LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINO EN
ESPAÑA MUESTRAN SU APOYO AL SECTOR
AGRARIO
La D.O. Tacoronte-Acentejo forma
parte de CECRV
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), como organización representativa de las denominaciones de origen de vino a nivel nacional, hace constar públicamente su comprensión y apoyo a buena parte de las reivindicaciones de los agricultores y de las agricultoras de nuestro país y, en especial, de los viticultores/as. Asimismo, la asociación quiere dejar claro que las protestas que se vienen produciendo en las últimas semanas son legítimas, siempre que se produzcan desde el respeto a la legalidad, y que las medidas que demandan los trabajadores del sector agrario deben ser cuestiones profesionales, ajenas a cualquier otro interés.
CECRV
considera que las reivindicaciones del sector agrario deben recibir respuestas y compromisos claros y firmes con medidas
concretas por parte de las Administraciones Públicas de diferentes
niveles competenciales: Comunidades Autónomas, Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Comisión Europea.
Para
CECRV es razonable y exigible que los productores agrarios de nuestro país
(y el resto de eslabones de la cadena alimentaria) no vendan a pérdidas, que
sus productos puedan competir en igualdad de condiciones con productos de
países terceros, que se sienten las bases para garantizar el relevo generacional
y el futuro de su actividad, que se modernicen las infraestructuras de las
zonas rurales en las que viven y trabajan, que se les ayude a combatir los
efectos del cambio climático, a mitigarlo y a adaptarse a él y que se
reduzca/simplifique la carga administrativa a la que están
sometidos.
Por
ello, CECRV apoya las siguientes demandas de los
agricultores y en especial de los viticultores de nuestro país:
· Mejorar la aplicación de la Ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la Cadena Alimentaria, para
que se garantice su efectividad y su propósito: que ningún eslabón de la cadena
venda por debajo de su coste de producción.
· Igualdad de condiciones con los productos agroalimentarios
importados que se producen en terceros países.
En defensa de los consumidores y para que haya una competencia leal entre los
productos agroalimentarios de la Unión y los de esos países, todos deberían
cumplir las mismas condiciones sanitarias, de calidad y medioambientales. Cabe
asimismo extremar los controles sobre las importaciones de países
extracomunitarios que no tienen los mismos requisitos medioambientales y
sociales.
· Apostar de manera decidida por políticas que promuevan el relevo
generacional en el campo. El campo debe ser
atractivo para nuestros jóvenes. Y no lo parece. Por la falta de rentabilidad.
Por la falta de infraestructuras y servicios que afectan a muchas zonas
rurales. Y por la falta de reconocimiento social de la agricultura como
actividad.
· Más flexibilidad, más formación y más ayudas para la implementación de aquellas medidas de la Política
Agraria Común (PAC) y de las políticas de protección del medio ambiente puestas
en marcha por la UE que supongan cambios relevantes en la forma de trabajar el
campo.
· Racionalizar la carga administrativa y burocrática. Las administraciones públicas, tanto las autonómicas, como las
nacionales y las de la UE, obligan a los profesionales del campo a proporcionar
gran cantidad de información sobre la actividad que realizan, en múltiples
formatos y de forma a menudo descoordinada y solapada.
Para
todo ello es necesario que las administraciones públicas redoblen sus esfuerzos
para contar con el concurso y el
acuerdo de los agricultores para la elaboración de las políticas
públicas que les afectan. Pero también que
la agricultura sea una política de Estado, con mayúsculas, en tanto que
actividad esencial y estratégica para la sociedad, y que esta se aborde desde una mirada a largo plazo,
con un modelo compartido por todos sus actores.
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