento de la participación.
• Fomentar la
coordinación interterritorial.
• Mejorar la
calidad, cantidad y cobertura territorial de los indicadores del sistema
nacional de estadísticas sociales.
Este mismo grupo de investigación,
profundizando en la línea de éste primer estudio, publica en 2020 Riesgo de
exclusión y políticas sociales autonómicas en España, en la editorial Tirant
Humanidades. En el mismo, Ana Cano y Miren Koldobike Velasco analizan en el
capítulo “Riesgo de exclusión y política social en Canarias” la situación
actual de las islas.
Al hablar del gasto social, se constata que:
“Entre 2008-2014, la reducción del gasto social autonómico se produce, en sus
tres partidas (Sanidad, Educación y Protección y promoción social) y de forma
similar, en Canarias y el conjunto de autonomías, sufriendo los recortes más
intensos el gasto en protección y promoción social. Así, en esta comunidad
autónoma, los recortes presupuestarios tuvieron una especial incidencia,
evidenciándose una disminución de gasto social en todos estos componentes,
quedando en 2017 en todas ellas muy por debajo de la media de todas las
comunidades autónomas, y sin recuperar o igualar la situación inicial de 2008”.
Además, “entre 2008 y 2017, la Sanidad
canaria sufre un recorte de 135 euros por habitante, mientras que la media del
resto de las autonomías ha sufrido una mejora de un 10%; en Educación se
produce una reducción de 134 euros menos por habitante, frente a un recorte
medio del total de autonomías de 12 euros por habitantes; en Protección y
Promoción social, 83 euros menos dedicados por habitante, mientras del total de
autonomías sufre una mejora total de 16 euros por habitante. Por tanto, en las
islas el recorte en euros por habitante más alto fue en la inversión en
Sanidad, seguida de la Educación y la Protección social, y la especial
incidencia recae en la dedicada a los Servicios Sociales, en una situación de
crisis financiera. En diez años ha descendido la inversión en el modelo social
en Canarias unos 352 euros por habitante, hecho que condiciona y rebaja la
garantía de derechos y redistribución de la riqueza en las islas”.
Como resultado de agregar sus tres partidas,
el gasto social per cápita en Canarias alcanza una cifra de 2.260 € en 2017,
resultando ser unos 234 euros por debajo de la media en el estado español. La
combinación que se da es paradójica, situaciones de desigualdad más graves y
menos inversión en los servicios públicos universales que tienen la obligación
de garantizar derechos.
A modo de resumen, para las autoras: “Se
constata una situación por encima de la estatal de desigualdad y
empobrecimiento, en número de hogares que no llegan a fin de mes, con la
carencia material severa más alta, la tasa de paro por encima de la media
estatal, con el número de personas y hogares más precarios, en lo laboral, en
lo retributivo, en las condiciones de vivienda, en salud, en tasas de abandono
escolar temprano y jóvenes que ni estudian ni trabajan y con las rentas medias
más bajas en comparación con el resto de las comunidades autónomas. Acompañando
esta situación, brevemente dibujada, un descenso de inversión social en
Sanidad, Educación y sobre todo en Protección y Promoción social.
En palabras de Miren Koldobike, “en Canarias
vivimos en un paraíso de la precariedad”. Sin embargo, tal y como afirmaba el
relator de la ONU Philip Alston, en su visita a España “la pobreza es una
decisión política” y en Canarias desde el inicio de la democracia ha sido y es
la decisión política de los distintos partidos políticos que han gobernado.
(*) David Rodríguez Espino es miembro de
REDESSCAN,
No hay comentarios:
Publicar un comentario