POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA, NO AL TARIFAZO
POR ESTANISLAO SANTOS
Como es sabido, el gobierno ha aprobado un nuevo sistema de tarificación por el cual se dividen en tres tramos las tarifas de energía eléctrica que tenemos la gran parte de los ciudadanos. De tal forma que el precio de la luz pasa a ser bastante más caro en las horas punta de consumo y más barato fundamentalmente por la noche y los fines de semana.
Con esta medida, el gobierno pretende, en principio, dos efectos al mismo tiempo. El primero de ellos es modificar la curva de consumo para aplanarla y que así la demanda en las horas punta sea menor, se tenga que emplear menos energía no renovable y baje el precio en el mercado mayorista a dichas horas. El segundo efecto es que ante el encarecimiento de la luz en las horas punta la gente tenga un aliciente para reducir su consumo eléctrico.
Sin embargo, todo
apunta a que el principal efecto que tenga este cambio de tarifa es que las
facturas de luz de los hogares se incrementen notablemente, porque el grueso de
los consumos diarios no son muy manejables. Un ejemplo claro es el consumo de
aire acondicionado en los meses de verano en el sur o el de la vitrocerámica
para hacer la comida. Efectivamente, en este análisis preliminar del cambio en
el patrón de consumo diario de electricidad en los primeros días laborables
(hasta el día 10) de Junio respecto a 2019 y 2020 (se estudian ambos años para
evitar la distorsión de la pandemia), se observa que este cambio ha sido
ridículo. En el tramo punta apenas ha bajado un 2-3%, mientras que en el llano
ha subido otro 2-3%. Es decir, se ha trasladado algo de consumo de las horas
punta a las horas llanas, pero en las horas valle no se aprecia un cambio
claro.
Se podrá argumentar
que aún es muy pronto para que se observe un cambio más notable, pero lo cierto
es que los bienes de consumo esenciales, como la luz, tienen un comportamiento
inelástico, es decir, que ante un cambio en los precios no se producen fuertes
cambios en la demanda. ¿Y por qué pasa esto? Pues precisamente porque son
bienes necesarios para sostener la vida, no se puede dejar de consumirlos. Y
por tanto, en mi opinión y la de otras muchas compañeras, esa es la razón por
la que estos bienes deben estar fuera de los vaivenes del mercado, al margen de
la especulación de la minoría peligrosa que en este caso representa el
oligopolio eléctrico. Pero al margen de creer o no en el mercado como elemento
regulador de los comportamientos sociales, lo cierto es que lo que consumen los
hogares supone en torno al 30% del consumo de electricidad (apenas el 7% del
consumo de energía final en España); así que actuando únicamente sobre ese 30%
es cuanto menos iluso esperar un cambio profundo en la curva de demanda
eléctrica diaria.
Pero ahondando en
el argumento que defiende el mercado como elemento regulador del consumo, la
realidad es que el mecanismo de mercado es muy perverso. En el fondo, lo que se
consigue es cargar la disminución del consumo eléctrico sobre los hogares más
precarios, aquellos para los que el hecho de que su factura se incremente un
20% significa no llegar a fin de mes. Significa cargar la disminución sobre
quienes ya de por sí pasan mucho frío en invierno y mucho calor en verano,
quienes no tienen para instalar placas fotovoltaicas, comprar electrodomésticos
eficientes o reformar sus casas para que tengan un buen aislamiento. Es muy
injusto cargar esta disminución sobre quienes más sufren hoy en día, porque a
quienes tienen recursos les importa relativamente poco ponerse una tarifa
plana, aunque les salga más caro, y vivir sin tener que mirar el reloj.
Es muy cierto que
hay que reducir urgente e imperiosamente el consumo energético, quizás hasta en
un 80%, pero hay que hacerlo con seriedad y proporción. El transporte supone el
43% del consumo de la energía final y la industria el 24%. Así que igual es más
prioritario buscar un cambio en el modelo de ciudad, de transporte de
mercancías, de producción, etc… que andar jodiendo la marrana a quienes ya de
por sí hacen malabares para sobrevivir. Al problema del cambio climático y del
agotamiento de los recursos no se puede responder aludiendo a la
responsabilidad individual, ya sea consciente o vía subida de precios, porque
el problema es estructural y sistémico. Para salir de esta crisis en la que
cada vez estamos más imbuidas, hay que atender a un cambio profundo del
conjunto de las relaciones sociales, entre ellas el modelo productivo y de
consumo.
La electricidad,
como bien común, tiene que dejar de estar de inmediato bajo el control de un
oligopolio que, además de contaminar y destruir el territorio, nos chupa la
sangre. El nuevo modelo debería ser uno que conjugue una empresa pública que
garantice en todo momento el suministro, especialmente dando solución al futuro
problema del almacenamiento, con toda una red de cooperativas comunitarias que
produzcan de manera distribuida, cerca de donde se consume, y sobre todo, bajo
propiedad de la comunidad. En lugar de destinar miles de millones a seguir
subvencionando a empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol, el gobierno
debería emplear los fondos Next Generation en un plan que permita la
autoproducción eléctrica en la mayoría de los hogares. Esta medida no sólo
ayudaría a alcanzar la soberanía energética y desconectarnos del mercado, sino
que además bajaría al territorio la movilización de la economía.
Debemos estar atentas a lo que suceda en las próximas semanas. Quién sabe, quizás la indignación popular ante el efecto de la subida de la luz pueda iniciar un ciclo de movilizaciones que, dirigidas hacia la reivindicación del modelo de la soberanía energética, nos permita dar un salto cualitativo en eso que llamamos tirar del freno de emergencia ante la crisis clim
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