PRISIÓN DE GUANTÁNAMO: 22 AÑOS DE HORROR, TORTURA E
IMPUNIDAD ESTADOUNIDENSE
POR ARAM AHARONIAN
Este
año se cumplen 22 años de la creación de la infame prisión de Guantánamo en el
territorio ocupado ilegalmente por Estados Unidos en Cuba. En 2002 el
exmandatario George W. Bush abrió la cárcel, y hace trece años el expresidente
Barack Obama firmó una orden para su desmantelamiento, pero el campo de
concentración sigue activado.
A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió abrir un centro de detención en la Base Naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. El gobierno de Estados Unidos consideró que mantener a los detenidos fuera del territorio estadounidense privaría a las cortes federales de jurisdicción respecto de las denuncias de los detenidos. Siete años después esta premisa fue declarada inconstitucional.
El
expresidente Barack Obama dijo que Guantánamo «es una instalación que nunca
debió haberse abierto [y] que se ha transformado en todo el mundo en un símbolo
de un Estados Unidos que menosprecia el estado de derecho», pero no la cerró.
El hecho de que un Estado se enfrente al terrorismo no debe dar a lugar a que
se restrinja la protección de la integridad física de la persona.
Lejos
de ser un símbolo de la democracia, la Casa Blanca se ha convertido en el
emblema de la violación a los derechos humanos. 22 años después, un grupo de
activistas sigue denunciando la existencia y operaciones de la infame prisión
de Guantánamo, un territorio ilegalmente ocupado por EEUU en Cuba, pero que
sirve como un centro de torturas y horror.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Gobierno de
Estados Unidos autorizó el uso de «técnicas de interrogatorio reforzadas», las
cuales incluían confinamiento estrecho, la técnica de pared, posiciones de
estrés, privación del sueño, «submarino», privación sensorial, golpizas
brutales, descargas eléctricas, hipotermia inducida, submarino seco, entre otros
tipos de tortura.
Dos
meses después de la apertura de las instalaciones en Guantánamo, la CIDH fue la
primera instancia internacional en llamar a Estados Unidos a tomar medidas
urgentes para respetar los derechos fundamentales de los detenidos y fue el primer
órgano cuasi-jurisdiccional en pedir el cierre de Guantánamo.
La
alimentación forzada se ha utilizado en las huelgas de hambre iniciadas por los
prisioneros como protesta. Un juez estadounidense describió la alimentación
forzada como un «proceso doloroso, humillante y degradante». Adnan Farhan Abdul
Latif, quien describió la alimentación forzada como «que te metan una daga por
la garganta», se suicidó en Guantánamo en 2012.
Desde
2002, más de 779 personas han pasado por estas instalaciones. Bajo la justificación
de la supuesta «Guerra contra el Terror» y posteriormente, so pretexto de la
Seguridad Nacional, el gobierno estadounidense ejerce la muerte, tortura y el
terrorismo de estado. Una escena que los medios corporativos prefieren callar.
Treinta varones musulmanes entrados en años, dañados física y psicológicamente,
continúan retenidos en esta prisión-campo de concentración.
El
93% de los detenidos no fueron detenidos por EEUU, sino vendidos o entregados a
cambio de una recompensa en metálico. Veintidós niños y adolescentes fueron
detenidos: Omar Khadr, de 15 años se le negó atención médica, se lo mantuvo en
una celda con perros feroces, se lo amenazó con abuso sexual y su cabeza estuvo
cubierta con una bolsa de plástico.
La enmienda Platt
Un
año antes de la declaración de independencia cubana, el congreso de Estados
Unidos votó la Ley de los Presupuestos del Ejército de los Estados Unidos.
Dicha legislación tenía un añadido, la Enmienda Platt. Este texto, ideado por
el senador Orville H. Platt, fue agregado también en la Constitución de Cuba,
escrita en 1901, y le otorgaba a EEUU el derecho de intervenir militarmente en
Cuba siempre que lo creyera adecuado, lo que significaba mayor influencia en el
día a día político de la isla.
Estados
Unidos hizo foco en un pedazo de tierra particular: la bahía de Guantánamo, a
945 kilómetros de La Habana, casi en el extremo sudeste de la isla, y firmó un
contrato de alquiler por el territorio de 117 kilómetros cuadrados, entre
tierra firme, mar y pantanos, convirtiéndolo en una extensión de su territorio
donde construyeron una base naval y la rodearon con todo tipo de comercios.
A
lo largo de su historia, allí hubo locales McDonald’s, KFC, Starbucks, Pizza
Hut y Taco Bell en Guantánamo. La presencia estadounidense adquirió mayor
contraste a partir del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la revolución cubana.
Desde 1903, EEUU pagó a Cuba una suma aproximada a los 2 (dos) mil dólares
anuales por el arrendamiento de Guantánamo.
En
1973, tras una suerte de revalúo interno, un ajuste del que no participaron
autoridades cubanas, el valor del arrendamiento fue actualizado a 4.085 dólares
por año. En 1959, tras la revolución, Fidel Castro dejó de cobrar los cheques a
modo de protesta hacia la ocupación ilegal de la bahía.
Los
sucesivos gobiernos estadounidenses -tanto republicanos como demócratas-,
desoyeron las quejas internacionales, principalmente relacionadas con Derechos
Humanos, en las que se señalaba que la cárcel de Guantánamo funcionaba como «un
agujero negro legal».
El
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, demandó a Washington el cierre de la Base
Naval estadounidense en Guantánamo y la devolución de ese territorio ocupado de
forma ilegal a la isla. Asimismo, denunció la permanencia de 30 prisioneros en
esa cárcel, detenidos de forma arbitraria, sin juicio o debido proceso,
víctimas de torturas y tratos denigrantes que violan los Derechos Humanos.
La base
La
base naval de Guantánamo abarca un área de 117,6 kilómetros cuadrados del
territorio nacional de Cuba, usurpado desde 1903 en contra de la voluntad de su
pueblo. El enclave militar comenzó sus operaciones en diciembre de 1903 como
escenario de entrenamiento y preparación de la flota norteamericana.
Año
tras año el gobierno cubano reitera el rechazo a la presencia militar
estadounidense en Cuba y demanda que se devuelva el territorio ilegalmente
ocupado en la provincia de Guantánamo. Una evaluación de Naciones Unidas
realizada a la cárcel militar en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo,
Cuba, determinó en junio pasado que es prioritario su cierre debido a las
injusticias cometidas allí.
La
relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha
contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, conoció a algunos de los prisioneros
gracias a una visita realizada al sitio, y constató que todos ellos viven con
daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de tortura y detención
arbitraria.
Explicó
en un comunicado que «para muchos, la línea divisoria entre el pasado y el
presente es sumamente delgada y las experiencias pasadas de tortura viven en el
presente, sin un final evidente a la vista». La relatora especial llamó el
gobierno estadounidense a garantizar la rendición de cuentas por todas las
violaciones del derecho internacional. «Ha llegado el momento de deshacer los
legados de excepción y discriminación perpetuados por la existencia continua de
Guantánamo», puntualizó.
Pero
¿qué se puede esperar de un gobierno y una administración que financia y apoya
abiertamente el genocidio y un nuevo intervencionismo bélico? Esta vez en
Yemen, uno de los países más pobres de la tierra. En este sentido, Guantánamo,
la tortura, sus abusos y terrible historial, se convierten en solo una de las
aristas de cómo Estados Unidos pretende ignorar la existencia de los DDHH y el
derecho internacional.
La
base naval estadounidense de Guantánamo tiene un aire de película. La entrada
en ella desde el aeropuerto, en un ferry que atraviesa la bahía cristalina en
un paisaje de postal. La zona residencial, con su campo de béisbol, su
McDonald’s, el pub irlandés y cines al aire libre, podría ser una versión
tropical de la pequeña ciudad provinciana de Regreso al Futuro.
Pero
las barreras que impiden el paso, los puestos de control y las constantes
patrullas de la policía militar recuerdan que detrás de las vallas, se esconde
la cruel realidad. Oculto de la vista, separado físicamente del resto de la base
y relegado en las noticias, el penal de Guantánamo, sinónimo de algunos de los
peores abusos de EE UU en su llamada guerra contra el terrorismo, sigue
abierto.
Hasta
779 varones musulmanes llegaron a ser capturados y trasladados en secreto,
encapuchados y esposados, a esta cárcel. El entonces presidente George W. Bush
ordenó crearla como reacción a los atentados del 11 de septiembre en 2001, para
alojar a terroristas «combatientes enemigos» sin la obligación de ofrecerles
las garantías a las que tendrían derecho como prisioneros en suelo
estadounidense.
La
inmensa mayoría de los internos no tenía nada que ver con aquellos ataques, la
red Al Qaeda o el terrorismo islámico. Muchos fueron vendidos por un puñado de
dólares a la CIA. Cada uno, apunta la relatora especial de la ONU para los
derechos humanos y el contraterrorismo Fionnuala Ní Aolaín, en su informe
publicado en junio último, «vivió o vive sus propias experiencias indelebles de
trauma psicológico y físico tras soportar profundos abusos de sus derechos
humanos».
El «terrorismo» islámico
Ha
desaparecido el miedo a un súbito ataque del terrorismo islámico sobre esta
esquina de Cuba. Acaban de eliminarse las patrullas navieras de soldados
armados con rifles de asalto que recorrían sus aguas y que eran una de sus
imágenes más características. En esta base, donde residen cerca de 6.000
personas ―soldados y civiles―, 800 desempeñan trabajos relacionados con la
cárcel. La mitad que hace tres años, pero la cifra que arroja una proporción de
casi 27 por cada preso.
Guantánamo
tiene para Estados Unidos un costo de 13 millones de dólares (11,8 millones de
euros) por preso, sin dudas la más cara del mundo. Allí no está permitido tomar
imágenes de las caras de ningún militar, ni de ningún tipo de infraestructura. Muchos
soldados no quieren que se sepa que prestan servicio allí: los avergüenza.
«Puede
que el nombre de Guantánamo quede siempre como sinónimo del uso sistemático de
las capturas ilegales (rendiciones), tortura y detención arbitraria», declaraba
Ní Aolaín en una rueda de prensa en Nueva York.
El
Campo Rayos X es un recordatorio permanente de todo lo que pasó. En el noroeste
de la base, fue la primera prisión que se construyó. Se levantó a toda prisa.
El resultado: jaulas de apenas dos por dos metros, a cielo abierto, bajo el
inclemente sol del Caribe. En cada una, dos cubos. Uno con agua, otro para las
heces. Y nada más en ellas. Se utilizó durante cuatro meses, antes de trasladar
a los prisioneros a estructuras más permanentes.
Hoy
es un campo abandonado, que los medios de comunicación solo pueden ver de
lejos. Unas espesas alambradas de espino demarcan aún las distintas zonas. Las
techumbres de las torretas de vigilancia, de las celdas y salas de
interrogatorio – «cajas de madera» las describe Mark Fallon, antiguo
investigador sobre Al Qaeda en la era más brutal y que denunció en su día las
torturas ante las autoridades.
El
resultado fue un uso y abuso generalizado de la tortura, la simulación de
ahogamientos (submarinos), golpizas al por mayor, privación extrema de sueño,
violaciones anales.
Mark
Fallon, entonces jefe de una unidad de investigación en Guantánamo, confirmaba
en un reciente testimonio judicial, la existencia de una cultura del maltrato
que se había generalizado para el verano de 2002 entre una unidad de la
inteligencia militar.
Denunciaba
los esfuerzos para inducir un sentimiento de extrema desorientación, uso de
perros para intimidar, posiciones dolorosas forzadas. La interrupción del sueño
era «rutina dentro del campo», declaraba este testigo ante el tribunal militar
en una audiencia preliminar -también en una zona acotada y aislada del resto de
la base, el Campo Justicia- sobre el caso de Abdelrahman al Nashiri, sospechoso
de perpetrar el atentado contra el destructor USS Cole en el año 2000, con un
saldo de 17 muertos y 40 heridos, en aguas cercanas a Yemen, país al que ahora
bombardea Estados Unidos.
«La
cárcel de Guantánamo sigue abierta no por lo que esta gente nos ha hecho a
nosotros. Sigue abierta por lo que nosotros les hemos hecho a ellos», declaró
Fallon. «El Gobierno sigue intentando esconder, cubrir con rotulador negro y
clasificar cualquier cosa que lleve a la rendición de cuentas por parte de
aquellos implicados en el programa de torturas, así como los que lo
defendieron».
Las
denuncias sobre lo que ocurría en esas celdas llevaron al entonces candidato
presidencial Barack Obama a anunciar que cerrar la cárcel sería su primera
medida en la Casa Blanca. No lo logró nunca. Su sucesor, Donald Trump, prometió
en cambio llenarla de «mala gente» … y tampoco lo concretó.
El
actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, se comprometió a clausurarla. De
momento, solo ha podido excarcelar a diez reos. El último de ellos es Said bin
Brahim bin Umran Bakush, trasladado a Argelia en abril de 2023. Los 30
restantes continúan en distintas modalidades de limbo jurídico.
779 presos, pero apenas dos condenas
Solo
dos de los 779 presos han sido condenados y cumplen su sentencia en la base en
suelo cubano. Junto a ellos, otros tres están catalogados como «combatientes
enemigos» y se les apoda «los prisioneros eternos»: no se les llevará a juicio
ni Estados Unidos les quiere liberar, aunque su estatus está sometido a
revisiones periódicas.
Otros
16 han recibido autorización para ser trasladados a un tercer país, pero no hay
muchos que quieran aceptarlos. Nueve están pendientes de unos juicios sobre sus
causas ―la bomba en el Cole, el 11-S, el atentado contra una
discoteca en Bali― pospuestos durante la pandemia, que se enredan en recurso
tras recurso y que nunca terminan de llegar.
Anthony
Natale, jefe del equipo de abogados que defienden a Al Nashiri, señala que «es
un sistema que se creó para no ofrecer ninguna de las garantías que tendría el
sistema judicial estadounidense, o incluso un tribunal militar. Y se hizo de
manera intencionada. Se decidió que las audiencias se celebraran en Guantánamo
porque creían que era un lugar fuera de las protecciones de la Constitución»,
explica.
«Casi
todo el material relevante está clasificado. Tratan de evitar que podamos
acceder a la información. Y tenemos que estar litigando constantemente por
cosas sobre las que no habría por qué si estuviéramos en un tribunal normal. Si
añadimos las distancias logísticas para cualquier trámite, tenemos la receta
perfecta para un sistema injusto», añadió.
Dos
décadas después de su llegada a Guantánamo, esos 30 presos son hoy personas
entradas en años, con problemas de salud físicos y mentales, causados tanto por
su edad como por los malos tratos y torturas padecidas. Estos reos muestran
signos de «envejecimiento acelerado, empeorado por los efectos acumulados de
sus experiencias y los años pasados bajo detención», según el alto funcionario
del Comité Internacional de la Cruz Roja, Patrick Hamilton, que visitó las
instalaciones en marzo.
Ní
Aolaín denuncia que «la arbitrariedad se filtra en toda la infraestructura de
detención de Guantánamo, haciendo a los detenidos vulnerables a los abusos de
derechos humanos y contribuyendo a condiciones, prácticas y circunstancias que
llevan a una detención arbitraria». Varios procedimientos, como el referirse a
ellos por número y no por nombre, o el uso «desproporcionado» del confinamiento
en solitario, «constituyen, como poco, un tratamiento cruel, inhumano y
degradante».
Es
difícil prever cómo pueda resolverse la situación dado que el gobierno de
Estados Unidos no quiere ir a ningún juicio, porque «quieren esconder la
tortura, y lo sistemática, lo omnipresente y lo horrible que fue. Hay cosas que
no puedo describírselas: están clasificadas», señala Di Natale.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en
Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la
Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE).
Publicado en meer.com
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