ACTO PÚBLICO. 18 DE JULIO EN MADRID
CAMPAÑA #NIVALLENIALMUDENA,
Concentración de la Campaña #NiValleNiAlmudena
18 de Julio, 20 horas.
La Campaña
#NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos
memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales,
feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc… ha
convocado un acto público -coincidiendo con el 83 aniversario del golpe militar
contra el régimen democrático y legal de la 2ª República- el próximo 18 de
Julio desde las 20:00 horas, en la Puerta del Sol de Madrid. En dicho acto
vamos a exigir la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la
dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de
Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda
convertirse en lugar de homenaje y exaltación.
Cada día que Franco
pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la
democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación
de los restos mortales del dictador es un acto de Justicia, y una medida de
reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un
requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos,
como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han
solicitado a España dicha exhumación.
Como ya defendimos
a las puertas del Tribunal Supremo el pasado 4 de junio, creemos que el alto
Tribunal hubiera debido rechazar en su auto la medida cautelar solicitada por
la familia Franco, de suspensión de la exhumación y traslado programados por el
Gobierno, puesto que el objetivo de los diversos recursos presentados por la
familia del dictador y por la Fundación que lleva su nombre, es dilatar el
proceso. Esto debería haber sido, por sí mismo, causa de inadmisión de la
petición.
Pero el Tribunal
Supremo ha ido más lejos argumentando que se aprueba la medida cautelar porque
la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y
que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que supone un cinismo
insultante. Resulta un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés
familiar del dictador, frente al desentendimiento del Estado de tantas víctimas
del franquismo que todavía esperan justicia y reparación.
La adopción de
medidas cautelares en un proceso judicial no supone ni puede suponer, en ningún
caso, prejuzgar el fondo del asunto, como ha pasado en este auto. En
conclusión, nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según
criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados
integrantes del tribunal.
También ha generado
polémica la frase del auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado
desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita
calificarlo como dictador, es decir, cabeza de un aparato estatal de facto,
surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la
Comunidad Internacional de su época. Resulta inaceptable la equiparación que el
Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y
validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a
los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen democrático
republicano.
El Decreto-Ley
sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso
de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por
tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en
España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y
abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y
privados llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve
finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy
una prueba de fuego de la calidad de la democracia española.
Las pretensiones de
la familia del traslado de los restos a la Almudena, son asimismo inaceptables.
El enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real
y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación
del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de
víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad.
Si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro
de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del
franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar
de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente
negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los
vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.
Antes de su
retirada, el Nuncio del Vaticano en Madrid se ha manifestado públicamente
contra la exhumación de Franco, y ha proclamado como prioritarios los derechos
y la voluntad de la familia. Sus afirmaciones constituyen una injerencia
inaceptable en la soberanía popular representada en las Cortes, y muestran que
la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del
franquismo. La única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad
española esperan de la Iglesia es una petición pública de perdón, por su
participación activa en la represión desatada por los golpistas y su
colaboración con la dictadura. El papel de la Iglesia, unido a la labor
obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso,
demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado
español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus
legal del Valle.
Las organizaciones
que respaldamos la Campaña #NiValleNiAlmudena estamos comprometidas a continuar
las acciones de concienciación y las movilizaciones, hasta conseguir la salida
de los restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros y su inhumación definitiva
en un lugar donde no pueda ser objeto de homenajes y actos de exaltación de su
figura, ni de la dictadura que encabezó.
En caso de que el
TS paralice la exhumación, estimando el recurso de la familia contra el
Decreto-Ley convalidado por el Congreso en 2018, asumimos el compromiso de
seguir trabajando para que el nuevo Gobierno y el Parlamento adopten
inmediatamente las medias políticas y legales que permitan retomar el proceso
de salida definitiva e irreversible de Franco de Cuelgamuros, con todas las garantías
jurídicas.
#NiValleNiAlmudena #18JYoCondeno
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